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El veterano juez-ingeniero al que teme el independentismo, al frente de la operación

El titular del Juzgado 13 de Barcelona, encargado de la causa sobre las revelaciones de Santi Vidal, ha autorizado 14 detenciones y una decena de registros

Foto: Operación de la Guardia Civil en Cataluña. (Reuters)
Operación de la Guardia Civil en Cataluña. (Reuters)

El magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, se encuentra al cargo de la operación contra responsables de las 'consellerías' de Economía, Hacienda y Exteriores desplegada este miércoles por organizar el 1 de octubre. El magistrado, que también es ingeniero, ha ordenado una decena de entradas y registros y la detención de 12 personas, entre ellas el número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové.

El veterano juez, de 70 años, está en el punto de mira de los independentistas desde que asumió la causa por las revelaciones del exmagistrado y exsenador Santiago Vidal. Hace unos meses, envió a la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña (TNC) para recabar información sobre quién había pagado sus instalaciones para realizar un gran acto de presentación de la ley del referéndum. Según informan fuentes fiscales, este miércoles, Ramírez ha actuado de oficio sin que haya mediado una solicitud previa del ministerio público. Los fiscales han recibido notificación de los autos acordando las entradas, registros, incautaciones de material y detenciones, y no se han opuesto a su práctica, concretan.

Todo comenzó el pasado mes de febrero, cuando Ramírez admitió una querella de VOX contra Santi Vidal, que difundió en distintas charlas que tenía todos los datos fiscales de los catalanes, obtenidos de manera ilegal. La querella fue ampliada al presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

Condecorado por los Mossos d’Esquadra, el juez-ingeniero fue promovido a la categoría de magistrado el 17 de mayo de 1994, cuando oficiaba como juez de primera instancia e instrucción número 3 de Sant Boi, inmediatamente antes de ser destinado al juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Terrassa. A finales de los noventa, era miembro de la Junta Electoral de la zona de Barcelona. En 1997, fue trasladado a Badalona, y el 24 de octubre de 2000 se le nombró decano de los juzgados de Badalona, donde ejercía como titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5, para pasar luego al número 4 y trasladarse, en el año 2003, al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. El pasado 17 de mayo, el Consejo General del Poder Judicial aprobó alargar su permanencia en activo hasta la edad de 72 años, que el propio magistrado había solicitado. A los independentistas, pues, les esperan aún dos años de padecimiento con él al frente del juzgado.

Pero su carrera no ha estado exenta de polémicas. El 4 de octubre de 2004, unos desconocidos arrojaron varios cócteles molotov contra la comisaría de Sants, en Barcelona. Tres jóvenes fueron detenidos por ello. Dos de ellos ingresaron en prisión por orden del magistrado, que adujo precariedad laboral y desarraigo social, ya que no tenían “ni contrato de trabajo ni domicilio fijo", por lo que había riesgo de fuga o de dificultar la investigación. Un detallado informe de los movimientos alternativos de Barcelona acusaba a la Brigada de Información del CNP de presionar al juez. Los detenidos fueron luego absueltos e indemnizados por el tiempo pasado en prisión.

Más recientemente, el 28 de mayo de 2015, Sergi Rubio, un ‘casteller’ de Sants, se sumó a una cacerolada en protesta por el intento del Ayuntamiento de Barcelona de derribar Can Vies, un centro okupado de aquel barrio. Rubio, auxiliar de enfermería, había fundado la Peña Barcelonista de los Castellers de Barcelona y aquella era la primera manifestación de Can Vies a la que asistía (en realidad, había participado en manifestaciones contra los recortes en sanidad y educación los años anteriores). Le acusaron de quemar un contenedor, acusación que se cambió posteriormente por otra que decía que había empujado un contenedor contra otro que ya se quemaba. Lo cierto es que el juez Ramírez decretó su ingreso en prisión sin fianza. Fue el único de los 84 detenidos que pisó la cárcel. Sergi estuvo entre rejas 23 días, hasta que tuvo que salir en libertad porque no había pruebas.

En verano de ese mismo año, el magistrado abrió diligencias contra el entonces director general de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle, por un presunto delito de omisión de perseguir delitos, ya que consideraba que al final de la Copa del Rey del 30 de mayo los silbidos al himno nacional podían considerarse injurias al Rey y ultraje a los símbolos de España. Los había denunciado una asociación que también pidió la imputación del ‘president’ Artur Mas. Ramírez envió la petición relacionada con este último al TSJC, que no abrió diligencias.

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