La última claudicación ante Junts: retocar el terrorismo en la amnistía

O el Gobierno tiene un problema con la comunicación o lo tiene con Junts. O igual es que tiene dos problemas. El nuevo ajuste acordado este martes en el texto de la ley de amnistía para puntualizar que solo excluirá los delitos graves de terrorismo ha vuelto a evidenciar que, con la presión suficiente, ejercida de manera sostenida, los independentistas acaban ganando la partida.

JxCAT, junto a ERC, insistía desde la semana pasada en que era necesario blindar más el texto para evitar que Carles Puigdemont, la secretaria general republicana, Marta Rovira, la organización Tsunami Democràtic y el grupo radicalizado de los comités de defensa de la república (CDR), con dos investigaciones abiertas por presunto terrorismo, corran el riesgo de no ser amnistiados. Esta amenaza ya sobrevoló la propia redacción de la ley y las negociaciones para la investidura, y el acuerdo que se alcanzó es que quedaban excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo en los que no hubiera sentencia firme. El debate se reabrió con la presentación de enmiendas —el plazo concluyó el martes pasado— y tampoco en ese momento se retocó.

Pero siete días más tarde ese artículo ha sido reescrito, gracias a una enmienda transaccional en la Comisión de Justicia, a pesar de que el Gobierno ha dado a entender durante todo este tiempo que no iba a modificarse y ha mantenido públicamente que la ley estaba "bien armada". Esta nueva capitulación redunda en una idea que empieza a escocer mucho en el PSOE: no solo se vieron obligados a transigir con la amnistía para conservar el Ejecutivo, sino que Junts les somete a una tensión constante y les fuerza a pagar nuevas contrapartidas.

Fue evidente para conseguir que no tumbaran los tres reales decretos leyes del Gobierno hace dos semanas y se vuelve a manifestar ahora, con cambios no previstos en la ley de amnistía. Aunque este fin de semana en la convención del PSOE en A Coruña se ha producido un cierre de filas total con Pedro Sánchez y su política, los socialistas digieren con gran dificultad la dependencia de Puigdemont. "A la gente le está costando asumir el rol que juega", aseguran en el partido.

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Desde el Ejecutivo, se intenta explicar que en realidad no han cedido, que la pretensión de Junts y ERC era eliminar la amnistía como causa de exclusión, y lo que han hecho es definir mejor qué tipo de terrorismo no perdona la ley. Ahora, en lugar de aludir a que debe existir sentencia firme, se vincula a los delitos que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos", en línea con los parámetros fijados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

De esta manera, sostienen fuentes gubernamentales, los delitos de terrorismo se conservan fuera del perímetro de la ley, pero se limita a los casos de mayor gravedad. Consideran que la idea de actos terroristas que existe en España, por la sanguinaria trayectoria de ETA, no tiene ninguna vinculación con los hechos que rodean al procés, más propios de desórdenes públicos. Aunque este argumento también contiene incoherencias, ya que en las dos causas que investiga el juez Manuel García-Castellón, que es lo que en realidad ha instigado todos estos cambios, una contra el sector más violento de los CDR y otra contra Puigdemont, Rovira y Tsunami, la Fiscalía sí ve terrorismo en la primera de ellas.

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En la Moncloa se escudan en que el concepto inicial de "delitos de terrorismo con sentencia firme" era "mucho más amplio" y podría significar que se amnistiara a todo el mundo, porque la ley se aprobará antes de que las investigaciones de García-Castellón estén juzgadas. Ese redactado, señalan, "generaba esa inseguridad". Ahora queda "a juicio de los jueces", que en última instancia son quienes aplicarán, caso por caso, la ley de amnistía.

García-Castellón sujeta sus acusaciones de terrorismo en que funcionaban como movimientos dirigidos por personas, tanto de Junts como de ERC, en que hubo voluntad de causar una grave alteración del orden público y que se actuó contra infraestructuras estratégicas.

El Gobierno tuvo que fajarse con sus justificaciones, porque lo que ha transmitido estos días es que si se aceptaba algún ajuste, no sería sobre el terrorismo. Eso era una "línea roja", decía. Había negociaciones, pero lo que no se esperaba es que afectaran justo a este artículo. Ayer trataban de explicar que se refería a que no habría cambios en que los delitos graves de terrorismo seguirían exceptuados, en contra de lo que pedían en sus enmiendas las dos formaciones independentistas.

Pero la realidad es que la semana pasada fuentes de Junts ya apuntaban que en las negociaciones se había aludido a "explicar qué es el terrorismo", para que no sean asimilables las acciones y asesinatos de ETA con la actuación del independentismo catalán, y sostenían que percibían en los socialistas "voluntad" de llegar a un acuerdo en torno a esta idea. Siete días después, su percepción se ha confirmado, a pesar de que el Gobierno, insistentemente, lo ha negado.