El Gobierno descartó la amnistía por ser inconstitucional: "Es suprimir el poder judicial"

Si la ley de amnistía que demandan los partidos independentistas cabe o no en la Constitución, solo puede aclararlo el Tribunal Constitucional, según afirma hoy el propio Pedro Sánchez. Pero hace apenas dos años, era su ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien rechazaba tajantemente su encaje en la Carta Magna. "La amnistía es el olvido"; declaró sobre esta vía que extingue la responsabilidad penal. "La amnistía no cabe" en la Constitución, aseveró el ministro solo un día después de que el Ejecutivo aprobase los indultos a los presos del procés, el 22 de junio de 2021. Dos semanas después, Sánchez lo dio por amortizado y lo cesó en su única gran crisis de Gobierno. Hay declaraciones de casi media docena de ministros y exministros de Sánchez negando que esta vía pueda ser legal.

Campo, juez en excedencia, dio portazo a la pretensión de partidos como Junts o ERC en una entrevista en Al Rojo Vivo, de La Sexta. El PSOE compartió entonces un fragmento del vídeo con sus palabras, replicando por escrito los mismos mensajes. "La amnistía no cabe. Porque la amnistía es el olvido", destacaron desde su cuenta oficial en Twitter. Un año y algunos meses después, a finales de 2022, el Gobierno del que había formado parte lo nombró magistrado del Tribunal de Garantías. Y, precisamente, es el TC quien tendría la última palabra sobre la constitucionalidad de la ley que Yolanda Díaz, socia de Sánchez en la coalición, reconoce que aspiran a aprobar antes incluso de la futurible investidura del presidente en funciones.

"El independentismo pedía la amnistía y pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá", afirmó Sánchez en La Sexta solo tres días antes de las elecciones generales. Carmen Calvo, exvicepresidenta primera del Gobierno, fue rotunda en abril de 2021 al afirmar en el Senado que la amnistía "no es planteable en un Estado constitucional y democrático", porque sería "suprimir el poder judicial".

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Miquel Iceta, hoy titular de Cultura y Deporte en funciones, llegó a aseverar, tras la aprobación de los polémicos indultos, que "no va a haber amnistía ni autodeterminación". En su caso, fue cuando estaba al frente del Ministerio de Política Territorial (junio de 2021), pero dos años antes, en 2019, aún como líder del PSC, ya sostuvo que la amnistía "no corresponde a lo que ha pasado [en el procés]". Y, como Campo, afirmó que esto es "el olvido", el borrón de toda responsabilidad penal. También aseveró que era "erróneo e irresponsable" que los dirigentes independentistas alentaran "falsas expectativas" sobre la amnistía.

"La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico", afirmó en noviembre de 2019 Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones. También juez en excedencia, a las puertas de las elecciones que configurarían el Congreso de la legislatura de los indultos, Marlaska se pronunció de forma tajante. En su última comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este mismo martes, el titular de Interior esquivó este asunto.

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Por otro lado, la relación de Meritxell Batet con los grupos a raíz de un intento previo de impulsar otra ley de amnistía merece mención propia. La expresidenta del Congreso de los Diputados, que este miércoles anunció que deja la "primera línea" de la política, aún era la tercera autoridad del Estado cuando ERC y Junts presentaron una proposición de ley para amnistiar a los dirigentes del procés, en marzo de 2021.

La exministra de Política Territorial y entonces presidenta se apoyó en un informe de los letrados de la Cámara Baja que señalaba la "manifiesta inconstitucionalidad" de la medida para rechazar tramitarla. A esto se unen polémicas como su enfrentamiento con el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, al que retiró su escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo. O los rifirrafes a múltiples bandas después de la actuación de Batet ante insultos proferidos en varios plenos en el palacio de la carrera de San Jerónimo.

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La dirigente del PSC se autodescartó de la batalla por la presidencia al arranque de agosto, y el PSOE hizo pública entonces su apuesta por Francina Armengol para ocupar este cargo. Desde su designación, buena parte de los pasos de Armengol han ido destinados a estrechar lazos con las formaciones nacionalistas, como su apuesta por el cambio en el reglamento de la Cámara​ para permitir el uso de lenguas cooficiales, ya registrada este miércoles.

La amnistía, el requisito previo de Puigdemont

En su intervención, que ha corrido por las redes sociales durante el miércoles, el exministro Campo se esfuerza por diferenciar entre los indultos a los nueve líderes del procés catalán condenados —otros, como el propio Puigdemont, huyeron de la Justicia— y esa amnistía que, entonces, y hasta hace escasos meses, el Ejecutivo rechazaba con firmeza. Esta fue una de las líneas argumentales socorridas, pero la amnistía es hoy el principal requisito de Puigdemont previo a negociar la investidura de Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones marcó hace dos semanas la nueva línea a seguir entre sus filas: sobre constitucionalidad, solo puede hablar el TC, que es quien decide, y no los partidos políticos, aunque sea mejor no pronunciarse siquiera sobre esta futurible norma. Antes eran rotundos al afirmar que no había opciones de impulsar una amnistía.

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De hecho, en 2021 Campo defendió que ni la amnistía ni el referéndum cabían en la legalidad ni en la Constitución, porque esta fue "un pacto entre españoles", "y, por tanto, todos los españoles tendríamos que hablar". "El Gobierno está siempre con la legalidad y la Constitución", incidió. Poco más de dos semanas después, Sánchez se cobraba su cabeza política y lo expulsaba del Gobierno, para después rescatarlo en el Tribunal de Garantías.

Y, mientras el Ejecutivo en funciones va virando lentamente su discurso sobre la amnistía, históricos socialistas de la talla de Felipe González o Alfonso Guerra niegan que esta futurible norma tenga encaje posible en la Carta Magna de 1978. "La Constitución no es un chicle".