El PSOE confía en que la presión de los no amnistiados ablande a Puigdemont

Carles Puigdemont tendrá que volver a bajar del monte para resolver la crisis entre el Gobierno y Junts por el alcance de la amnistía. Lo hizo para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, tras criticar durante cuatro años a ERC precisamente por lo mismo. Y la esperanza del PSOE es que se mueva de nuevo ahora para que el perdón general a los implicados en el procés sea aprobado en las próximas semanas en el Congreso.

No hay mucho tiempo, en cuanto se vuelva a reunir la Comisión de Justicia el plazo para pactar enmiendas y redactar un nuevo dictamen será solo de 15 días. El reglamento de la Cámara establece que cuando una ley orgánica no logra el necesario apoyo de 176 diputados —mayoría absoluta—, que es lo que este martes sucedió en el Congreso por el voto en contra de Junts, el proyecto se devuelve a la comisión, que debe alumbrar otro texto en un mes. Pero fuentes parlamentarias confirmaron ayer que en este caso son solo dos semanas. "El procedimiento legislativo se ha desarrollado por el trámite de urgencia y, por tanto, serán 15 días", ratifican.

La solución al conflicto sobre la amnistía no es fácil, porque el partido de Puigdemont insiste en excluir los delitos de alta traición y de terrorismo de la ley para sortear las nuevas investigaciones judiciales abiertas contra el expresident, y los socialistas se niegan por el riesgo de que sea declarada inconstitucional. El PSOE y Junts han barajado opciones alternativas, pero hasta la fecha no ha sido posible el consenso. Ahora, además, el clima entre ambos partidos está muy enrarecido, después de que Puigdemont obligara al grupo parlamentario a tumbar la amnistía.

Fuentes cercanas a las conversaciones sostienen que "ni ellos saben" cómo encontrar una salida. "Cada uno está proponiendo cosas, pero para los socialistas el límite es el filtro del Tribunal Constitucional". Y lo previsible es que hasta la semana que viene no haya nuevas negociaciones "en serio", porque ahora tienen "la resaca del cabreo".

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Pero la visión del PSOE es que la "presión" está situada sobre Puigdemont y que es a él a quien le corresponde explicar por qué no avala una amnistía que puede beneficiar a 1.600 personas. Consideran que esto va a influir en que Junts "recapacite". A pesar de la amenaza de que sin una ley en la que entre todo el mundo y de aplicación inmediata no habrá presupuestos ni legislatura, que esta formación lanza ya a las claras, la intención de la Moncloa es continuar, porque las cuentas de 2024 están prorrogadas, y esperar a ver qué pasa.

Incluso, aunque al final no hubiera ahora amnistía, conjeturan que la ley podría retomarse más adelante una vez que las investigaciones a las que tanto teme el expresident —como posible impulsor de Tsunami y por los contactos de su entorno con Vladímir Putin— hayan concluido sin llegar a juicio. Sánchez se prepara para afrontar esta fase con nervios de acero, pero con la convicción de que la expectativa de una amnistía a corto plazo para alrededor de 1.600 personas —la ley estaría aprobada antes del verano y los jueces la aplicarían caso por caso— operará en contra del interés de un mayor blindaje de Puigdemont.

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Porque aunque el discurso de Junts es que se trata de salvar también a decenas de personas encausadas en el sumario de Tsunami y en el de los comités de defensa de la república, todo el mundo sabe, y así lo expresan en el PSOE, que el nudo gordiano es que el jefe del Govern, huido de la Justicia, no se quede fuera y pueda volver a España en cuanto la ley sea aprobada.

Según defendió el secretario general de Junts, Jordi Turull, durante estas semanas hay una oportunidad de tapar más las posibles "vías de agua" que no existían antes, pero que los jueces han abierto "a golpe de martillo". Al volver la ley a la Comisión de Justicia, explicó, "nos permite volver a negociar y ponernos de acuerdo y compatibilizar todos los intereses".

La postura de Turull es que la Justicia, con sus actuaciones durante estos meses, ha mostrado una serie de "agujeros" en la amnistía con las que no contaban. Si después de los 15 días aparecen otros, "al menos tendremos la conciencia de que cuando la aprobamos no optamos por la resignación".

Su propuesta es encontrar una "redacción" que haga "compatibles" las pretensiones de Junts —"amnistía integral e inmediata"— con la certeza del PSOE de que ofrece seguridad jurídica. Las conversaciones, de nuevo, se han producido con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aunque ahora, a preguntas del periodista, el dirigente de Junts sostuvo que una reunión entre Sánchez y Puigdemont "ayudaría". Semanas atrás, el presidente del Gobierno no descartó ese encuentro, pero siempre una vez que saliera adelante la amnistía y con Junts convertido en un socio fiable. Los socialistas entienden que la formación del expresident no lo es.