Junts y el PSOE trabajan un "documento de garantías" de la amnistía para salvar el pacto

El símil de precipicio lleva meses escuchándose en el entorno de Carles Puigdemont: “Caminamos tan al filo con el PSOE que al final te puedes caer”. Este martes, con la devolución de la ley de amnistía a la Comisión de Justicia por el voto en contra de Junts, el pacto de legislatura está en el aire, pero sigue vivo. La voluntad de los junteros, según han expresado a El Confidencial fuentes cercanas al expresidente catalán, es cerrar un acuerdo en los próximos 20 días. “No se aceptará una amnistía que no amnistíe”, aclaran las voces consultas, pero a renglón seguido expresan la voluntad de “encontrar un camino”.

Desde la noche del lunes, los equipos negociadores trabajan en un plan B que satisfaga a ambos y permita dar estabilidad a una legislatura que ha arrancado con fuertes tensiones entre ambas partes. “No hay mal rollo político con el PSOE”, precisan los independentistas, que mantienen que, en privado, miembros del Gobierno comparten las acusaciones de prevaricación contra los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre, que instruyen los casos Tsunami y Voloh, respectivamente. Públicamente, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, salió este martes en defensa del poder judicial ante los nuevos ataques de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, el PSOE trasladó desde un primer momento que era “inviable” modificar el redactado de la ley de amnistía como exigían los de Puigdemont. Los socialistas consideran que la Constitución no deja margen para ir más allá y suprimir de la lista de los delitos no amnistiables el terrorismo y la traición. No podían aceptar las enmiendas de Junts. Había que construir una “vía alternativa”. Sobre la mesa se ha puesto un “pacto de garantías” que comprometiese a ambas formaciones, como se hizo para atar los votos de los junteros en la investidura de Sánchez.

El documento comprometería al PSOE a presentar una nueva ley en el Congreso en caso de que “los jueces cambiasen el curso de lo aprobado por la Cámara que representa la soberanía nacional”. Es decir, si la actual norma deja fuera a Puigdemont u otros líderes como a la número dos de ERC, Marta Rovira, por la interpretación que haga el poder judicial y los delitos que les atribuya durante los disturbios posteriores al 1 de octubre. Por su parte, los catalanes dejarían firmado que mantendrían el apoyo parlamentario a los socialistas, aunque la aplicación de la medida de gracia se viese suspendida por la presentación de recursos en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Opinión

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Por el momento no ha habido luz verde, pero sí existe, según los soberanistas, el compromiso de trabajar sobre el redactado en los próximos días. Los interlocutores de Junts vuelven a colocar el foco sobre Bolaños, con el que “es difícil establecer una relación de confianza”, explican. El ministro tiene un papel muy difícil, dado que es quien tiene que rendir cuentas ante el poder judicial. Puigdemont quiere ir al “choque con los jueces” y desde el socialismo hay reticencias.

En los próximos días se sucederán las querellas y las peticiones de recusación de los jueces Aguirre y García-Castellón por actuar de “forma parcial”. El propio Puigdemont adelantó la estrategia a través de sus redes sociales y acusó a los “golpistas de la toga” de querer “subvertir la legalidad constitucional para sustituirla por la legalidad togada”. Asimismo, ha enviado un mensaje conciliador al PSOE: “Tenemos unos días para rehacer el consenso inicial, del cual no dudo, que la amnistía debe incluir a todo el mundo perseguido por esta maquinaria de trinchar derechos fundamentales en la que se ha convertido —para los catalanes independentistas— la judicatura española. Veremos si somos capaces. Pero nosotros no nos moveremos del compromiso para incluir a todo el mundo”.

Las querellas y peticiones de recusación contra los jueces se sucederán estos días

Queda por ver si, como ocurrió en el acuerdo de investidura, Puigdemont acaba aceptando un acuerdo de garantías sin necesidad de que se modifique la ley. Esto permitiría a Junts mantener parte de su relato de cara a las próximas elecciones catalanas, aunque en la práctica supondría asumir una amnistía sine die. Las encuestas que manejan los partidos catalanes los sitúan como tercera fuerza, por detrás del PSC y ERC, que se disputan la victoria por dos escaños. En Junts hay nerviosismo y eso lleva a un sector a plantear que se deje caer a Sánchez ya. Puigdemont opta por esperar. Los alcaldes han trasladado al partido su preocupación por el ascenso de la marca de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que resta votos a los junteros.

En el PSOE hay desolación. Voces que piden dejar caer a Junts y acabar con la dependencia de Puigdemont. En la Moncloa siempre confiaron en “domesticar” al prófugo, como lo habían hecho en la anterior legislatura con el indultado Oriol Junqueras. Con la amnistía rechazada en el Congreso por 179 votos en contra y 171 a favor, se alarga la agonía para Sánchez con las gallegas en el horizonte. ¿Cuánto tiempo mantendrá Sánchez su órdago a Junts?