García Ortiz recusa a todos los magistrados que deben decidir su continuidad

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Supremo la recusación de todos los magistrados del tribunal que deben decidir si puede o no continuar en su cargo en respuesta a un recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.

Como ha adelantado El Independiente y confirma El Confidencial, ha presentado incidente de recusación contra los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Asegura que se trata de los mismos que le acusaron en una resolución anterior de desviación de poder en el primer nombramiento de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado.

Según precisan las fuentes consultadas, el fiscal general pone en duda la "objetividad" de los magistrados. En declaraciones a RTVE tras conocerse las dos últimas resoluciones que le afectan (la anulación del segundo nombramiento de Delgado y la admisión a trámite del Tribunal Superior de Justicia en el caso Ayuso), puso de manifiesto el excesivo rigor con el que se siente tratado por el TS en sus últimas decisiones que, indicó, esperaba.

En sus recusaciones, García Ortiz ahonda en el caso de uno de los magistrados, José Luis Requero, y señala que trató a la institución que dirige como un lugar "apesebrado" lo que le incapacita para pronunciarse sobre la permanencia en el cargo. Reclama así que cambie la Sección completa que debe adoptar la decisión. Además de él, la recusación se dirige contra Pablo Lucas, Antonio Jesús Fonseca y Luis María Díez Picazo. La petición queda en manos de la conocida como Sala del 61.

La APIF interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley. García Ortiz, denuncian, según resume EFE, "se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias". Por ello consideran que "no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno".