El juez investiga el patrimonio de Josep Lluís Alay y sus viajes al extranjero

Al jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, se le amontonan los problemas. El magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha pedido un informe patrimonial del alto cargo de la Generalitat para determinar si se enriqueció ilegalmente mientras fue responsable de relaciones internacionales de la Diputación de Barcelona. Alay ya está en el ojo del huracán por sus viajes a Moscú desde 2018 con el objetivo de entrevistarse con espías rusos y con personajes influyentes de la órbita del Kremlin, así como con periodistas influyentes en aquel país.

En un auto que lleva fecha del pasado 13 de abril, el juez Aguirre alude a que “la Guardia Civil ha detectado un incremento dinerario de la cuenta corriente de Castells de 300.000 euros achacables al periodo que estuvo al frente de la Oficina de Cooperación Internacional, así como la compra de varios inmuebles al contado e ingresos en efectivo en su cuenta bancaria por importes incompatibles con su sueldo”. El personaje al que se alude es Jordi Castells, antecesor de Alay y responsable de relaciones internacionales de la Diputación entre 2011 y 2015. Cesó en su cargo cuando comenzaron a filtrarse denuncias de su proceder poco convencional, siendo nombrado entonces subdirector general de Cooperación Local, cargo en el que continúa.

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El escrito judicial señala que “dado que al investigado Jordi Castells le sucedió en el cargo Josep Lluís Alay, bajo cuyo mandato se finalizaron diversos expedientes que son objeto de instrucción en las diligencias previas 111/16, procede encomendar a la Guardia Civil que realice una investigación patrimonial al señor Alay, a fin de determinar si se enriqueció ilícitamente, como al parecer hizo de forma muy notoria su antecesor, con la aprobación y finalización de los expedientes que la Ofician de Cooperación al Desarrollo acabó bajo su mandato”.

El juez reclama también que se informe de los viajes al extranjero que Alay había realizado mientras fue alto cargo de la Diputación, cuántos desplazamientos efectuó, a dónde fueron y quién pagó esos desplazamientos, si los hubo. La petición se produce apenas una semana después de que la Guardia Civil descubriese el enorme patrimonio amasado por Jordi Castells y pidiese permiso para efectuar más indagaciones.

Herencia envenenada

A Castells le sucedió Alay, que estuvo en el cargo hasta que en 2018 fue nombrado coordinador de las políticas internacionales de la Presidencia de la Generalitat, entonces en manos de Quim Torra. Un mes más tarde, fue cesado y nombrado jefe de la Oficina de Puigdemont, un puesto que lleva aparejado un salario anual de 108.760 euros. Pese a esa elevada retribución, la Justicia indagará ahora en la evolución de su patrimonio en los años previos a su llegada a la Generalitat.

El auto del juez trata de aclarar qué pasó en el negociado de internacional de la Diputación, donde varios funcionarios declararon haber recibido presiones y amenazas de sus jefes durante años para que aprobasen bochornosos expedientes de subvenciones que beneficiaban a determinadas empresas o plataformas. En el momento de su marcha, Castells dejaba en marcha muchos expedientes abiertos que, en teoría, tuvieron que ser gestionados por su sucesor; es decir, por Alay. Según el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, Alay fue contratado el 21 de septiembre de 2015 como “asesor técnico”, con la máxima categoría retributiva, aunque su cometido era reemplazar a Castells.

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Para Alay, no obstante, la petición no tiene gran fundamento. “La cloaca vuelve. El juez Aguirre se despierta después de meses y descarga de nuevo su persecución contra mí. Nunca he sido jefe de cooperación de nada. Estado podrido”, se quejó el alto cargo del Govern ante la petición judicial. Según algunas fuentes consultadas, también Alay pudo haber realizado viajes a Asia durante su etapa de alto cargo de la Diputación.

El auto judicial reclama a la secretaria general de la Diputación que describa los desplazamientos realizados por Jordi Castells, así como los mecanismos que la corporación provincial aplica para instruir, aprobar y pagar los expedientes de subvenciones a entidades que colaboran en cooperación con proyectos en el tercer mundo. Esos detalles permitirán determinar al grado de responsabilidad que tienen los investigados en los hechos que se investigan.