La comisión de Justicia de la Eurocámara pide prohibir las amnistías por malversación

Justo en un momento de máxima tensión en España tras no salir adelante este martes la Ley de Amnistía y tener que volver ahora a la comisión de Justicia, otra comisión, en este caso la de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, ha aprobado enmiendas para una futura legislación europea en referencia precisamente a las amnistías por parte de los Estados miembros. La Eurocámara ultima su posición negociadora en las nuevas reglas de la Unión Europea contra la corrupción, y uno de los puntos que la comisión ha aprobado que defienda la institución es que se prohíban los indultos o amnistías en los países de la Unión para delitos de malversación. La enmienda ha salido adelante con el voto en contra de los eurodiputados socialistas.

El texto, que ha salido adelante con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones, tendrá que ser aprobado ahora por el Pleno del Parlamento Europeo en la segunda sesión de febrero. Una vez el texto sea aprobado por el hemiciclo se convertirá en la posición negociadora de los ponentes de esta norma europea. El PSOE ha marcado la posición de voto del resto de eurodiputados socialistas, que han votado en bloque en contra salvo la francesa Sylvie Guillaume. Los Verdes, una familia política grande dentro de la Eurocámara, ha decidido abstenerse, aunque la eurodiputada de Esquerra Republicana, Diana Riba, ha votado en contra de la enmienda.

Eso no significa que esta prohibición vaya a convertirse en una norma europea, sino que esa será la posición que los negociadores de la Eurocámara defiendan durante los llamados "trílogos", las negociaciones definitivas de la legislación europea que se producen entre la Comisión, el Parlamento Europeo, y el Consejo de la UE (donde están representados los Gobiernos nacionales). Habitualmente el Consejo, representado por la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, tiene la mano ganadora en estas negociaciones y suele respetar los intereses particulares de los principales Estados miembros.

"Los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias para prohibir cualquier indulto o amnistía en beneficio de quienes hayan sido considerados responsables de cualquiera de las infracciones penales a que se refieren los artículos 7 a 14 (de la directiva", indica la enmienda de compromiso firmada por el Partido Popular Europeo (PPE) y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, en el que se integra Vox). Lo normal sería, por la aritmética parlamentaria, que esta enmienda salga adelante sin ningún problema en el voto en el Pleno de finales de febrero.

TE PUEDE INTERESAR

La malversación, la piedra oculta en el zapato de la amnistía de cara a Europa

Beatriz Parera

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha asegurado que esta enmienda pone en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez porque demuestra que en la Eurocámara "no se concibe que se indulten o amnistíen delitos de corrupción". "Otra derrota de Sánchez", ha escrito en redes sociales, por su parte, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé. Dolor Montserrat, líder de la delegación popular en la Eurocámara, también ha celebrado la aprobación de esta enmienda. "Ni impunidad ni privilegios. Usaremos en la UE todas las vías a nuestro alcance frente a la amnistía a corruptos y contra la igualdad", ha escrito en redes sociales.

En concreto, los delitos recogidos en los artículos mencionados son cohecho en el sector público, soborno en el sector privado, malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de funciones, obstrucción a la justicia, enriquecimiento por delitos de corrupción e inducción, complicidad y tentativa. Uno de los puntos de interés para el Gobierno de España es que la propuesta legislativa que hizo la Comisión Europea en 2023 eran las horquillas de penas mínimas. En su propuesta, Bruselas señalaba que los delitos de malversación, definidos por el Ejecutivo comunitario como "la comisión, el desembolso, la apropiación o la utilización por un funcionario público de bienes cuya gestión le haya sido confiada directa o indirectamente en contra de la finalidad para los que fueron destinados", debían tener una pena máxima de, como mínimo, cinco años.

Ahora, como parte de las enmiendas de la Eurocámara a esa propuesta inicial, el Parlamento propone subir todavía más ese mínimo de la pena máxima, elevándolo hasta los seis años. El problema para el Gobierno es que tras reforma del Código Penal realizada en 2022 las penas van de uno a cuatro años, por debajo del techo mínimo que la Comisión Europea considera que debería aplicarse.

De hecho la reforma del Código Penal no gustó en la Comisión Europea porque iba precisamente en contra de la propuesta en la que sus técnicos estaban trabajando. Ahora, los eurodiputados conservadores buscan, además, incluir la cuestión de la amnistía. Respecto a la horquilla de penas mínimas, el Gobierno se mostró en su momento tranquilo, asegurando la reforma de 2022 tendría cabida en la propuesta de Bruselas al diferenciar entre malversación con ánimo de lucro y la que no lo tiene y fuentes del Gobierno señalaron que España llegaba con "los deberes hechos" al recoger delitos como el enriquecimiento ilícito que otros Estados miembros todavía no tienen tipificado.

En todo caso las negociaciones entre las instituciones europeas, de la que saldrá la legislación final, están lejos de empezar. Los Veintisiete no han acordado aún su posición para abordar esta reforma, y eso hace pensar que, en principio, los trílogos no comenzarán en esta legislatura europea y deberán esperar a que se conforme la próxima Eurocámara, después de las elecciones europeas que se celebran entre el 6 y el 9 de junio.