Junts derriba la ley de amnistía y Sánchez pierde su segunda votación clave en 20 días

La ley de amnistía ha descarrilado en el Congreso en la votación clave. El PSOE no ha atendido esta vez a las exigencias de Junts per Catalunya y la norma no irá, de momento, al Senado. Los neoconvergentes amenazaron con rechazar el texto que marcó la investidura de Pedro Sánchez y ha hecho lo mismo con el arranque de la XV Legislatura porque no ofrecía el suficiente blindaje a su líder, Carles Puigdemont. Los socialistas, a diferencia de lo que ocurrió en el debate de los decretos ley, el pasado 10 de enero, no ha cedido ante las peticiones de los independentistas catalanes, por lo que los siete diputados de Junts han votado contra la ley que supondría el perdón general a los implicados en el procès. Se trata de la segunda derrota clave en 20 días para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Junts ha votado a favor del dictamen que salió de la Comisión de Justicia, donde ahora volverá el texto para un nuevo intento de sacar adelante la norma en un plazo no superior a un mes. El texto que se ha sometido a votación ya incluye las ocho enmiendas técnicas que negociaron los socialistas con Junts y ERC en las primeras fases de la tramitación de la norma. En ese punto, los neoconvergentes ya dieron pistas de cuál sería su comportamiento en el resto de las conversaciones. Las apoyaron a última hora como "gesto de buena voluntad" para añadir nuevos cambios, de mayor calado, en el texto. Su intención era delimitar aún más la exclusión de los delitos de terrorismo para proteger al expresident Puigdemont después de que el juez Manuel García-Castellón emitiese un nuevo auto en el que confirmaba la investigación del líder de Junts por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. Entonces el PSOE, que se había resistido a ese cambio, acabó cambiando su postura con el argumento de que estas enmiendas mejoraban la ley.

El PSOE no se ha movido de ahí desde entonces, a pesar de que el magistrado ha vuelto a lanzar un auto que sortea el blindaje que aparecía en las citadas enmiendas. En paralelo, el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha reactivado el caso Volhov, lo que amenaza aún más la protección de Puigdemont. Eso es lo que en Junts denominan "arbitrariedades de la cúpula judicial española politizada", en palabras de la portavoz neoconvergente Miriam Nogueras. Pero los socialistas no están por la labor de dar un nuevo paso para contentar a sus nuevos y exigentes socios. "Esta tarde elegimos entre la amnistía y el diálogo como vía de solución de conflictos", explican fuentes de Ferraz.

"Que lo expliquen ellos", expresaba una fuente de Moncloa antes de la votación. El PSOE, después de varios meses de martirio en su relación con Junts, ha decidido plantarse. Y lo ha hecho con Pedro Sánchez en el hemiciclo, dispuesto a sufrir una derrota. Es un hecho diferencial respecto a la votación agónica del pasado 10 de enero, cuando el presidente no se dejó ver por su escaño hasta que no se supo que dos de los tres decretos que se debatían saldrían adelante. El tercero cayó, pero fue porque Podemos lo rechazó en un nuevo capítulo de su venganza contra Yolanda Díaz y por el rechazo al recorte en la cotización para los trabajadores mayores de 52 años.

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B. Parera

La tesis de los socialistas es que la ley ya tiene todas las garantías jurídicas y su obsesión es que no pueda tener reproche por parte de los jueces y, sobre todo, del Tribunal Constitucional. Pero no son los únicos que están enfadados por la posición inamovible de Junts. "No podemos perder esta oportunidad", ha espetado Pilar Vallugera en la tribuna. La diputada de ERC ha afeado a sus colegas en la bancada del independentismo catalán que no apoyen el texto y los ha acusado de "caer en la trampa" de los "jueces prevaricadores". "Esto no va de Puigdemont y Rovira, va de las 1.500 personas que tienen su vida en tela de juicio desde hace siete años", ha defendido. Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha incidido en las mismas ideas al afirmar que el objetivo de los “magistrados” contrarios a la norma no es “cargarse la ley, sino cargarse al Gobierno y la mayoría plurinacional que lo sostiene”.

Tras el rechazo de Junts, la norma vuelve a la comisión de Justicia, que tiene un plazo máximo de un mes para volver a enviar al Pleno la ley para su aprobación, aunque fuentes del Congreso indican que este plazo será menor. El texto sería el que salió de la primera sesión de la comisión, con las enmiendas pactadas ya incluidas en la ponencia. No podrían incluirse nuevas enmiendas, pero sí negociar sobre las que los grupos ya tienen registradas, por lo que los cambios que se introduzcan pueden ser de calado. La intención de los neoconvergentes con esta posición es ganar tiempo para seguir negociando, pero la norma queda herida de muerte después de un nuevo capítulo de negociaciones hasta última hora que ponen en duda el futuro de la legislatura.

Bolaños y Puigdemont reaccionan a la derrota

Esto no es lo que defiende el Gobierno, ya que el propio Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y uno de los principales negociadores de la norma, ha asegurado tras la derrota en el Congreso que el Ejecutivo tiene "tres años y medio" por delante. El dirigente socialista sí ha considerado "incomprensible" que Junts haya votado en el mismo sentido que el PP y Vox, partidos que quieren "encarcelarles e ilegalizarles". Y también se ha mostrado confiado en que la ley acabará siendo aprobada, por lo que les ha reclamado a los neoconvergentes que reconsideren su voto. Eso sí, el PSOE y el Gobierno no tienen intención de tocar más el texto. "La ley entró impecable y constitucional y así saldrá", ha zanjado el titular de Presidencia, que ha destacado la "solidez" técnica de la norma.

La respuesta no se ha hecho esperar y ha sido el propio Carles Puigdemont el responsable de dar la réplica al PSOE. "No nos vamos a mover del compromiso de incluir a todo el mundo", ha avanzado el expresident en su cuenta de X, en una larga publicación en la que reconoce que hay "unos días para rehacer el consenso inicial" con los partidos que forman el Gobierno. En su relato de los hechos, el líder de Junts asegura que el voto en contra responde a que la amnistía que figura en la ley no es la que pactaron con los socialistas para investir a Pedro Sánchez. Según Puigdemont, ésta debe ser "total, completa y sin exclusiones" y, para ello, debe ser "más sólida, sin tantas rendijas".

Puigdemont admite en su publicación los esfuerzos de PSOE y Sumar por defender el texto en "un contexto hostil de violencia verbal y en ocasiones física, pero critica que no quieran cambiar la ley para "desactivar las trampas (...) y ponérselo más difícil a los golpistas con toga". De forma llamativa, el dirigente independentista acusa al poder judicial de "subvertir la legalidad constitucional para sustituirla por la legalidad togada".