el consejo de ministros aprueba hoy la lecrim

La nueva ley acota el tiempo de instrucción y los macroprocesos y elimina el imputado

El Consejo de Ministros aprobará hoy finalmente la ley de Enjuiciamiento Criminal, que debe poner coto a las macrocausas y que acaba con la figura del imputado, una decisión cuando menos polémica

Foto: El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. (EFE)

El Gobierno está dando los pasos necesarios para otorgar más garantías a aquellas personas que están inmersas en un proceso judicial. Desde hace tiempo, el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, quería que desapareciese la figura del imputado porque estigmatiza y daña la imagen de una persona contra la que el proceso todavía está en una fase inicial como para saber si hay indicios suficientes para llevarla a juicio. Así que, en el proyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se aprueba hoy en el Consejo de Ministros, se hace esta modificación, pero no es la única.

A pesar de las fuertes críticas por parte de la carrera judicial, fiscal y del propio Consejo de Estado, el Ministerio de Justicia sigue adelante con su idea de establecer plazos en la instrucción de los casos, algo que hasta ahora no existía, y los mantiene en su proyecto, según ha podido saber El Confidencial. En el caso de que finalmente el proyecto se convierta en ley y quede aprobada, los jueces tendrán seis meses para llevar a cabo todo el proceso de investigación y 18 meses en los asuntos de especial complejidad, que podrían ser prorrogables.

Con esta medida se busca que no se eternicen los procesos y se dé así más garantía a la persona que está siendo investigada. En la Audiencia Nacional, órgano judicial que trata asuntos de especial complejidad, hay sumarios que permanecen en instrucción muchos años. El caso Gürtel, por ejemplo, lleva seis años y el juez Pablo Ruz acaba de concluir hace unos días una parte, quedando abierta todavía otra. Al igual que este asunto hay muchos otros, como el seguido contra la dirección de Batasuna por pertenencia a organización terrorista, que estuvo seis años en instrucción; el de la estafa piramidal de Fórum Filatélico y Afinsa, que ha estado ocho, y un largo etcétera.

La idea de que las instrucciones sean más cortas en un principio está bien planteado si no fuera por las múltiples causas que provocan estos retrasos y que, según diversas fuentes de la carrera judicial, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no ha tenido en cuenta. Un juez de instrucción se apoya en diversas unidades investigadoras, encargadas de hacer los informes necesarios para encontrar y analizar las pruebas suficientes para ir a juicio. Mientras que estas unidades, como es la Policía, la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado o la Fiscalía, se encuentren saturadas, es imposible que una instrucción se agilice.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. (Reuters)
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. (Reuters)

Es decir, en casos complejos, como pueden ser los de corrupción, blanqueo de capitales o crimen organizado, se depende del trabajo de muchos expertos. En las causas abiertas actualmente, se ha podido saber cómo jueces de instrucción esperan durante meses a que los peritos judiciales designados en la Agencia Tributaria o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados analicen y entreguen los informes requeridos. La falta de medios y personal es conocida en todos los juzgados, donde se sigue viviendo una fuerte carga de trabajo.

Riesgo de dejar casos a medias

Por tanto, estas fuentes temen que, si finalmente se llega a limitar el tiempo, muchos casos queden a medias y sin poder recabar la información necesaria para llevar a los sospechosos a juicio. El propio Consejo de Estado alertaba en su informe respecto al anteproyecto del peligro que podría provocar esta fijación de plazos y consideró que la correcta indagación de los delitos debe prevalecer sobre la rapidez.

El ministro también apuesta por evitar la creación de macroprocesos que alargan los asuntos durante años con el fomento de las piezas separadas. Un claro ejemplo es el caso de los ERE de Andalucía que lleva la juez Mercedes Alaya desde 2009 y que acumula ya casi 300 imputados, en un proceso donde el fin de la instrucción no parece que sea pronto. La propia Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la magistrada en varias ocasiones que trocee la causa y la divida en piezas separadas porque se está convirtiendo en un “monstruo” imposible de controlar no sólo por el número de imputados, sino por la cantidad de folios y diligencias que suma ya el proceso.

La juez Mercedes Alaya. (EFE)
La juez Mercedes Alaya. (EFE)

El ideal, por tanto, es ir abriendo piezas separadas que se investiguen con más celeridad y menos complejidad, como es el caso de Palma Arena, instruido por el juez de Palma José Castro contra el anterior Gobierno balear de Jaume Matas, y que lleva ya 28 piezas separadas, una de ellas la conocida como el caso Nóos, en la que el magistrado ha sentado en el banquillo de los acusados a la infanta Cristina de Borbón.

Retira los 'pinchazos telefónicos' sin autorización

Tras la primera fase, Catalá lleva hoy al Consejo de Ministros el Proyecto de la Lecrim con la intención de que entre junio y septiembre la norma pueda estar finalmente aprobada, al igual que la Ley Orgánica del Poder Judicial, según fuentes del Departamento ministerial. Uno de los puntos que ha decidido retirar tras recibir informes en contra de todos los organismos, como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo Fiscal, es la intervención de las comunicaciones, es decir, los 'pinchazos telefónicos' por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin autorización judicial. Una vez analizados todos los informes, Catalá lo ha reconsiderado y ha decidido retirarlo tras la advertencia de que podría ser inconstitucional.

El primer texto aprobado por el Gobierno preveía que, “en caso de urgencia” y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad, la intervención de las comunicaciones podría ser ordenada por el ministro del Interior o por el secretario de Estado de Seguridad y comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que debería validar o anular la medida en 72 horas. Sin embargo, los expertos judiciales y fiscales advirtieron de que esta medida podría ir en contra de los derechos recogidos en la Constitución española.

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