Europa vincula al independentismo catalán con espías rusos y "figuras del crimen organizado"

Soplan malos vientos en Europa para el independentismo. Dos recientes informes oficiales vinculan al separatismo catalán con el terrorismo y con el espionaje ruso para desestabilizar a la Unión Europea. Incluso salen a relucir sus vinculaciones con el crimen organizado. En definitiva, Europa comienza a marcar distancias con el soberanismo y sus métodos. Uno de los trabajos elaborados por los responsables comunitarios se titula Hybrid Threats. A comprenhensive Resilience Ecosystem (Amenazas híbridas: un ecosistema integral de resiliencia) y fue elaborado en marzo de 2023 por Rainer Jungwirth, Hanna Smith, Étienne Willkomm, Jukka Savolainen, Marina Alonso Villota, Máximo Lebrun, Aleski Aho y Georgios Giannopoulos.

En este estudio se dice sin tapujos que en 2017 "los separatistas catalanes pretendían crear sus propias estructuras, separados de sus equivalentes españoles, en los sectores de banca, telecomunicaciones y energía, buscando apoyo y financiación externa, utilizando constantemente diferentes plataformas para difundir campañas de desinformación y propaganda".

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El relato no tiene desperdicio. "La disputa catalana fue instrumentalizada por Rusia en un intento de socavar y dañar la integridad y funcionalidad de la democracia, crear efectos en cascada en otros Estados miembros e incluir en los procesos de toma de decisiones. Los exlíderes del movimiento independentista catalán estaban vinculados con agentes de inteligencia rusos y figuras del crimen organizado. Los informes de la Policía y de la inteligencia europea citados llegan incluso a establecer vínculos entre los intentos de desestabilización en Cataluña con esas conexiones".

En el móvil del propio jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, se encontraron citas, comentarios, fotos y un interés desmesurado por algunos líderes mafiosos, como el máximo zar de la mafia rusa, Zakhar Kalashov, con Aslan Usoyan, con Vasily Kristoforov o con el también capo Koba Shermazashvili. Alay también se reunió en Moscú con dos exespías rusos, el matrimonio formado por Elena Vavilova y Andrei Bezrukov, detenidos en Estados Unidos y canjeados después por espías occidentales.

Reunión en Barcelona

Tampoco hay que olvidar que el propio Carles Puigdemont llegó a recibir en su despacho oficial del Palau de la Generalitat a oscuros personajes que oficialmente trabajaban para los servicios secretos del Kremlin, con el objeto de obtener un reconocimiento internacional a una hipotética Cataluña independiente. Pero el informe de la UE relata que el verdadero objetivo de Rusia "no era una Cataluña independiente, sino una inestabilidad interna profunda y prolongada en España y en la UE. Con este fin, Rusia utilizó como herramientas el apoyo a los actores político, la polarización de la sociedad y la explotación de las divisiones sociales, la promoción de narrativas contradictorias, la financiación de grupos culturales y think tanks, el descrédito del liderazgo [de España], las operaciones cibernéticas y la inversión extranjera directa".

Señala el informe que aunque Rusia no creó el problema, "lo explotó para su propio beneficio" mediante masivas campañas de fake news y desinformación. En varios esquemas reproducidos con infografía, la UE advierte que "actores políticos de Rusia apoyaron la política separatista [de Cataluña]" mediante "dudosas o ilegales" fuentes. El Kremlin aprovechó la incertidumbre económica para "explotar las dificultades económicas en Cataluña y apoyar a los separatistas" y relata que "las campañas de desinformación y la propaganda de Rusia fueron destinadas a seguir impulsando el movimiento separatista catalán y polarizar la sociedad". También da por sentado que la potencia del Este "proporcionó apoyo financiero y logístico para el referéndum ilegal realizado por los separatistas" y que realizó "operaciones cibernéticas para desestabilizar la situación en Cataluña".

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Este informe hace una referencia también a un trabajo del Instituto de Varsovia fechado el 5 de octubre de 2017, es decir, cuatro días después del referéndum. En este escrito se afirma ya que "el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció que el referéndum de Cataluña era un asunto interno de España. Extraoficialmente, Rusia parece apoyar a los catalanes (…) Por lo tanto, Rusia busca compartir y socavar las instituciones democráticas occidentales (…) El caso es que algunos círculos separatistas en Cataluña están de alguna manera conectados con Rusia y los hackers y troles rusos apoyan la independencia catalana en Internet. Los medios rusos han publicado una cita de Enrich (sic) Folch, de Solidaridad Catalana, que decía que una Cataluña independiente apoyaría a Moscú en el ámbito internacional y, además, reconocería oficialmente la autodeterminación de Abjasia y Osetia del Sur. Además, los rusos y sus aliados (incluidos Julian Assange y Edward Snowden) han estado muy activos en Twitter y Facebook. El referéndum fue comentado por no menos de 600 cuentas pro-Kremlin, tanto reales como falsas. Los piratas informáticos rusos también han impedido que el Gobierno español cierre portales y sitios web que piden el separatismo en Cataluña".

La continua apertura de webs y portales del referéndum ilegal fue obra de piratas rusos, pero también intervino el laboratorio canadiense Citizen Lab, que más tarde elaboró el informe conocido como el Catalangate, cuya principal premisa era que España había espiado indiscriminadamente a dirigentes o activistas independentistas. Paralelamente a la presentación de este trabajo, hubo una campaña de desinformación relacionando datos falsos con verdaderos hasta crear un relato medianamente creíble a medida del nacionalismo catalán, aunque basado en datos falseados.

El informe de Europol

Otro de los informes denostados por el soberanismo procede de Europol y relata que "en España, los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro de la escena separatista española. Sus relatos combinan separatismo con puntos de vista de la extrema izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado español y sus instituciones, centrándose también en temas más amplios como el capitalismo".

Ante esta afirmación, los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Diana Riba y Jordi Solé interpusieron este mes de julio una batería de preguntas a responder por escrito. Los eurodiputados de Junts y ERC señalan que "se plantean interrogantes sobre la exactitud y objetividad de estas valoraciones". Aseguran también que "en 2022 hubo una única detención relacionada con el terrorismo en España, lo que suscita dudas sobre la validez de las afirmaciones del informe. La metodología empleada por Europol y las fuentes de información utilizadas requieren, con carácter crucial, un examen más detenido".

Los eurodiputados yerran en sus asertos: Europol reseña que en 2022 hubo en España un atentado terrorista, pero se produjeron 48 detenciones relacionadas con el terrorismo. Ajenos a esta cuestión primordial, los representantes políticos preguntan: "¿Podría la Comisión detallar los criterios específicos empleados por Europol a la hora de evaluar los niveles de actividad y de violencia de los movimientos independentistas catalán y vasco en su reciente informe sobre terrorismo?”. También quieren saber "qué medidas ha adoptado la Comisión para garantizar la exactitud, objetividad y fiabilidad de los datos y la información que los Estados miembros facilitan a Europol para la elaboración de estos informes anuales sobre terrorismo". Por último, demandan: "¿Ha cotejado la Comisión los hechos y datos presentados en el informe de Europol con la definición de terrorismo que figura en la directiva (UE) 2017/541?".

El pasado mes de abril, Puigdemont, Comín y Ponsatí ya intentaron desacreditar al Fiscal General del Estado por su trabajo del año 2021, en el que "califica al movimiento independentista catalán como terrorismo nacional". El fiscal enumera "las detenciones por daños y las efectuadas en relación con una manifestación 'ilegal' y detalla las 'acciones violentas y de sabotaje' entre las que se incluyen la provocación de desórdenes públicos, el bloqueo de carreteras, la colocación de pancartas, la quema de banderas e incluso los daños a símbolos franquistas". Así, tomando como base la directiva antes mencionada, preguntan a la Comisión si considera que "la clasificación de los actos mencionados anteriormente como actividades terroristas por parte de las autoridades de los Estados miembros es conforme con la definición de 'delitos de terrorismo' establecida en la directiva 2017/541".

Protesta de la ANC

Para completar la ofensiva, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, envió este jueves una carta a Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol en la que le exige la retirada de los "contenidos criminalizadores sobre el movimiento independentista catalán" apelando a que son datos falsos aportados por España contra la "minoría nacional" catalana. Feliu subraya en varias ocasiones que el soberanismo es un movimiento de carácter no violento y que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución en 2921 en la que decía que "ninguno de los representantes políticos incitó a la violencia". La presidenta de la ANC aprovecha para atacar a España e incluye la afirmación de que "la tendencia del Estado español de utilizar el terrorismo para deslegitimar, silenciar y perseguir la disidencia política democrática es muy preocupante". Cita a Amnistía Internacional, a Fair Trials y a EuroMed Rights para apuntalar sus acusaciones.

Feliu exige también que el director adjunto de Europol, Jean-Philippe Lecouffe, explique "qué mecanismos y procesos se han utilizado para corroborar estas acusaciones, dando por buena la información aportada por las autoridades españolas, que califica el independentismo catalán como violento", ya que la inclusión de estas afirmaciones en el informe de 2023 "puede tener efectos criminalizadores nocivos. Esto supone una grave amenaza para la democracia y pone en peligro derechos como, por ejemplo, los de la libertad de expresión, de reunión y asociación pacífica y socava el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que prohíbe la discriminación por razón de pertenencia a una minoría nacional y opinión política".