La complicidad del Gobierno de Suiza con Tsunami abre una vía para no amnistiar a Puigdemont

La aparente colaboración del Gobierno de Suiza con los cabecillas de Tsunami Democràtic abre una vía para dejar fuera de la amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a los otros 10 investigados en la causa sobre la plataforma clandestina que lideró las protestas contra la sentencia del 1-O. Como desveló este martes El Confidencial, un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado helvético se comunicó en secreto durante meses con los líderes independentistas para ofrecerles apoyo en su ofensiva contra España.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga Tsunami como posible terrorismo. La ley de amnistía permite a Puigdemont librarse de unas diligencias por ese tipo de delitos, pero los contactos con Suiza descubiertos ahora introducen la causa en un escenario expresamente excluido por la proposición de ley registrada en el Congreso por el PSOE. Según el texto, "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional" se quedan fuera del perdón a los líderes del procés.

Al menos una de esas conductas encaja en la nueva línea de investigación sobre la complicidad de Suiza. En concreto, el artículo 592 del Código Penal establece que "serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".

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No sería la primera vez que en una causa vinculada con el procés se investiga ese delito. En 2017, cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona abrió diligencias contra varias personas por "construir estructuras de Estado" y llevar a cabo "actuaciones con la finalidad de preparar a Cataluña para la independencia", apuntó de forma directa al mismo "artículo 592 del Código Penal".

El papel de Suiza

Mensajes intervenidos en la investigación sobre Tsunami revelan que, al menos entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019, los cabecillas de las movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo se comunicaron en secreto con Roland Salvisberg, un diplomático que en esa época ocupaba el cargo de delegado de Políticas de Paz del Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno Suizo. En los últimos años, ha actuado como representante del mismo Ministerio en las conversaciones celebradas en Suiza entre Serbia y Kosovo.

Del sumario de Tsunami se desprende que Salvisberg compartió un chat con Rovira, la exdirigente de la CUP Anna Gabriel y la mano derecha de Puigdemont, Josep Lluís Alay. El grupo fue bautizado como el nombre de "G4" y las conversaciones se produjeron a través de la aplicación de mensajería instantánea de alta seguridad Threema, desarrollada precisamente en Suiza.

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"Me enteré de la visita del presidente P [Puigdemont] a Ginebra. La buena noticia es que todavía no tenemos luz roja para continuar nuestro intercambio en el mismo formato que la última vez", contó Salvisberg en este grupo el 18 de diciembre de 2018, reconociendo implícitamente la existencia de un encuentro previo en el que habían participado los cuatro miembros del chat.

En ese mismo mensaje, el alto cargo explicó que estaba pendiente de tener una reunión "con el secretario de Estado a cargo (Mr. Balzaretti)" para informarle de las conversaciones que habían mantenido en el grupo. El secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo que estaba al frente del Departamento de Asuntos Europeos en aquel momento se llamaba justamente Roberto Balzaretti. En la actualidad, es el embajador de Suiza en Francia.

Fuentes próximas a las diligencias apuntan que los líderes independentistas y Salvisberg intercambiaron otros mensajes similares durante aquellos meses. En la época en la que se produjeron esas conversaciones, tanto Rovira como Gabriel habían fijado ya su residencia en Suiza tras huir de la Justicia española, mientras que Alay y Puigdemont estaban utilizando Ginebra como uno de los principales nodos de su estrategia para la internacionalización del procés.

El Gobierno suizo ha negado este miércoles, a través de la agencia EFE, haber proporcionado en secreto ayuda a Puigdemont o a personas vinculadas al movimiento Tsunami Democràtic. "Suiza desmiente haber ayudado secretamente al señor Puigdemont o a cualquier otra persona en una 'ofensiva contra España', de acuerdo a la expresión utilizada", ha asegurado el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Asimismo, ha manifestado que "la cuestión de la independencia de Cataluña es un asunto de política interior de España y debe ser tratada en el marco del orden constitucional español".

El juez pide información a Suiza

García-Castellón ya apuntó a la importancia de Suiza para los independentistas el pasado 6 de noviembre, cuando imputó a Puigdemont: "Se trata de una de las personas de las que está acreditado indiciariamente (...) que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic". En el mismo auto, el magistrado también acordaba citar como testigo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para aclarar uno de los mensajes que envió a Alay en septiembre de 2018. "Yo creo que el esfuerzo que podemos hacer en Suiza puede dar resultados a medio plazo", decía en el mismo.

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Este mismo mes, el magistrado ha librado, además, una comisión rogatoria en la que pide a Suiza que localice a Rovira y le remita información sobre una cuenta bancaria que pudieron utilizar para financiar Tsunami. Como avanzó El Confidencial, un banquero de origen italiano afincado en este país, Nicola Foglia, presuntamente inyectó dinero en la plataforma para contribuir económicamente al asalto al aeropuerto de El Prat. García-Castellón ya tramitó una comisión rogatoria similar en 2019, pero Suiza se negó a colaborar al entender que la causa tenía "un carácter político preponderante".