Sánchez puede aprobar la ley de amnistía en un mes aunque el PP la bloquee en el Senado

Carles Puigdemont ya ha puesto las cartas sobre la mesa. La ley de amnistía es requisito previo a su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y entre las filas de sus socios de gobiern aseguran que pueden verla aprobada antes de llegar al pleno que les permitiría revalidar la Moncloa. Jaume Asens, dirigente de los comunes designado por Yolanda Díaz para negociar con Puigdemont, afirmó este martes que el tiempo aún juega a su favor. "Es posible" aprobarla en ese plazo, aseguró. "Tenemos el precedente de la reforma penal de la sedición, que se hizo en un mes. Se puede hacer. En lectura única, es posible", insistió.

Mientras el ala socialista del Ejecutivo aún evita mencionar siquiera la opción de una ley de amnistía, fuentes jurídicas del Parlamento reconocen que, estrictamente, es viable cumplir con estos tiempos. Otra cosa es que el camino estará plagado de obstáculos difíciles de superar. O que a Junts le baste finalmente con el único aval del Congreso para apoyar a Sánchez. En cuanto a los plazos, una vez consensúen un texto, y a pesar de la complejidad de la norma, los grupos parlamentarios podrán tramitarla como proposición de ley, por la vía de urgencia y en lectura única, lo que permite acelerar sensiblemente el procedimiento. Si pisan a fondo, aseguran, pueden superar este trámite en una semana, para después remitirla al Senado. Aquí es cuando entraría en juego el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara, ostenta la presidencia y también controla la Mesa (cuatro de siete asientos).

TE PUEDE INTERESAR

Puigdemont exige a Sánchez una amnistía "completa" y avisa que no renuncia a la vía unilateral

Nacho Alarcón. Bruselas Carlos Rocha

El reglamento le da un plazo de dos meses para tramitarla, pero la Constitución lo rebaja a 20 días naturales si el Gobierno o el Congreso la consideran urgente. Hay precedentes en los que la Mesa, en manos también del PP, ha dado portazo a las prisas del Ejecutivo, pero el Tribunal Constitucional ya blindó la tramitación de urgencia reclamada por un Gobierno también del PSOE, aunque entonces no estaba en funciones.

Otra cosa es, plantean las fuentes jurídicas consultadas, que la Mesa en manos del PP rechace admitir esta iniciativa, generando un conflicto entre el Senado y el Congreso que dejaría la pelota en el tejado del Tribunal de Garantías. El PP rechaza avanzar pantallas de forma prematura, y no quiere abordar estos posibles escenarios. Sí sabe que cuenta con 20 días para congelar la norma en la Cámara Alta, hasta que vuelva al Congreso. La mayoría absoluta de la que Sánchez hizo gala para designar a los miembros de la Mesa le permitiría superar el veto que, a todas luces, recibirá en el Senado, por lo que la ley podría entrar en el BOE en poco más de un mes, como ocurrió con la PL que suprimió el delito de sedición y modificó el de malversación, a finales del pasado año.

TE PUEDE INTERESAR

La tramitación urgente de la ley de amnistía impedirá al PP pararla en el Senado

Beatriz Parera

Sin embargo, una cosa es una modificación de tipos específicos y otra una ley de amnistía, que, a juicio de las fuentes en cuestión, necesariamente debería ir apoyada en una reforma del Código Penal. Hasta la fecha, desde Sumar se han aferrado a que la norma tiene encaje constitucional porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) recoge la amnistía como causa de extinción de responsabilidad penal (artículo 666.4). Entienden que el constituyente "preveía la amnistía", entre otras cosas "porque en el 78 no estábamos para prohibirlas", y niegan que sea imprescindible tocar el Código Penal.

Las fuentes jurídicas consultadas consideran "erróneo" este planteamiento: "Una ley procesal es una ley de trámites procesales. No puede regular las causas de exclusión de responsabilidad penal y tiene que ser orgánica", abundan. En su lugar, plantean que es necesario reformar el Código Penal, que en su artículo 130 no incluye la amnistía entre los supuestos en los que se extingue la responsabilidad criminal —de la muerte del reo al indulto, pasando por la prescripción de los delitos—. Sí estaba entre esas excepciones hasta la reforma de 1995, cuando quedó fuera. Aunque se apruebe una amnistía, abundan, los jueces no pueden obviar que no se considera causa de extinción penal. "La Constitución ya prohíbe los indultos generales", recuerdan. Distintos juristas plantean incluso la necesidad de modificar tipo por tipo del Código Penal antes de que la amnistía pueda entrar en vigor.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez defiende "pasar página", sin citar la amnistía, y apela a la "diversidad territorial"

Iván Gil

Además, las fuentes jurídicas consultadas lamentan que hay precedentes que permitirán tramitar una iniciativa de este calado como proposición de ley por lectura única, incluso si finalmente implica modificar también el Código Penal. El TC ya avaló la reforma del artículo 135 de la Constitución que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, también en lectura única. Los precedentes de cómo han actuado PSOE y PP en el Parlamento, sostienen, asientan la idea de que los reglamentos pueden estirarse sin romperse.

Según la norma que regula la forma de proceder en el Congreso, la tramitación directa y en lectura única (artículo 150) está pensada para iniciativas cuya "naturaleza" o "simplicidad de formulación" la aconsejen o permitan, algo que difícilmente puede considerarse cumplido ante una norma de esta envergadura. El procedimiento legislativo ordinario impone superar un debate de admisión a trámite en pleno, pasar por la fase de ponencia, debate y aprobación en comisión y vuelta al hemiciclo para su aprobación, lo que suele requerir de varias semanas, y que puede alargarse con la prórroga de los plazos para formular enmiendas.

Con este procedimiento especial, se condensa todo en una sola semana, incluida una única votación de enmiendas. La Mesa, controlada por PSOE y Sumar, es quien decide sobre la lectura única, y el pleno, en el que cuentan con mayoría, sobre la tramitación directa. "Cuando se maltrata el derecho, el derecho se venga", advierten las fuentes jurídicas consultadas.