Junts y ERC confían en incluir nuevos cambios en la amnistía tras el auto de García-Castellón

El Gobierno no logra quitarse de encima la negociación de la ley de amnistía. Tras dar el segundo carpetazo al texto, con los retoques de las enmiendas, y proclamar que ya no habrá ningún cambio más, un nuevo auto del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha reforzado el interés de Junts y ERC de incluir nuevos matices en el artículo sobre el terrorismo. Hay tiempo hasta el próximo día 30, cuando un pleno extraordinario del Congreso aprobará la ley para enviarla después al Senado.

Y a eso se agarran en los dos partidos. Fuentes de ERC aseguran que "seguiremos hablando". Desde Junts apuntan que "hay tiempo" y lo que hace falta es "voluntad política". Durante la sesión del martes, la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno podría sacar adelante algunas de las enmiendas que permanecen vivas, de Junts, de ERC y transaccionales entre el partido del expresident con el PNV y el grupo republicano.

El Ejecutivo sostiene que no incluirá más modificaciones, pero esa resistencia ya menguó anteriormente. Primero dio por cerrada la ley, tras semanas de conversaciones con las dos formaciones independentistas para acordar la redacción y facilitar así la investidura de Pedro Sánchez. Y después se mostró muy reacio a aceptar enmiendas, aunque finalmente acabó por modificar el artículo que deja fuera de la amnistía los delitos de terrorismo para eliminar la excepción de que haya sentencia firme y limitarlo a los casos de violencia grave.

Ese matiz parecía destinado a blindar más el texto para evitar que Carles Puigdemont, la secretaria general republicana, Marta Rovira, la organización Tsunami Democràtic y el grupo radicalizado de los comités de defensa de la república (CDR), con dos investigaciones abiertas por presunto terrorismo, corran el riesgo de no ser amnistiados. En lugar de aludir a que tenía que existir un fallo judicial, la exclusión de los delitos de terrorismo de la amnistía se circunscribió a que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos", para tratar de diferenciar el terrorismo etarra de los desórdenes públicos que el Gobierno sí cree que se produjeron en el procés.

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Y esto es justo lo que el juez ve ahora en la causa de Tsunami, en la que están investigados Puigdemont y Rovira, por la "gravedad" de las lesiones que sufrieron los policías nacionales durante las protestas. Las dos formaciones no ofrecieron datos ayer de cómo intentar solventarlo. Tanto Junts como ERC mantuvieron ayer la calma y no elevaron aún más la presión sobre el Gobierno. La Moncloa insiste en que no introducirá más cambios, es decir, que no aprobará ninguna de las enmiendas vivas para cambiar en la ley la mención a los delitos de terrorismo. Pero desde ERC señalan que "hay que entender que es un tema tan sumamente delicado, que solo la discreción nos juega a favor".

Que la nueva formulación del artículo sobre terrorismo abría la posibilidad a interpretaciones de los tribunales contrarias a su intención era algo evidente para el mundo judicial, a la vista de su redacción. No han pasado ni 48 horas y ha quedado demostrado. La decisión sobre la gravedad de un hecho, la intención del acusado al cometerlo y si este constituye o no una violación de derechos fundamentales es algo que corresponde a los jueces y más aún en causas en instrucción.

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El auto dictado este jueves por García-Castellón ha venido a ratificarlo. La enmienda fijaba como medida el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que cita los atentados contra la vida y las torturas. En su escrito, el magistrado considera que las acciones de Tsunami produjeron, al menos en una parte, ese efecto. Para argumentarlo, se refiere a las graves heridas sufridas por dos policías nacionales desplegados para contener las protestas que, además, están personados en el caso como acusación particular. “Los investigados podrían ser partícipes”, dice.

No se detiene ahí. Precisa que Puigdemont tenía plena conciencia de las posibles consecuencias de los actos promovidos por la plataforma, como dejó claro en un mensaje que consta en el procedimiento. “El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado”, indicó el expresident catalán en una de las conversaciones intervenidas. Para el juez, esta frase demuestra el dolo (la intención) que puede atribuirse a quien conoce que genera un peligro y, pese a ello, actúa.

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A pesar de todos los intentos de neutralizar esta instrucción y la que afecta a la parte más violenta de los CDR, para que no impida la aplicación de la amnistía, el Ejecutivo sostiene que dejar el texto sobre terrorismo, tal y como se acordó inicialmente, con la exclusión de estos delitos si no había sentencia firm habría sido un coladero y que así queda solo en manos de los jueces dictaminar a quiénes afecta este perdón político. Pero su idea es que con esta nueva redacción Puigdemont y el resto de implicados quedaban definitivamente blindados.

Aunque la postura del Gobierno es de absoluto respeto a las actuaciones judiciales, el resbalón la semana pasada de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que criticó a García-Castellón porque tiene "querencia" por pronunciarse siempre "en una misma dirección" —contra los independentistas— en sus instrucciones, puso de relieve el malestar de la Moncloa con el magistrado y su intento de ver terrorismo donde el Ejecutivo entiende que no hay fundamento para estos delitos con el propósito de que no se amnistíe al expresident y a Marta Rovira.