El Gobierno allana el camino para la amnistía: "Quien decide si algo es constitucional es el TC"

El Gobierno en funciones ha virado estos días su discurso sobre la amnistía que le reclaman Junts y ERC. Si el propio Pedro Sánchez se vanagloriaba, en la recta final de la campaña al 23-J de que los partidos independentistas no han logrado su ansiado alivio penal para los procesados y condenados por el procés catalán, hoy el propio jefe del Ejecutivo en funciones, pero también la titular de Educación, Pilar Alegría, insisten en que "quien decide si algo es constitucional es el Tribunal Constitucional".

La ministra en funciones y portavoz socialista lo ha repetido este miércoles, en una entrevista en Onda Cero, después de que Sánchez marcara este rumbo el martes, en su comparecencia para anunciar que había expresado al Rey su voluntad de concurrir a la investidura. Finalmente, el monarca ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo, que requerirá la confianza del Congreso de los Diputados a finales de septiembre. El planteamiento del PSOE, hasta ahora, pasaba por considerar la amnistía contraria a derecho, y ahora se afanan en vender que todo lo que puedan pactar con los independentistas, cuyos votos son necesarios para formar Gobierno, estará dentro del marco legal. "El diálogo es el método y la Constitución el marco", afirmó Sánchez.

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Que solo el Tribunal de Garantías tiene en su mano pronunciarse sobre el encaje constitucional de una norma es obvio, pero Sánchez y Alegría lo repiten en plenas negociaciones con los partidos independentistas. Y apenas un par de semanas después de que Sumar reuniese a un equipo de 20 expertos jurídicos para estudiar el "encaje institucional" de una ley de amnistía.

Durante la mañana, la portavoz en el Congreso del partido de Yolanda Díaz, Marta Lois, trató de naturalizar una futurible ley de amnistía, y defendió que toca "dar pasos valientes, siempre desde el respeto constitucional". "Los procesos o leyes de amnistía en Europa han sido frecuentes, es el momento de dar avances en este sentido", apuntó. A diferencia del socio mayoritario de la coalición, Sumar sí hablaba abiertamente de una amnistía, pero Lois circunscribía su convencimiento sobre la necesidad de esta medida a su propia formación, y no la hacía extensible al PSOE, mucho más cauto hasta el momento.

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Alegría, como Sánchez, reconocía la "legitimidad" de Junts, e insistía en que todo diálogo tendrá lugar dentro del marco constitucional. "No me corresponde a mí decir qué es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional", sentenció el líder de los socialistas el martes. Frente a los 172 escaños con los que cuenta Feijóo, a cuatro de la mayoría absoluta, el presidente en funciones tiene la opción de amarrar un bloque con 178 apoyos, pero el partido de Puigdemont le reclama que antes articule y registre en el Congreso una ley de amnistía. Incluso pospone su apoyo hasta que esta norma haya comenzado su tramitación.

El mismo PSOE que en 2021 rechazó en la Mesa del Congreso tramitar la ley de amnistía presentada por Esquerra y Junts, hoy se abre a tramitarla. Este mismo martes, en una entrevista en El Periódico de Catalunya, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Argmengol, ya avanza que el único reparo que pondría hoy a la tramitación de una norma similar sería que se articule "de acuerdo con la ley".

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Eso es en lo que trabaja el grupo de juristas coordinado por Jaume Asens, dirigente de los comunes, que también trabaja para tender puentes con Puigdemont. Los dos socios de coalición van dando pasos, cada uno a su ritmo.