Renuncias, opacidad y tensión: la nube tóxica de la amnistía ensombrece al Congreso

La tensión y la bronca política forman parte del ADN del Congreso de los Diputados desde hace años, pero el vendaval de la amnistía ha saturado de polémicas a la Cámara Baja y ensombrecido su rol legislativo. Más allá de las denuncias de la oposición, que acusan a Sánchez y Armengol de haber convertido el Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo en un "foro de inestabilidad y chantaje", lo cierto es que el reguero de purgas y renuncias que afecta a los letrados del Congreso marca un punto de inflexión en el andamiaje institucional de la Cámara.

El cuerpo de juristas de las Cortes siempre ha permanecido en un segundo plano, alejado de la pugna partidista, pero edificando, desde la discreción y la neutralidad, el armazón legal de las principales iniciativas políticas. La llegada de Francina Armengol a la presidencia de la Cámara Baja y, sobre todo, el arranque de una ley de amnistía inédita en democracia y con importantes lagunas sobre su encaje en el ordenamiento jurídico, han situado a estos profesionales en primera plana.

El primer hito que tensó las costuras del Congreso fue el nombramiento de Fernando Galindo como letrado mayor y secretario general de la Cámara, una designación polémica que por primera vez no contó con la unanimidad de la Mesa.

La oposición vio en el movimiento una clara intención de allanar la tramitación de la ley de amnistía, situando al frente del cuerpo de juristas a un ex alto cargo del Gobierno de Sánchez —fue subsecretario en el Ministerio de Política Territorial durante la etapa de Isabel Rodríguez—. No en vano, solo unos días después de su nombramiento, el pasado mes de noviembre, Galindo lideró el primer informe de los letrados que avaló la tramitación del indulto general al procés al no observar "defectos formales" que impidiesen su admisión a trámite.

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El primer gran choque interno entre los juristas de la Cámara se produjo hace solo unas semanas, cuando los letrados de la Comisión de Justicia emitieron un duro informe contra la amnistía por sus dudas constitucionales, lo que implicó un revés al primer informe liderado por Fernando Galindo. Esas advertencias, sin embargo, han caído en saco roto y el Ejecutivo seguirá adelante con la tramitación de una ley que también amnistiará delitos de terrorismo, una variante que se incluyó en el texto de la ponencia tras el último y controvertido acuerdo entre PSOE y Junts.

El malestar en el cuerpo de letrados de las Cortes ha salido a la luz por la hilera de renuncias y ceses de los últimos días, que se suman al intento de purga de Manuel Fernández-Fontecha, el jurista que fue apartado de la Comisión Constitucional por sus críticas públicas a la ley de amnistía, pero restituido poco después como letrado "tercero" tras remitir un escrito a la Mesa del Congreso y abrir un frente en el Supremo. Esta misma semana se conocía otra importante salida, a petición propia, del interventor de las Cortes, Luis de la Peña, por "discrepancias" con el letrado mayor, fruto de la falta de "imparcialidad" que observa en el nuevo modelo de administración del Congreso liderado por un ex alto cargo del Gobierno del PSOE.

El malestar en el cuerpo de letrados del Congreso de los Diputados ha salido a la luz por la hilera de renuncias y ceses de los últimos días

No fue el único. Según adelantó El Mundo y ha confirmado El Confidencial de fuentes parlamentarias, las salidas afectan a Paloma Martínez, con una década de experiencia al frente de la Asesoría Jurídica del Congreso; Mónica Moreno, al frente de Recursos Humanos en la Cámara; Isabel Revuelta, letrada en la Comisión de Justicia que participó en el informe crítico contra la amnistía, y el mencionado Luis de la Peña. Las juristas pondrán rumbo al Senado, según confirman fuentes de la Cámara Alta, para evitar que la nube tóxica de la amnistía contamine su carrera jurídica.

Las fuentes consultadas no descartan que el rosario de salidas aumente en los próximos días, motivadas por el desdén del Ejecutivo y de la Presidencia de la Mesa a las objeciones sobre la amnistía o por el cuestionamiento de la imparcialidad del letrado mayor. Para enjuagar ese ambiente de tensión, Armengol y Galindo han comenzado a aupar a puestos intermedios del organigrama jurídico de la Cámara a perfiles cercanos al PP en pos de una pluralidad que cuestionan en las filas populares. En el equipo de Armengol, confirman nombres como el de Alfonso Cuenca, que fue viceconsejero de Justicia con Esperanza Aguirre y se convertirá en letrado director de comisiones; o Sylvia Martí, que fue secretaria general de la Asamblea de Madrid bajo la presidencia del PP.

Feijóo deslegitima a un Congreso "secuestrado"

Mientras el choque en las tripas del Congreso comienza a salir a la luz, Feijóo ha ahondado en las últimas semanas en una campaña de descrédito institucional por el "secuestro" del Congreso que, a su juicio, ha ejecutado el Gobierno de Sánchez a través de su presidenta, Francina Armengol. El líder del PP llegó a comparar en público a la Cámara Baja con el Parlament catalán por "socavar sus normas internas en favor del independentismo", por las múltiples polémicas que se han acumulado en los últimos días con decisiones, a su juicio, "discrecionales" y llenas de opacidad.

"El Congreso ha entrado en fase de degeneración", zanja un alto cargo de Génova, donde van más allá del rosario de salidas en el cuerpo de juristas y recuerdan la "paralización" de la Cámara Baja, "al servicio de la investidura de Sánchez", o los errores informáticos por los que, por ejemplo, se registraron fuera de plazo algunas enmiendas a la amnistía. Ese tipo de fallos técnicos llevó también a Armengol a ampliar el plazo de registro de voto telemático en los tres primeros decretos del Gobierno, un tiempo clave que ayudó al PSOE a cerrar, sobre la bocina, un acuerdo con Junts a cambio de ceder a la Generalitat las competencias sobre inmigración.

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"Lo que está ocurriendo esta legislatura, no se había dado nunca", comenta un veterano diputado del partido, que ha ocupado a lo largo de su carrera distintos puestos de responsabilidad en la Cámara Baja. "El poder legislativo no puede estar al servicio de ningún poder", señala, lamentando además el reguero de "discursos no institucionales" de Francina Armengol o la utilización de la Mesa para avalar la tramitación de reales decretos leyes y prorrogar sine die la fase de presentación de enmiendas, lo que ha provocado que decenas de textos legislativos permanezcan en el limbo.

Los populares denuncian también la cantidad de "medios personales y materiales" dispuestos en favor de las exigencias de los partidos independentistas, incluyendo en este punto el "troceo" de contratos y las obras en el Congreso para el impulso en la Cámara de las lenguas cooficiales, una de las condiciones que pusieron los socios separatistas de Sánchez a cambio de su voto para impulsar a Armengol al frente de la Mesa, convertida ahora en una especie de bestia negra para el PP.