La Audiencia y el CGPJ defienden al juez Castellón y rechazan que actúe "por motivos políticos"

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado este viernes un auto en el que avala las diligencias emprendidas por el juez central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, en el marco de su investigación sobre Tsunami. En un párrafo, la Sección Tercera rechaza las acusaciones lanzadas en su contra por las defensas de los imputados que insinuaron en sus escritos "una pretendida motivación política" del magistrado contra Junts y la investidura de Pedro Sánchez. "Son absolutamente rechazables", dice la Sala.

El auto desestima una tanda de recursos presentados contra el auto en el que el juez tomaba distintas disposiciones para ampliar la investigación sobre las acciones de la plataforma y su alcance. Buena parte de esos indicios fueron incorporados al escrito que dictó este jueves y en el que ampliaba su convencimiento sobre la existencia de un delito de terrorismo. Miembros del Gobierno, como Teresa Ribera, han cargado contra su decisión y el fondo de la misma. La vicepresidenta aseguró que tiene "querencia" por pronunciarse siempre "en una misma dirección" en sus instrucciones y adoptarlas "en un momento particularmente oportuno". "Evidentemente, tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos sensibles", ha añadido.

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una declaración institucional en la que asegura que declaraciones de este tipo "son contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial". Atentan, consideran, contra la separación de poderes y merman la confianza de los ciudadanos en la Justicia, además de interferir en una investigación en curso. "Esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial", concluyen

Afirmaciones como las de Ribera no son nuevas y vienen repitiéndose tanto desde los partidos independentistas como por parte de los acusados. En sus recursos, algunos sugerían que su decisión de atribuir a Carles Puigdemont y Marta Rovira escondía "una respuesta judicial" contra el acuerdo de investidura entre los partidos políticos PSOE y la proposición de ley de amnistía. Los magistrados Alfonso Guevara, Francisco Javier Vieira y Carlos Fraile han aprovechado su resolución para criticar estas insinuaciones.

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Al margen de esta mención, la Sala respalda las diligencias de ampliación ordenadas. No ve que con ellas se incurra en "dilaciones indebidas" ni que revistan "falta de utilidad, necesidad y pertinencia". Los magistrados recuerdan que es al juez y no a las partes a quien "corresponde valorar la eficacia o ineficacia del resultado de las diligencias de investigación".

Las palabras de Ribera, seguidas de las de otros ministros, se producen después de que el magistrado rechazara hace unas horas el recurso de la Fiscalía contra su decisión de remitir al Tribunal Supremo el procedimiento por ver indicios de terrorismo en Puigdemont y Rovira. El juez indicaba que los últimos avances realizados habían ampliado los indicios de este delito y detallaba sus motivos. Indica que existió de forma evidente una voluntad de causar una grave alteración del orden público y desarrollar acciones con especial afectación de infraestructuras estratégicas. El auto se hizo público coincidiendo con la negociación del PSOE con Junts y ERC sobre la incorporación de enmiendas a la ley de amnistía. Ambos partidos piden blindar, precisamente, a los acusados por terrorismo.

Críticas de las asociaciones y enfado en el CGPJ

Las declaraciones de la ministra también han provocado en rechazo de distintas asociaciones de jueces. La Asociación Profesional de la Magistratura, de signo conservador, advierte que en una democracia plena "las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales". "Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país", dicen.

Estas afirmaciones han sido también censuradas por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente. El portavoz de la AJFV, Sergio Olivia, ha asegurado que comentarios como los lanzados por Ribera desprestigian "el país". "Señalar a los jueces solo genera desconfianza en la ciudadanía", ha avisado. Fernando Portillo, de FJI, ha afeado por su parte la "querencia" de los políticos a "protestar cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas".