Crónica de un descenso hacia el desprestigio: La polarización zarandea a las instituciones

El mismo día que el Tribunal de Cuentas dispuso que una treintena de ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña deberían depositar fianzas por un total de 5,4 millones de euros, varios grupos parlamentarios que habitualmente se alían con el Gobierno repasaron la composición del órgano fiscalizador. "Se han adueñado de todo", afirmó un diputado de uno de esos partidos, en una conversación que tuvo con El Confidencial después de conocer la decisión. Se refería a la derecha, en concreto al PP.

La estructura del Tribunal de Cuentas la forman doce vocales, de los que seis provienen de un acuerdo del Congreso y otros tantos de un acuerdo del Senado. En 2012, Mariano Rajoy, líder del Partido Popular y presidente del Gobierno, y Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista, pudieron cerrar las cuotas correspondientes. El PP contaba entonces con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. La victoria lograda en las elecciones de noviembre de 2011 resultó tan aplastante que en la Cámara Alta acaparaba por sí solo el umbral de los tres quintos necesarios para la renovación. Así que ejerció su vasto poder y colocó a siete consejeros de su órbita, incluida una exministra del primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante. En el Consejo General del Poder Judicial, renovado un año después, pusieron a 10 de 20. Es la composición actual, presidida por Carlos Lesmes.

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"Lo dominan todo", repetía el diputado antes aludido, indignado porque considera que el Partido Popular está ejerciendo la oposición desde las esferas judicial y administrativa. En el Gobierno varios altos cargos piensan más o menos lo mismo. En las filas socialistas la indignación es palmaria; asoma en cuanto se les menta el asunto. En Unidas Podemos es más palpable la rabia. En las dos formaciones hay personas que escrutan mecanismos legislativos que puedan culminar la renovación de los órganos constitucionales, al margen de los canales establecidos.

Pero la aritmética manda y la Constitución, también. Se necesitan 210 diputados para renovar las instituciones que ampara la Carta Magna y los números no dan. Por mucho que esas personas busquen y rebusquen una alternativa al atasco actual, los números no dan. PSOE y Unidas Podemos lo intentaron, no obstante, cuando presentaron una proposición en el Congreso que rebajaba ese nivel constitucional de mayoría parlamentaria. Se trataba de modificar la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial para que, en última instancia, sirviera la mayoría absoluta de 176 diputados.

Urge la renovación de los órganos constitucionales por una razón contundente: porque los mandatos han caducado

Así sí que daban los números. Los socios de la coalición plantearon la iniciativa por la vía rápida, sin el dictamen de los órganos consultivos. El Gobierno pretende la apropiación de las instituciones, clamó el Partido Popular. Lo denunciaron ante todos los estamentos posibles y ganaron: el PSOE decidió retirar la propuesta en cuanto constató el malestar de la Unión Europea y el mosqueo generalizado de los magistrados, independientemente de su apego ideológico. Hasta en el lado socialista del Gobierno había dudas porque de alguna manera se estaban cambiando las reglas del juego por la puerta de atrás.

El resumen de lo contado hasta ahora podría ser este: los partidos hegemónicos en la izquierda procuraron terminar con la prevalencia de la derecha en las instituciones (según su diagnóstico) haciendo casi lo mismo que el PP siete años antes. En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, reformó la ley del poder judicial para fortalecer la mayoría requerida en una de las dos Cámaras. Como los populares en esa etapa tenían el dominio total del Senado, la conveniencia propia era más que evidente.

Este es el bucle que cíclicamente acecha a las instituciones.

Estado de anomalía

Urge la renovación de los órganos constitucionales por una razón contundente: porque los mandatos, en la mayoría de los casos, han caducado. Al superávit temporal del CGPJ, se une el del Defensor del Pueblo, el del Tribunal de Cuentas y el del cupo del Tribunal Constitucional que depende del Congreso (cuatro magistrados).

El presidente del Gobierno, hace dos semanas, en su balance de curso político, conminó al PP al acuerdo. El líder de los populares, poco después, exigió lo mismo al PSOE. Entre medias, una retahíla de acusaciones de vulnerar la Carta Magna y una crítica algo más sutil: la apropiación de las instituciones. En el Partido Popular consideran que el mandatario socialista reculará porque la presión de la UE aumentará exponencialmente; en el Gobierno hacen una lectura igual: será Casado el que ceda a la presión.

Hablar con representantes de ambas organizaciones es un ejercicio francamente frustrante. Emplean los interlocutores las mismas palabras, pero en direcciones opuestas. Es un círculo vicioso que demuestra el altísimo nivel de polarización que este país ha alcanzado. El bucle comentado antes.

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Incluso una buena noticia, como la del acuerdo para recomponer RTVE, se intoxica enseguida. La difusión de que el pacto estaba hecho resultó llamativa porque, si bien el texto era el mismo en las notas de prensa de socialistas y populares, un matiz delataba una susceptibilidad a flor de piel. El PSOE habló de un acuerdo con el PP, Unidas Podemos y el PNV. El PP, de un acuerdo con el PSOE. El caso es que ese pacto hubo que voltearlo por completo entrada la noche anterior porque la formación de Pablo Casado vio el nombre de José Manuel Martín Medem, quien antaño ya ocupó un puesto del Consejo a instancias de IU, y planteó dos nombres muy identificados con sus propias siglas.

Tenían que contrarrestar el órdago con otro órdago, así que las partes lo aceptaron, lo anunciaron, como se ha dicho, y los profesionales de la televisión y la radio públicas se llevaron las manos a la cabeza. Se hizo un concurso para premiar la cualificación y asentar el mérito, y los grupos mayoritarios lo aparcaron. Se hizo un concurso para expulsar cualquier tentación de injerencia y al final la injerencia tomó las riendas.

Ya el decreto ley que consagró la administración única arrastró dudas. Rosa María Mateo caminó por un mandato volcánico, repleto de acusaciones y sospechas. A las diatribas políticas que se escuchaban en la comisión parlamentaria sobre RTVE, se unieron las denuncias internas. Uno deambulaba un rato por las redes y era fácil localizar perfiles de profesionales de la casa llenos de comentarios propios en defensa de su trabajo. El Tribunal Constitucional, a primeros de julio, cuestionó el decreto mencionado de la administración única. A buenas horas, dijeron en la derecha, aunque no disimularon su satisfacción por el varapalo. Era la demostración de que el proceso nació viciado y vivió viciado, acosado por la manipulación y la tergiversación. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid que gobierna Isabel Díaz Ayuso, la dirigente política del momento, lo primero que ha hecho el nuevo Gobierno, lo más perentorio, ha sido reformar la ley de la cadena pública para situar como administrador único a José Antonio Sánchez, quien llevó la batuta de RTVE en época de Mariano Rajoy.

Diagnóstico de la situación

Es una anomalía que el Consejo General del Poder Judicial lleve más de dos años en funciones, y lo que le espera. Un órgano encargado de velar por la independencia de los jueces ha caído en las redes de la polarización política.

He aquí una de las causas. Hay más, y tanto los expertos consultados por El Confidencial como representantes políticos, estos bajo condición de anonimato, apuntan varias. Una de ellas es meramente temporal. La raíz de las composiciones actuales nació en la época en la que Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. En 2012 ejercieron esta holgura en el Tribunal de Cuentas y en 2013, en el Consejo General del Poder Judicial. A Pablo Casado esta situación le va de perlas, argumentan en varias formaciones de izquierdas. Algunas de las personas que han participado en esta crónica añaden un tercer factor: la endogamia.

Tanto PSOE como Unidas Podemos quieren universalizar el sistema de acceso a plazas de la judicatura y de la administración. Su análisis parte de una diferencia de clase: solo las personas de familias con rentas altas pueden costear las largas y exigentes oposiciones de entrada. Pagar a un preparador años y años, o una academia, no está al alcance de todos los bolsillos. Al final, arguyen, llegan a la judicatura los hijos de los que ya están, reproduciéndose un modelo, y por tanto, los atributos de ese modelo. Lo mismo sucede en la ocupación de los puestos más importantes de la administración, la elite del Estado, los técnicos que canalizan las leyes y que las encajan en el ordenamiento. El PSOE, en la ponencia marco del congreso federal previsto para octubre, ha propuesto dar becas a los jóvenes a los que le falta ese colchón económico y desean ser juez, magistrado o administrador civil.

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Universalizar el acceso a la cúspide del poder es deseable, pero como la polarización ha impregnado todos los foros de discusión pública, en esta idea también se encuentra un esfuerzo por la apropiación institucional, como si favorecer a clases sociales de ingresos medios-bajos fuese de izquierdas. Como si la perpetuación del modelo actual fuese de derechas. Y así todo.

También se cuestiona en algunos sectores el mecanismo que dicta la Constitución, de forma que esos umbrales necesarios, de tres quintos de las Cámaras, no valen en un contexto de multipartidismo y fragmentación. Pero no pueden supeditarse determinados preceptos a las coyunturas, no sea que vuelva el bipartidismo, como pretenden Sánchez y Casado, cada uno dentro de sus electorados afines o potencialmente afines.

Están las instituciones en el centro de la diana. Siguen funcionando, aunque lógicamente cada decisión se zambulle inmediatamente en la controversia. El informe del Tribunal Supremo sobre los indultos fue polémico. En los partidos aliados con el Gobierno dijeron que los jueces estaban haciendo política. La sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma causó un gran revuelo.

Pero están funcionando, y quizá por ello, la opinión pública se siente más o menos orgullosa de su sistema. El Informe sobre la Democracia en España en 2020, de la Fundación Alternativas, uno de los más completos por el elenco de los expertos que participan, hace referencia a dos estudios muy prestigiosos, los de 'The Economist' y 'Freedom House'. Según ambos, la española estaría entre las democracias más consolidadas, dentro, podría decirse, de una primera división. Viviríamos a distancia de los puestos de cabeza, aunque bien aposentados en la parte media-baja de la tabla.

La primera de las muestras da a España una nota de 8,12, levemente inferior a la del año anterior, y el país retrocede en esta clasificación hasta la casilla 22. Nuestra democracia "se mantiene dentro del grupo de las denominadas 'democracias plenas', aunque sea, tal y como viene sucediendo en los últimos años, en la parte más baja del grupo", se señala en el informe de 'The Economist'. Y ojo a esta puntualización: "La valoración es mejor que las de Francia y EEUU, que son países considerados 'democracias con problemas' por estos evaluadores". Un cierto deterioro en el ejercicio de las libertades civiles, derivado de la lucha contra la pandemia, sería la causa del paso atrás dado por España, de acuerdo con el trabajo.

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En parámetros distintos se desenvuelve el índice Freedom House, en el que también España sufre un tropiezo, aunque tampoco muy aparatoso. El país obtiene aquí 90 puntos sobre 100, al igual que Francia e Italia. El informe da más peso a las libertades civiles que el anterior, y por eso, el examen es más severo al respecto.

La Fundación Alternativas colige: "Hay una convergencia en torno a una cierta erosión de las libertades civiles que debe llamarnos la atención". El diagnóstico es benigno en líneas generales, aunque esta organización destaca un matiz: "es la libertad de expresión la que retrocede".

La polarización

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, Eloy García, en declaraciones a El Confidencial, emplea una palabra para describir el estado actual de las instituciones: "involución". Es lo que ocurre cuando "los servidores públicos pretenden convertirse en dueños". Opina que esta es una época en la que priman "los liderazgos fuertes", y lógicamente, "instituciones débiles". "La pelea es por lotes de poder", lamenta.

A su entender, "los partidos han invertido la realidad", pues actualmente nacen en el poder y se dirigen a la sociedad, cuando lo que debe predominar es justo la tendencia contraria. La desconexión de las plataformas partidistas con la ciudadanía azuza ese apetito de influencia de los líderes. Le resulta curioso que en España "el líder de un partido sea a la vez presidente de gobierno", de manera que es más fácil que "los intereses particulares triunfen" y el interés general se socave.

"Cuando un gobierno da paso a otro, cambian un sinfín de cargos públicos que son lugares en los que no debería caber la afinidad partidista"

Colega de García es Javier Tajadura, catedrático en la Universidad del País Vasco. La principal responsabilidad del debilitamiento de las instituciones reside en los partidos, según su lectura. Coinciden estos dos expertos consultados en que la cultura política actual es la carcoma de la cultura institucional. "Se ha destruido el consenso de la Transición", proclama el propio Tajadura antes de criticar a la clase política por practicar "la demonización del adversario". La alternancia en el poder, saludable por otra parte, debería resolverse con una cierta estabilidad en la dirección y orientación de las instituciones. "Cuando un gobierno da paso a otro, cambian un sinfín de cargos públicos, hasta el director de la policía o directores de los hospitales, que son lugares en los que no debería caber la afinidad partidista", destaca. Preponderan las "lógicas caudillistas", sentencia.

Vicepresidente de la Fundación Alternativas y catedrático de Derecho Constitucional, Diego López Garrido, que fue diputado del PSOE durante varias legislaturas, coloca a "la polarización" en el origen del "mal momento" que están atravesando las instituciones. "La pérdida de la cultura política que impulsó la Transición, la pérdida del consenso, es la raíz del problema", agravado a su juicio por la convivencia con "unos liderazgos fuertes" y por cuestiones coyunturales, entre las que sobresale, afirma, el conflicto de Cataluña. La "seña de identidad" del sistema democrático español, cultivada durante años, se ha debilitado. La apuesta por el consenso, en resumen, está perdiendo arraigo en la sociedad civil.

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El citado informe de la Fundación Alternativas dedica un epígrafe a examinar la polarización en España, en un contexto internacional de tendencia similar. Aunque confirma que la intensidad ha aumentado, las cotas siguen por debajo de la situación apreciada en Estados Unidos o en Francia. Abunda en que el origen del incremento coincide con la irrupción de formaciones instaladas en los "extremos", casos de Unidas Podemos y de Vox. Una de las conclusiones más interesantes de este apartado del informe, redactado por Mariano Torcal, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra, es el efecto arrastre que la incrustación de estos dos partidos en el paisaje ha provocado en las siglas dominantes, PP y PSOE, pues sus simpatizantes "han reafirmado sus identidades".

Y es entonces cuando aparece la polarización como marco determinante de este tránsito hacia el descrédito institucional. Sostiene Torcal que el momento actual se caracteriza por "la polarización afectiva", y acto seguido, por "un crecimiento del extremismo ideológico". La tendencia se está acentuando porque "la disputa constante entre los políticos y sus discursos, llenos de descalificaciones y 'demonizaciones' del oponente", está propiciando la percepción de un "enfrentamiento irreconciliable".

Desprestigio y la importancia de la Constitución

Está en todas partes, se mire donde se mire. El desprestigio.

La sospecha de apropiación institucional o injerencia política sobrevuela por el Congreso, algo que tampoco es exclusivo de estos tiempos. Ya después de las elecciones de noviembre de 2015, una vez el socialista Patxi López fue designado presidente de la Cámara, se produjo un choque institucional sin precedentes porque el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy se negó a someterse a las sesiones de control de los diputados, lo que el PSOE llevó al Constitucional. Le dieron la razón. No hubo entonces denuncias ni lamentos, en un lado, al menos, se entiende.

Fue extraño el compás de espera en que se sumió el Congreso después de la victoria de Pedro Sánchez en las elecciones del 28 de abril de 2019. Hasta julio no se celebró el debate de investidura, que es cuando se inicia el cronómetro de los tiempos hacia una hipotética repetición de los comicios. La Cámara se constituyó, el rey hizo las consultas y pidió al vencedor que intentara forjar una mayoría que le propiciase un nuevo Gobierno. Fue la época del duelo entre Sánchez y Pablo Iglesias para pactar la coalición, lo que fracasó.

Es anómalo el recurso excesivo a los decretos leyes, que la Constitución reserva para situaciones de "urgente necesidad". Se ha reemplazado la urgencia por la oportunidad política. El apremio por desarrollar leyes acordes al programa del Gobierno de turno ha doblegado al trámite parlamentario. En vez de proyectos de ley que son negociados largamente en el Congreso, abundan los decretos, que cuando llegan al Parlamento para convalidarse o derogarse ya están en vigor. "Decretazos", denunciaba la oposición del PSOE cuando los practicaba el Ejecutivo de Rajoy. "Decretazos", denuncia ahora el PP al usarlos el Gobierno de Sánchez. Una vez más, el bucle.

Sánchez optó por poner al frente de la Fiscalía General del Estado a una exministra suya, a Dolores Delgado, quien además figuró en la lista electoral del PSOE por la circunscripción de Madrid. Que Delgado conoce bien el pasilleo del ministerio fiscal, su idiosincrasia, es indudable, pero al elegir a alguien con un perfil tan imbuido de siglas partidistas, el presidente se arriesgó a una oposición feroz y unas diatribas que aún hoy continúan. Es obvio que le compensaba. Es intrigante que así lo vea.

No hay precedentes de sanción a un jefe de Ejecutivo por vulnerar la ley electoral, hasta que la Junta Electoral Central (JEC) lo hizo precisamente con Sánchez por haber dado una entrevista a La Sexta desde el palacio de la Moncloa cuando no debía (periodo del 28-A). Interpretó el denunciante, el PP, pues la Junta solo actúa a instancias de parte, que el candidato socialista estaba vendiendo logros desde una institución pública, la Presidencia. Le dieron la razón.

Sin embargo, como demostró el reciente proceso electoral de Madrid, el 4 de mayo, a los políticos parece que les sale rentable la infracción. Es mayor el rédito político de la tropelía que la censura pública por la amonestación. No habla bien de la clase dirigente una percepción de semejante índole, sobre todo por eso de predicar con el ejemplo o de la honestidad y honradez en el ejercicio de lo público.

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En todas partes anida la sospecha. En el ámbito judicial (CGPJ, TC...); en el legislativo (decretos en el Congreso); en el administrativo (Tribunal de Cuentas); en el civil (Defensor del Pueblo) y en el mediático (RTVE, EFE, Telemadrid...) y hasta en el Boletín Oficial del Estado, en donde, con motivo de una modificación del Código Penal aparece un rapapolvo a un Gobierno anterior.

Pero no todo está perdido. La Constitución se mantiene a salvo. "Tiene una gran salud, pese a todo", recalca López Garrido. "Debe ser revisada, sí, pero en este tiempo de 'entretanto' se mantiene como referencia. Frente al desafío del independentismo catalán, fue un baluarte. La Constitución es y será la columna vertebral". Javier Tajadura incide: "Es la herramienta que da estabilidad; es el elemento de cohesión a pesar de las presiones que está sufriendo". Eloy García, en cambio, disiente al asegurar que se ha convertido "en un formalismo". "Se ha perdido su dimensión política".

Dimensión que puede volver. Demande una reforma o seguir como está, la Constitución se mantiene como espejo. Quizá no todo esté perdido.