La junta de fiscales, dividida, amenaza con dar el vuelco y complicar la amnistía a Puigdemont

Las aguas bajan revueltas en la Fiscalía del Supremo. La junta de fiscales que se reúne este martes para estudiar el criterio definitivo del Ministerio Público sobre si se debe investigar a Carles Puigdemont por un delito de terrorismo se prevé de alta tensión. Una parte considerable de los fiscales de la Sección Primera no comparte la ponencia sobre el caso elaborada por su compañero Álvaro Redondo, que no ve indicios suficientes contra el expresident catalán. Un grupo busca dar el vuelco al informe final. La decisión se espera ajustada y la discusión, larga y tensa, informan distintas fuentes fiscales consultadas.

Sobre la mesa, un asunto que va más allá de las consideraciones técnico-jurídicas vinculadas a la instrucción sobre las acciones de la plataforma Tsunami Democràtic. Entra de lleno en el panorama político, puesto que la evolución del caso en el Supremo marcará sin duda los siguientes pasos de Junts respecto a la ley de amnistía y, con ello, la negociación que mantiene con el Ejecutivo. Las horas previas a la reunión fueron todo un terremoto. Algunos de los fiscales que votarán respecto a la decisión final ven detrás de la valoración de Redondo la mano del fiscal general del Estado y, por extensión, la de Moncloa. La Fiscalía General niega cualquier intervención, pero la semilla del malestar ya está plantada.

La sospecha de aquellos que desconfían arranca de la existencia de un borrador interno elaborado por el fiscal Redondo que, según sus explicaciones, era un documento de trabajo no procesal que fue escrito tras un primer estudio "rápido". En él, el ponente defendía justo la argumentación contraria a la que ha acabado presentando. Según explicó este miembro del Ministerio Público en un comunicado, un estudio posterior y más reposado le llevó a cambiar de tesis.

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De hecho, en su escrito definitivo, el que valorará la junta, precisa que los indicios tenidos en cuenta por el instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón para elevar la exposición razonada "resultan demasiado abiertos para poderse afirmar que concurre la situación procesal que permitiría, razonablemente, que el Tribunal Supremo asumiera la competencia". "No permite su incardinación en el tipo de terrorismo, al exigir este la comisión de un delito grave contra la libertad", agrega.

Discrepancia

Esta contradicción de criterios con escasos días de diferencia ha servido para echar más leña al fuego de una discrepancia que ya existe desde que el juez Castellón remitió el procedimiento al TS. Las posturas se han enquistado. Aunque este tipo de juntas son ordinarias y semanales, esta será todo menos habitual. En la sala, 15 miembros de la Fiscalía, entre ellos los fiscales del procés Fidel Cadena (jefe de Penal), Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza. Se analizará la propuesta de Redondo y, si una mayoría no la apoya, la tesis definitiva quedará pendiente de redacción, previsiblemente en manos de un nuevo ponente. El funcionamiento del Ministerio Fiscal está regido por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, por lo que Álvaro García Ortiz cuenta con instrumentos para imponer su criterio en caso de no compartir el que reciba un apoyo mayoritario.

Entre los argumentos de los que defienden que no debe apoyarse la apertura de una causa por terrorismo se encuentra precisamente la postura que defendió el fiscal del caso en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. En distintos recursos presentados en las últimas semanas, se ha opuesto frontalmente a que existan indicios de comisión por parte de Puigdemont de delito alguno, ya que no ve acreditado que liderara la plataforma. Tampoco considera que los hechos encajen en el terrorismo, sino en los desórdenes públicos agravados.

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Los que aprecian indicios de que las conductas investigadas son de tipo terrorista recuerdan que encajan en una acción coordinada desde un grupo organizado con el fin de subvertir el orden constitucional y la paz pública. Respaldan con ello la tesis del juez Castellón, que ha indicado en sus escritos que Tsunami "fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia", dirigida por varias personas con roles diversos y que extendía su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, "cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar al Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".

García-Castellón apunta a que su gestación se venía planificando "desde tiempo atrás" y que su lanzamiento final tuvo lugar el 28 de agosto de 2019 como respuesta a la sentencia del procés. También destaca que en las conversaciones intervenidas se hace referencia a que Òmnium informaría "directamente al presidente Puigdemont", pudiendo considerar, con base en la información facilitada por la Guardia Civil, que tanto esta fundación como el propio Puigdemont podrían haber participado en la aparición de la organización además de en el desarrollo posterior de sus acciones. El juez señala que Tsunami fue fruto de una planificación "efectuada por diferentes personas para la ejecución de acciones de gran envergadura, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la estabilidad económica, social, empresarial e institucional de España".