COINCIDE CON LA CONFESIÓN QUE LE INCRIMINA

Las fotos del abogado de Puigdemont con los narcos de Sito Miñanco en un VIPS

Un informe policial detalla la reunión de 2017 entre Gonzalo Boye, la hija del narcotraficante, su lugarteniente y otros investigados, entre ellos, el que incrimina al abogado de Puigdemont

Foto: Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, durante el encuentro con los miembros de la  organización de Sito Miñanco.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, durante el encuentro con los miembros de la organización de Sito Miñanco.

La confesión del investigado que acusa a Gonzalo Boye de blanquear dinero para Sito Miñanco encaja con los seguimientos policiales a la banda. El Confidencial ha tenido acceso a un informe de los investigadores donde se incluyen fotografías del encuentro del 28 de junio de 2017 en un VIPS de Madrid entre el abogado de Puigdemont y miembros de la organización: la hija de Miñanco, su lugarteniente, Luis Enrique García Arango, el sujeto que ahora le incrimina y otros investigados. Según la declaración del arrepentido, ese día discutieron posibles maniobras para blanquear 889.470 euros, dinero que la Policía Nacional había incautado a la banda meses antes en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

Luis Enrique García Arango.
Luis Enrique García Arango.

Boye acudió el miércoles a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por su presunta participación en el blanqueo de este dinero de Miñanco, cliente suyo hasta hace una semana. La pista que llevó a la Policía Nacional a registrar la vivienda y el despacho del abogado el pasado lunes es precisamente la mencionada confesión de uno de los miembros de la organización: el 24 de julio, tras 17 meses en prisión provisional, pidió declarar de forma voluntaria y situó al letrado en al menos dos maniobras para fabricar pruebas con las que maquillar el origen de los 889.470 euros. El acusado en cuestión tenía encomendado el traslado del dinero a Colombia y, según aseguró, tras el incidente de Barajas, la organización le ordenó que se pusiera en contacto con Boye para recuperarlo.

La instrucción supuestamente partió de Luis Enrique García Arango, al que se fotografió en el VIPS, y el primer encuentro con Boye se habría producido días después de la incautación en el despacho que tenía otro abogado en Madrid. Según el arrepentido, este último ofreció unos pagarés antiguos que podían servir para falsificar el origen de los 889.470 euros, detalles que supuestamente se perfilaron en el propio despacho de Boye en una segunda reunión: “Gonzalo nos dice que tiene la manera de justificar esos pagarés para recuperar el dinero y él se inventa los contratos de los préstamos”, se escucha en el audio de la declaración del 24 de julio, al que ha tenido acceso El Confidencial. “Gonzalo dice que va a hacer los contratos y que, cuando los tenga, Manuel [otro investigado] tiene que ir a firmarlos para presentarlos a Hacienda”.

Llegada de Isabel Prado.
Llegada de Isabel Prado.

Pero esta primera maniobra fracasó, por lo que la banda se habría reunido de nuevo con Boye. La cita es la que se menciona en el informe policial al que ha tenido acceso este diario: "El 28 de junio, se detecta una reunión entre [...] Luis Enrique García Arango [...], Isabel Prado Pouso, hija de JRPB [Sito Miñanco], y el abogado Gonzalo Boye Tuset en el restaurante VIPS sito en la calle Orense número 79 de Madrid". "Sobre las 13 horas se observa cómo salen del citado establecimiento los investigados [...], acompañados de Gonzalo Boye e Isabel Prado Pouso". Los policías que vigilaban sus movimientos apuntan que todos ellos entraron entonces en un segundo edificio de la calle Orense, donde permanecieron en torno a media hora antes de volver a salir. "Pasados unos minutos, se despiden y Gonzalo continúa solo, marchándose del lugar en taxi".

En el informe, no se concreta qué ocurrió en esos 30 minutos, pero en su declaración ante la Audiencia Nacional, el arrepentido aseguró que ese mismo día también se reunieron con el abogado que había facilitado los pagarés para exigirle explicaciones. El investigado afirmó que primero se produjo la cita y después fueron al restaurante, pero situó el despacho del mencionado letrado en la calle Orense, lo que encaja con la vigilancia policial.

Respecto a la conversación que mantuvieron con Boye en la cita, explicó a la jueza que este planteó una alternativa para blanquear el dinero: simular unos contratos con un segundo empresario. Los investigadores ya han acreditado que, efectivamente, un día después del encuentro en el VIPS, el 29 de junio de 2017, Boye acudió a un notario con un administrador de varias sociedades “para efectuar un acta de manifestaciones para resolver el tema de los pagarés que ya habían sido utilizados”. Es decir, que tras la primera reclamación a Hacienda, se produjo otro intento con nuevos documentos igualmente ficticios.

Tanto el informe policial como la confesión del arrepentido refutan por tanto la versión de Boye, que pese a reconocer los intentos de recuperar el dinero incautado, niega participación alguna en el supuesto blanqueo. Así se refleja en un escrito que presentó el 30 de julio ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso El Confidencial: "Venimos a efectuar algunas precisiones, en relación a la declaración prestada el día 24 de julio de 2019 [...] en la que se realizan imputaciones contra dos de mis defendidos, Jose Ramón Prado Bugallo [Sito Miñanco] y Luis Enrique García Arango, e incluso contra el letrado que suscribe", explica en el mismo. Sobre la reunión en el VIPS, asegura que "se contradice con el acta de vigilancia de la fuerza atenuante", tras lo que intenta echar por tierra la declaración que le incrimina: "Sin pretender dar validez al atestado, lo que esta parte evidencia es la absoluta falta de coincidencia, respecto a los partícipes de dicha reunión".

Tras declarar este miércoles como investigado ante la Audiencia Nacional, Boye quedó en libertad y sin medidas cautelares. A su salida del juzgado, también dijo a los medios que "quiere entender" que la investigación no tiene nada que ver con Carles Puigdemont e insistió en su inocencia: "La jueza deja muy claro que ella no considera que haya ninguna razón para limitar mi ejercicio profesional y mis movimientos". "La verdad es que a lo que hemos venido es a clarificar una situación que desde nuestro punto de vista estaba bastante clara. Se han ratificado las manifestaciones que yo ya había dispuesto sobre los hechos. Yo no tengo nada que ver con el blanqueo de capitales".

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