El Gobierno desempolva un informe de los letrados de 2018 para defender la amnistía

El informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y sus dudas sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía han provocado una inmediata reacción por parte del Gobierno en defensa del encaje en la carta magna de su norma. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha vuelto a defender en declaraciones a los medios la legalidad de la medida —"impecable", según sus palabras— y ha rescatado como respaldo otro informe de los letrados, en este caso de 2018, en el que se consideraba que la amnistía es un instrumento constitucional.

Para Bolaños, tanto las tesis de ese dictamen de hace seis años como la del elaborado por el letrado mayor en la admisión del texto registrado por el PSOE y sus socios, contradicen la visión del informe más reciente que, pese a todo, tachó como "respetable". Los letrados de la Comisión de Justicia sugieren que es necesaria una reforma de la Constitución para que la norma pueda encajar en el corpus jurídico español. Los juristas consideran que la amnistía no está contemplada "en las competencias de las Cortes Generales" ni tampoco en "ningún otro artículo de la Constitución". Recuerdan que la carta magna sí prohíbe los indultos generales y que durante el proceso constituyente se rechazó la posibilidad de incluir la amnistía en la norma fundamental del Estado al negar el debate de dos enmiendas que así lo defendían. "La iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución", concluyen.

Frente a esta visión, el Ejecutivo esgrime la tesis de otros juristas de la Cámara en 2018. En aquel caso, los expertos analizaban una proposición de ley presentada por Podemos y dirigida a la rehabilitación de penas y sanciones disciplinarias que sufrieron guardias civiles por el hecho de reivindicar el derecho fundamental de asociación profesional. La valoración, a la que ha tenido acceso El Confidencial, descartaba la iniciativa del partido morado, asimilable a un indulto general y, por ello, inconstitucional, y pasaba muy por encima de la amnistía que sugería como opción.

El informe de 2018

"La Proposición de Ley analizada contempla la concesión de un indulto general, por lo que cabría entender que incurre en flagrante contradicción con el texto constitucional tanto por el uso inadecuado de la norma como por la generalidad del indulto", aseguraba ese informe. Como respuesta, indicaba a la Mesa que podía optar por inadmitir a trámite la proposición o bien por "solicitar su reformulación, en la medida en que, podrían existir otras figuras dentro de la Constitución, como por ejemplo la amnistía, que respetarían el espíritu perseguido por la Proposición de Ley".

Aquel equipo de letrados también realizaba un análisis comparativo entre el indulto y la amnistía. Indicaban que se debe delimitar qué es un indulto general y "diferenciarlo de su figura más afín, que es la amnistía". "La amnistía supone la extinción de toda responsabilidad por el hecho amnistiado, es decir, extingue el mismo delito, como si no hubiera ocurrido" y "puede concederse antes de que se produzca la sentencia condenatoria, o incluso, como señalaba la Ley de 1977 respecto de las penas que se pudieran imponer".

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Ponían, además, de manifiesto que la iniciativa que entonces quería sacar adelante Podemos utilizaba "tanto elementos del indulto (remisión parcial de las penas) como de la amnistía (grupo indeterminado de personas y aprobación mediante norma con rango de ley)", pero lo hacía "configurando finalmente una figura no permitida por la Constitución". "Los indultos, tal y como se articulan por la Constitución, deben ser particulares y acordados en el Consejo de Ministros y firmados por el Rey, con el refrendo del ministro de Justicia. No existe, en este sentido, participación del Poder Legislativo en la concesión de indultos", recordaba.

Bolaños ha minimizado el alcance del último dictamen e indicado que hay otros con opiniones dispares. "Hay informes de penalistas, de catedráticos del Constitucional…, también de letrados del Congreso. De hecho, que yo conozca, hay tres informes de letrados del Congreso. Y todos ellos son respetables, y los vamos a analizar desde el Gobierno. Hace unos días, hubo un informe de estos letrados donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Hay otro informe, de marzo de 2018, de los letrados de la Cámara, en el que decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional", ha destacado.