El Senado, atalaya del PP para torpedear a Sánchez, con ERC y Bildu en el mismo grupo

La complejidad del resultado electoral del 23-J tiene múltiples caras. Aunque el Parlamento español es bicameral, las miradas se concentran en el Congreso de los Diputados, pero desde el 17 de agosto el Senado puede jugar un papel muy destacado, y lo hará bajo el control del Partido Popular. En su mano está dificultar y retrasar la aprobación de leyes, forzar comparecencias o impulsar iniciativas que erosionen a los miembros del nuevo Gobierno, si finalmente Pedro Sánchez logra la abstención de Junts per Catalunya y evita el escenario de la repetición electoral. En esta XV Legislatura, partidos como Vox o Sumar, tercera y cuarta fuerza en las elecciones generales, no tienen representación exclusiva en la Cámara territorial, mientras Bildu y ERC, que concurrieron juntos, partirán con grupo propio con siete escaños, a pesar del declive de los republicanos. Tendrán libre toda la cancha a la izquierda del PSOE y su visibilidad garantizada.

El PP pasa de 83 a 120 sillones, del total de 208 senadores electos. Y a estos hay que sumar los 58 senadores que designarán los parlamentos autonómicos (266 en total), por lo que se prevé que sobrepase de largo el umbral de la mayoría absoluta. Esto le pondrá en bandeja la presidencia de la Cámara Alta, así como el control de la Mesa. Y tendrá a su alcance el botón nuclear del artículo 155 de la Constitución, una de las facultades especiales del Senado, activado tras el referéndum independentista catalán de 2017. Una mayoría absoluta garantiza al PP la última palabra sobre esta herramienta constitucional, cuyos engranajes empiezan a girar por orden del Gobierno, y que solo se ha usado en esa ocasión. Una mayoría absoluta, además, permite acceso a otras tantas atribuciones, aunque menos espectaculares.

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El Senado permite debatir con el presidente y los ministros en las sesiones de control, formular preguntas orales o escritas, o presentar mociones consecuencia de interpelación y solicitudes de comparecencia de miembros del Ejecutivo. También puede abrir comisiones de investigación que dificulten la actuación del Gobierno. O impulsar reprobaciones de ministros y hasta del propio presidente, para desgastar su figura.

Y retrasar la aprobación de normas de enorme calado, desde los presupuestos generales hasta las leyes que partan del Gobierno y del Congreso. Si la Cámara Baja no cuenta con mayoría absoluta para superar un veto de la Cámara Alta, debe dejar que pasen dos meses antes de poder levantarlo y lograr que una ley llegue al BOE. Solo los decretos, que requieren únicamente ser ratificados en el Congreso, podrían evitar estos retrasos.

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Incluso puede postergar la aprobación de tratados y convenios internacionales, forzando la constitución de una comisión mixta que debata sobre ellos. E impedir su aprobación hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad, si bien el PP ya contaba con esta potestad en la pasada legislatura, al tener grupo propio y más de 25 senadores. La Cámara Alta goza, además, de un rol destacado en cuestiones territoriales, incluidas las que afecten al Fondo de Compensación Territorial. Eso, por no hablar de su rol para nombrar a varios integrantes de distintos órganos constitucionales.

Le corresponde designar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, seis vocales jueces y cuatro juristas de reconocido prestigio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces (requiere de 3/5 de los votos), cuyo mandato expiró hace cuatro años y medio. También a seis consejeros del Tribunal de Cuentas (3/5) y cuatro miembros del consejo de administración de RTVE (2/3), además de participar, junto con el Congreso, en la designación del defensor del pueblo. Todo un conjunto de atribuciones que pueden permitirle jugar un papel de bloqueo y retraso en esta legislatura, aunque en el caso de estos órganos no baste la mayoría absoluta.

Vox no entra, Sumar comparte con el PSOE

Si el PSOE salva los muebles en la Cámara Baja, en el Senado ha perdido 21 senadores electos, pasando de 93 a apenas 72 parlamentarios. Vox no logra escaño, y Sumar tampoco cuenta con un representante propio. Sí ha sido elegido el independiente Juanjo Ferrer, que concurrió en nombre del PSOE, Sumar y Ara Eivissa por Ibiza y Formentera. Ferrer, que irá al grupo mixto, fue concejal del partido regionalista El Pi en Sant Antoni (Ibiza).

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Además, en la anterior legislatura, Más Madrid contó con un senador por designación autonómica, Pablo Perpinyá, y la fuerza de Mónica García revalidó sus resultados el 28-M, por lo que previsiblemente volverá a tener representación. Compromís, otro de los aliados de Sumar, también contó, y volverá a contar, con un senador. Por su parte, Vox podría lograr representación si el PP le cediese alguno de los puestos que le corresponden por designación autonómica, como se ha planteado en Murcia, para intentar desbloquear la investidura de Fernando López Miras.

En este escenario, la coalición de Bildu y ERC, que concurrió bajo la denominación Izquierdas por la Independencia, se queda lejos del resultado de Esquerra en noviembre de 2019: logran siete escaños el 23-J, frente a los 11 que obtuvo ERC en solitario entonces. EH Bildu aporta cuatro escaños, tres más que en los últimos comicios, y se hace fuerte. La candidata por Vizcaya, Jasone Agirre, que jaleó a varios presos de ETA al arranque de la campaña, no ha conseguido escaño.

En esta línea, el PNV ha retrocedido de nueve a cuatro senadores electos. Y Junts, que tiene en sus siete escaños en el Congreso la llave de la gobernabilidad, pasa de tres escaños a solo un senador. En la Cámara Baja, su papel es fundamental, toda vez que los bloques de la izquierda y la derecha no suman, y la reedición del Gobierno de coalición pasa, como mínimo, por su abstención. Otra muestra de las enormes diferencias en la representación y las posibilidades de las distintas fuerzas en ambas Cámaras.