Feijóo acusa a Sánchez de convertir el Congreso y el TC en su "cortijo"

El PP ha iniciado una dura ofensiva, que pasa por restar legitimidad a instituciones como el Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional por el "secuestro" institucional que, a su juicio, ejerce el Gobierno de Pedro Sánchez para cumplir su hoja de ruta con el independentismo, con la ley de amnistía como piedra angular de la legislatura. Solo esta última semana, Alberto Núñez Feijóo ha igualado la Cámara Baja al Parlament por "socavar las normas internas en favor del independentismo" hasta convertirlo en un "foro de inestabilidad y chantaje" liderado por "minorías", y ha señalado al TC por su intento de "suplantar" de forma "intencionada" al Supremo en sus últimas decisiones judiciales.

El rosario de agravios del PP responde a la convicción de que Sánchez trata de acelerar el "deterioro institucional" y convertir estos organismos en su "cortijo", según denuncian tanto en público como en privado importantes dirigentes del partido. En lo relativo al Congreso de los Diputados, Génova apunta a "demasiadas polémicas" en "muy poco tiempo" que sustentan la convicción, defendida por el propio Feijóo, de que la Cámara Baja ya no es representativa de la soberanía nacional por la "humillación" de fuerzas como Junts o Bildu.

Francina Armengol se ha convertido en una especie de bestia negra para el PP por actuar, en su opinión, "al dictado" de la Moncloa hasta en los aspectos más procedimentales. Solo en los últimos días, enumeran en Génova, la presidenta del Congreso ha admitido enmiendas registradas fuera de plazo sobre la amnistía, en concreto algunas de las que han presentado de forma conjunta PSOE, Sumar, ERC, Bildu y el Grupo Mixto. Una "anomalía", denuncian, que se suma a la polémica votación de los tres primeros decretos del Gobierno, en la que falló el sistema de voto telemático y Armengol amplió media hora el plazo.

Importante recordar que el PSOE negoció con Junts sobre la bocina y ató in extremis un acuerdo con los independentistas para ceder las competencias sobre inmigración a la Generalitat —contenido que sigue siendo una incógnita— a cambio de que no obstaculizasen la votación. Minutos antes de que se cerrase el plazo, Junts estaba en el no. Y en el PP no creen que ese error informático fuese fruto de la casualidad, sino una forma de dar tiempo a Sánchez para evitar el primer gran fiasco de la legislatura.

TE PUEDE INTERESAR

Feijóo impone tres plenos al mes en el Senado y lo sitúa como el 'fortín' del PP

Ana Belén Ramos

Los populares recuerdan también que Armengol ha impulsado sendos cambios en el reglamento del Congreso para impulsar el uso de lenguas cooficiales no solo en los plenos, sino también en diversas comisiones parlamentarias, y la acusan de "trocear" contratos para costear la adaptación de la Cámara para implantar el catalán, el euskera o el gallego en la actividad parlamentaria. Vox llegó a presentar una querella contra la presidenta del Congreso por esta cuestión —que el Supremo desestimó en diciembre—. La oposición del PP, por el momento, se ha limitado a elevar quejas formales en sede parlamentaria, aunque en la dirección del partido no descartan abordar la vía judicial.

El PP denunció también en su día que Armengol parase "el reloj" de las Cortes por la ausencia de control parlamentario o de comisiones cuando el Ejecutivo de Sánchez seguía en funciones, y censuró la tardanza en fijar la fecha de la investidura de Sánchez. Pero si ha habido algo que ha colmado la paciencia de Génova ha sido el "demoledor" informe de los letrados del Congreso sobre la ley de amnistía, que avala que su tramitación debe pasar por una reforma constitucional. La polémica ha derivado en un enredo para Génova, que acusó a Armengol de "ocultar" durante varios días el documento, emitido el 10 de enero, pese a su carácter "determinante" para la confección de enmiendas a la ley de amnistía, cuyo plazo finalizó el pasado 16 de enero.

El PP se ha reafirmado en las duras críticas contra Armengol, a la que acusó de ser "la ministra 23" o el "árbitro comprado" del Ejecutivo, pese a que la letrada titular de la Comisión de Justicia, Piedad García Escudero, ha aclarado que se siguió el procedimiento habitual —remitir el informe a los grupos una vez convocada la ponencia de la ley— y que nadie, tampoco la presidenta del Congreso, retuvo dicho documento.

TE PUEDE INTERESAR

Armengol, la presidenta plurilingüe que dejó atrás la solemnidad de Batet, pero no la polémica

Carlos Rocha

El Tribunal Constitucional ha sido otra de las dianas sobre las que el PP ha centrado sus disparos. La decisión del órgano de garantías de revocar varias sentencias consecutivas del Tribunal Supremo no ha pasado desapercibida para el primer partido de la oposición. Tanto es así, que Feijóo anunció que organizaría un grupo de trabajo con un equipo de juristas para analizar en profundidad las últimas resoluciones del TC, que ha amparado a Arnaldo Otegi para que no se repita su juicio por reconstruir Batasuna, por un lado, y ha dado la razón al exdiputado Alberto Rodríguez después de que el Supremo le condenase por un delito de atentado contra la autoridad, por otro.

En el PP miran también con recelo la admisión a trámite del recurso del PSOE contra el cambio de reglamento impulsado en el Senado para dilatar la ley de amnistía. Feijóo ha situado la Cámara Alta, donde cuentan con mayoría absoluta, como una especie de fortín contra Sánchez y ha ordenado elevar el número de plenos mensuales para aumentar el control al Ejecutivo. Pese a las ácidas críticas de los populares, el partido mantendrá su ofensiva jurídica contra la ley de amnistía y el resto de cesiones al independentismo en el Tribunal Constitucional, aunque desconfían de que, en algún momento, pueda avalar sus intereses.

El durísimo tono de Feijóo ha servido a la izquierda para advertir que el PP se desliza por una senda "peligrosa" y "antidemocrática" cercana a Vox a cuenta de sus ataques al Congreso, donde reside la "soberanía popular". El PSOE lo achaca a una especie de pataleta por no haber logrado la aritmética necesaria para gobernar —Feijóo se quedó a cuatro escaños de la absoluta—. "Feijóo desprecia y deslegitima lo que somos como país" porque "no soporta la realidad de España", censuró por ejemplo Santos Cerdán, el principal interlocutor del PSOE con Junts.

La armonía y el consenso entre PSOE y PP por la reforma del artículo 49 de la Constitución fue solo un pequeño oasis de la crispación y la desconfianza entre las dos grandes fuerzas. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, tampoco obvió las correosas declaraciones de Feijóo sobre el Congreso o el TC y le lanzó otro dardo este jueves. "Para el PP, todo vale: mintieron con el mayor atentado de nuestra historia para pervertir un resultado electoral y utilizaron el Estado para atacar a un adversario político. Y ahora Feijóo dice que el TC no es legítimo, que el Gobierno no es legítimo, que el Congreso no es legítimo", y remató: "¿Solo es legítimo lo que ellos deciden?".