Los letrados de la comisión de Justicia dudan de la constitucionalidad de la ley de amnistía

Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados tienen dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía que se tramita en este organismo desde hace unas semanas. Tanto es así que sugieren que sería necesaria una reforma de la Constitución para que la norma pudiera encajar en el corpus jurídico español, según el informe de observaciones técnicas elaborado con fecha de 10 de enero. Los juristas de la comisión contraponen así en parte el informe elaborado por el letrado mayor en la admisión a trámite de la ley que supondrá el perdón general a los implicados en el procés cuando el texto llegó a la Mesa, el pasado 21 de noviembre.

Los letrados adscritos a la comisión de Justicia son Piedad García-Escudero, Isabel Revuelta y Fernando Castillo, y son los responsables de visar la tramitación de la ley una vez que recibió luz verde de la Cámara Baja en su toma en consideración, el 13 de diciembre. Un mes después y poco antes de recibir las enmiendas, que se presentaron este martes, los juristas ponen coto al texto porque consideran que la amnistía no está contemplada "en las competencias de las Cortes Generales" ni tampoco en "ningún otro artículo de la Constitución". Sin embargo, recuerdan que la carta magna sí prohíbe los indultos generales y que durante el proceso constituyente se rechazó la posibilidad de incluir la amnistía en la norma fundamental del Estado al negar el debate de dos enmiendas que así lo defendían.

"La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución", reza el texto adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso esta redacción. Hay que tener en cuenta que este informe no es vinculante ni se opone a la tramitación de la norma, como explicitan las primeras líneas del documento, donde los letrados defienden que la admisión a trámite supone "descartar" que la iniciativa entre "en contradicción palmaria con la Constitución". Y, aún "excluyendo que la inconstitucionalidad sea palmaria o evidente", los letrados dejan al Tribunal Constitucional la decisión última sobre el encaje de la norma en la carta magna.

Los letrados también ponen reparos a que el texto que se tramita en el Congreso tome como punto de partida la ley de Amnistía aprobada en 1977 y la considere "punto de partida del pacto constitucional". Este posicionamiento, que lleva a afirmar a los partidos proponentes que la amnistía del 77 forma parte del acuerdo que derivó en la Constitución del 78, "genera dudas", ya que no creen que esa afirmación sirva para justificar el encaje de la amnistía en la carta magna.

TE PUEDE INTERESAR

El PSOE blinda del arresto a Puigdemont, pero no consigue domesticar a Junts

Marisol Hernández Beatriz Parera

Además, el informe aportado a la Comisión de Justicia desliza que el contenido de la ley registrada por el PSOE podría interferir en la "potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 117.3 de la Constitución en términos taxativos 'exclusivamente a los juzgados y tribunales". Esto se traduce en una posible interferencia en el desempeño del poder judicial desde el legislativo, según apuntan los letrados. Y el texto también defiende la eliminación de las referencias a leyes autonómicas o reglamentos disciplinarios de cuerpos de funcionarios que contemplan la amnistía como una justificación de su existencia en el ordenamiento jurídico y administrativo español.

En los apartados técnicos referentes al articulado, el informe señala un posible perjuicio a la seguridad jurídica por la "indeterminación de los delitos" que serán amnistiados en caso de aprobarse la ley. "La determinación de supuestos y destinatarios ha de ser especialmente precisa en las leyes singulares para que puedan encuadrarse en esta categoría y en la medida en que constituyen una excepción a la aplicación del ordenamiento jurídico", explican los letrados, que también ponen reparos al largo periodo de aplicación de la amnistía, que va desde el 1 de enero de 2012 hasta la actualidad, pero comprende también los actos preparatorios de las dos consultas independentistas realizadas en Cataluña. Esta realidad, según el escrito, no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que también afecta a la "seguridad jurídica" y, además, puede afectar a la aplicación de la ley.

El conflicto con el derecho de la UE

El texto también pone reparos a la amnistía a los delitos de malversación, a pesar de que se excluyen aquellos asuntos que puedan afectar a los fondos procedentes de la UE. Esta excepción incluida en el articulado no salva, para los letrados, el cordón de seguridad que se impone desde la legislativa europea. "La amnistía podría comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole, perseguidas por el Derecho de la Unión Europea", expresan los juristas de la Comisión de Justicia.

Los letrados consideran, asimismo, que la exclusión de los delitos de terrorismo solo cuando se haya recibido una sentencia firme también es problemática, ya que es una posibilidad compleja dados los tiempos que han pasado desde que se cometieron los hechos del procés. Hay pocas sentencias firmes en este sentido y eso, según el documento, también puede colisionar con el derecho europeo, que castiga los delitos de terrorismo así como la inducción del mismo y en grado de tentativa. El conflicto con el derecho de la UE también es problemático en lo que atañe a la suspensión de las órdenes de detención europeas que la ley de amnistía pretende dejar sin efecto. "Especialmente cuando la privación de efectos a la orden de detención europea afecte a los delitos de terrorismo y malversación", añaden los letrados