Sánchez planea una huida hacia delante y aguantar incluso sin presupuestos

El que con niños se acuesta, mojado se levanta. Pocas veces un dicho de los que se escuchan a las abuelas casa tan bien con el estado de ánimo de un partido. Pero la sensación de que no midieron bien con quién se la estaban jugando impregna al Gobierno y al PSOE, después de que este martes Junts tumbara la ley de amnistía, porque no garantiza la salvación de Carles Puigdemont y de su entorno. Aunque piensan que la crisis aún se puede reconducir, en la Moncloa ya están pensando cómo reinventarse y aguantar la legislatura incluso sin unos nuevos presupuestos.

Con su controvertida decisión, el partido del expresident ha forzado una nueva negociación —el proyecto vuelve ahora a la Comisión de Justicia— para que los socialistas acepten sus pretensiones de incluir en la ley los delitos de terrorismo y los de alta traición. Los grupos disponen de un mes para revisar el dictamen e introducir cambios. Pero, aunque en la política española aventurar rima con errar, las señales que emiten los dos partidos son que es muy complicado el entendimiento. Junts no afloja en sus exigencias y acusa al PSOE de "no estar preparado para romper con el franquismo" que, según su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, está instalado en muchas instituciones del Estado. El PSOE cree que "viven en otro planeta".

Según aseguran fuentes del Gobierno, "no vamos a variar de posición". "No tenemos margen. Lo que es inconstitucional, es inconstitucional", explican, en referencia a que si se incorporan las peticiones de Puigdemont a la ley se exponen a que no pase el filtro del Constitucional. "Solo faltaba que encima la tumbara un tribunal progresista", señalan fuentes socialistas.

Pero no se puede descartar que durante estas semanas se encuentre una fórmula intermedia que, sin ser lo que piden los independentistas, les satisfaga. En ese punto medio puede existir la solución, si, destacan fuentes gubernamentales, Junts "cambia de opinión". Y su impresión, a riesgo de volver a juzgar a Puigdemont y su séquito erróneamente, es que la "presión" ahora la tienen ellos. "Nosotros no tenemos a 1.600 personas que se pueden beneficiar de la amnistía", indican. Una reflexión que repiten distintas fuentes consultadas, en alusión a que el veto de Puigdemont a la ley le interpela directamente a él, porque para favorecerse deja en la estacada a miles de implicados.

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Muchos socialistas aplaudieron ayer la intervención de la diputada de ERC Pilar Valluguera, quien dijo: "Esta amnistía no va ni de Puigdemont ni de Rovira, va de las 1.500 personas que hace siete años que tienen su vida en tela de juicio". Y a eso se agarran en el PSOE: "Que se lo expliquen a los directores que abrieron los colegios para poner urnas porque les dijeron que no les iba a pasar nada". En definitiva, a todas las personas anónimas o funcionarios que se vieron implicados en el procés sin pensar que estaban cometiendo un delito.

Pero, si al final no se ponen de acuerdo, la intención de Sánchez es aguantar. Los presupuestos de este año, en los que el Ministerio de Hacienda ya está trabajando, quedan ahora en suspenso. La intención del Ejecutivo era no aprobarlos en el Consejo de Ministros y remitirlos al Congreso hasta no tenerlos totalmente atados con Junts. Las cuentas ya están prorrogadas y el Ejecutivo de coalición puede seguir sin sacar adelante unos nuevos. Ya lo hizo en 2019 y en 2020, con dos prórrogas de los últimos presupuestos del Gobierno del PP, los de 2018, diseñados por Cristóbal Montoro y que los socialistas asumieron al llegar a la Moncloa con la moción de censura. Y es una práctica habitual en las autonomías, sobre todo cuando no se dispone de mayoría, como ha sido normal en los últimos años.

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Por supuesto, no era el plan del Ejecutivo, que ha tratado de vender que tenía un pacto de legislatura con Junts y que su apuesta por un bloque multipartidista era más estable que un Gobierno de PP y Vox. Todo se complica y, al menos hasta que pase este mes, es imposible discernir qué ocurrirá. Lo que, de momento, no está sobre la mesa es una nueva convocatoria electoral. Tiene que transcurrir al menos un año desde la última disolución de las Cortes Generales, que fue en mayo pasado. Y Sánchez, además, tiene mucha confianza en las elecciones catalanas, que deben celebrarse en febrero de 2025, porque piensa que el cansancio social con la matraca del independentismo catapultará a Salvador Illa y logrará ser presidente de la Generalitat.

Legalmente, sí cabe la opción de la moción de censura, la operación sobre la que Génova lleva hablando desde el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ayer se volvía a hablar de este tema en el patio del Congreso. El PP teoriza con la idea de que si a Junts le va muy mal en las autonómicas, dé su apoyo a Feijóo.

Vista la situación actual, no haría falta ni esperar. Pero quien tenga tendencia a leer los posos del café, que lleve cuidado. Ni siquiera el PSOE es capaz de saber qué pasará dentro de un mes. Si Junts rebajará sus peticiones o si serán ellos. Los socialistas, tras tantos cambios de opinión, no se fían ni de ellos mismos. Aunque desde Ferraz se insiste en que no: "No es lo que queramos nosotros o lo que quieran ellos, es una ley que avale el TC".