La tesis de Moncloa sobre el terrorismo 'leve' y la amenaza de contagio a la 'kale borroka'

La tesis del Gobierno sobre la existencia de un tipo de terrorismo más leve y susceptible de ser amnistiado abre una compuerta de recorrido imprevisible. Jueces y fiscales consultados advierten el riesgo de "contagio" de esta interpretación a otros casos asimilables a las acciones callejeras que centran la instrucción del caso Tsunami, el procedimiento para el que ha sido diseñada la redacción de la enmienda introducida esta semana en la ley de amnistía tras un nuevo acuerdo entre el PSOE y Junts. Citan, en concreto, la conocida como kale borroka, considerada desde hace años un tipo de terrorismo vinculado a ETA y dirigido desde la banda, de baja intensidad y diseñado para generar inseguridad en las calles del País Vasco. Como extensión de la acción de la banda, se pena con condenas altas.

Al introducir matices en la excepción de borrar el terrorismo, el Ejecutivo se abre a la argumentación de que este tipo de delito es susceptible de perdón siempre que no suponga "violaciones graves de derechos humanos". La línea roja de la Moncloa se ha movido para aceptar la gracia cuando el terrorismo no represente, según el textual, una "violación grave de derechos fundamentales", y que no se haya cometido "de forma manifiesta y con intención directa". La enmienda añade una capa más y explica que el baremo de esa gravedad queda fijado en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los que se citan los delitos contra la vida y las torturas. Se restringe a los hechos vinculados al proceso de independencia catalán.

Salvando las distancias y las evidentes diferencias (para empezar, la lucha callejera del País Vasco se considera organizada desde la propia ETA), las fuentes consultadas advierten de que la iniciativa sirve para abrir "el melón" del debate. Actos como la quema de autobuses o cajeros automáticos se castigan con penas superiores a los 10 años de prisión por alterar el orden constitucional o gravemente la paz pública, normalmente bajo la tipificación de desórdenes de tipo terrorista. En esas acciones violentas no se producían víctimas mortales. Desde las formaciones nacionalistas, por supuesto Bildu, pero también el PNV, siempre se ha considerado un exceso punitivo con el que se castigaba, además, a acusados normalmente muy jóvenes.

La reinterpretación del terrorismo que realiza la enmienda, para situarlo en distintos niveles y colocar uno de los tipos como "asumible", puede remover las cosas, indica una fuente. "No es difícil imaginar que si se acepta una cosa se vea razonable la otra", asegura una segunda. La mayoría se ha mostrado muy crítica con la redacción de la enmienda. Durante este miércoles, saltaba de móvil en móvil un pantallazo de la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo relativa a la lucha contra el terrorismo.

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En su artículo 2, se indica que los actos terroristas "constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y el disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". "El terrorismo es en sí mismo una violación de los derechos humanos", recuerdan las fuentes. Advierten de que cuando una afirmación de ese tipo alcanza el rango de ley, la repercusión es difícil de calcular.

Las últimas acciones

Los últimos hechos graves de kale borroka en el País Vasco se remontan al año 2020, dos años después de la disolución oficial de ETA y nueve desde que la banda anunciara su cese definitivo de la violencia. Los protagonizó el ala dura del entorno proetarra, crítica con la línea oficial de la izquierda abertzale que representan Bildu y su líder, Arnaldo Otegi.

Fue en protesta por el trato dado en prisión al terrorista Patxi Ruiz, quien inició una huelga de hambre en la cárcel. Hubo violencia en las calles, se quemó un cajero, realizaron pintadas contra los partidos —incluido el PNV, al que tachaban de traidor y cómplice del Estado— y amenazaron a la dirigente socialista Idoia Mendia. Lanzaron pintura roja y octavillas en la puerta de su casa.

La kale borroka es un fenómeno terrorista que empleaba ETA para presionar en las calles en paralelo a los atentados. El uso de cócteles molotov y enfrentamientos con la policía servía además como cantera de la banda, los miembros más activos promocionaban después y se integraban en los comandos clandestinos de la organización terrorista. A lo largo de los años, este movimiento violento callejero se organizó en torno a las plataformas Jarrai, Haika y Segi.

La Justicia española reconoció el carácter terrorista de estas marcas en una sentencia dictada en 2007. Los jueces de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo determinaron que formaban parte de la estructura de ETA. La kale borroka como tal no es un delito autónomo, son daños materiales pero con fines terroristas. Por eso no hay una pena concreta por esta actividad, que viene regulada en el Código Penal a partir del artículo 571. El artículo 573 sanciona a quienes alteren "gravemente la paz pública" o provoquen "un estado de terror en la población o en una parte de ella".

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Este artículo advierte de que se impondrán las penas más altas que contempla a su vez el artículo 557, en el que se abordan los desórdenes públicos. En concreto, castiga con hasta cinco años de cárcel "cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público" o cuando porten objetos peligrosos. Pero la kale borroka no se castiga solo como desórdenes en genérico, sino que también puede acarrear penas por otras actividades ligadas al terrorismo como la tenencia o empleo de artefactos incendiarios.

Por citar algunos ejemplos recientes, en abril de 2022 salió de prisión tras cumplir condena Josu Guinea Sagasti, condenado por la Audiencia Nacional por quemar un cajero automático cuando era concejal de Euskal Herritarrok. Se le impuso una pena de tres años de cárcel por un delito de desórdenes públicos terroristas y de nueve más por tenencia y empleo de artefactos incendiarios "al servicio de los fines de la organización terrorista ETA".

Un año antes, el exjefe militar de ETA Jurdan Martitegi aceptó una condena de dos años y seis meses de prisión por su participación en la comisión de actos de kale borroka durante las fiestas de Galdakao (Vizcaya) en septiembre de 2000. En este caso, la pena fue menor tras llegar a un pacto con la Fiscalía. La defensa de Martitegi y el Ministerio Fiscal presentaron un escrito conjunto en el que el etarra reconoce los hechos.

Este exjefe etarra aceptó dos años de cárcel por un delito continuado de daños y seis meses por un delito de desórdenes públicos, frente a la petición inicial de cinco años. El juicio contra este individuo se celebró más de 13 años después de los hechos que provocaron daños con mazas, palos y el lanzamiento de artefactos explosivos en los inmuebles en la avenida principal de la localidad vizcaína.