El fiscal del Supremo se opone también a investigar a Puigdemont por terrorismo

El fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, se opone en un nuevo dictamen conocido por El Confidencial a que el alto tribunal abra una investigación contra Carles Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. En un informe que tendrá que ser revisado por la junta de fiscales de lo Penal, considera que no existen indicios suficientes contra el expresidente catalán. Además, asegura en su ponencia que los hechos que ha investigado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se corresponden con unos desórdenes públicos graves, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El procedimiento fue remitido al TS debido a que Puigdemont es aforado. El criterio del Ministerio Público no es vinculante para la Sala de lo Penal, que tendrá que decidir si lo sigue o decide abrir causa en contra de esta argumentación.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya defendió el pasado noviembre un criterio similar. En otro informe, este departamento indicaba que "los indicios que se consignan resultan insuficientes" para investigar a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el procedimiento sobre Tsunami. Según defendió entonces el fiscal Miguel Ángel Carballo, ninguna de las pruebas recabadas permite "sostener la existencia de una organización o grupo criminal ni tampoco su carácter terrorista", por lo que recomendaba remitir la causa a los juzgados de Barcelona. Ese es el mismo razonamiento que sigue ahora el fiscal del Tribunal Supremo, Redondo.

El procedimiento y su desarrollo preocupan a Junts, hasta el punto de que la ley de amnistía no logró el aval del partido independentista por el riesgo de que una investigación por terrorismo en el Supremo deje a Puigdemont fuera de la gracia. La junta de los fiscales que forman la Sección Primera, a la que pertenecen Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Javier Zaragoza —tres de los miembros del equipo que acusó por rebelión durante el juicio del procés—, revisará el dictamen el próximo martes, indican las fuentes consultadas. Todos ellos fueron señalados por el entorno del expresident catalán como supuestos exponentes del lawfare. Junto a ellos y el ponente, se sientan en la junta otros nueve integrantes. Fuentes de la Fiscalía General del Estado precisan que el fiscal Redondo ha adoptado la decisión "según un criterio propio" y niegan presiones para que se opusiera a la apertura de una causa contra Puigdemont como sí apuntan algunos fiscales.

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Tanto Carballo como Redondo, ambos miembros de la Asociación de Fiscales, considerada conservadora, defienden que la acción de la plataforma, que actuó en respuesta precisamente a la sentencia del procés, corresponde con la comisión de delitos de desórdenes públicos y daños, pero no de terrorismo. No ve, además, conexión con Puigdemont en cuanto a la autoría. No hay prueba, agrega, de que Tsunami constituyera una organización o grupo criminal, ni de carácter terrorista.

Para el fiscal, las labores de coordinación que atribuye el instructor de la Audiencia Nacional tanto a Puigdemont como a Rovira no han quedado acreditadas. Ambos mostraron apoyo público a la plataforma, pero ese hecho está muy lejos de afianzar una posición de dirección. Menos aún en un movimiento carente de jerarquías o distribución de funciones que no parecía actuar de forma concertada, indica el nuevo informe, según precisan las fuentes consultadas.

Los argumentos del juez Castellón

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón no comparte esta valoración. En su exposición razonada señalaba que Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami y añadía que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confería "una posición de autoridad incuestionable".

Según explicaba el juez, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios, enumeraba mensajes de los investigados, anotaciones de agendas y destacaba el impulso de Puigdemont a través de Twitter al lanzamiento de la plataforma de Tsunami. También se infiere el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami de una conversación mantenida con un investigado en la que discuten sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la sentencia del procés, decía. La remisión del procedimiento arrastra al resto de investigados no aforados.

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Entre las acciones que se atribuyen a la plataforma, el instructor incluye la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre o el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado o de Europa, como las acciones llevadas a cabo en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control Enaire de Barcelona-Gavà. En una ampliación más reciente, ha comenzado a investigar si se planeó alguna acción contra la comitiva de Felipe VI durante una visita a Cataluña que llevó a cabo en el verano de 2020.

Entre los indicios, el juez precisa también que los disturbios provocaron múltiples heridos, incluyendo tanto agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad como civiles. Dos de ellos se encuentran personados como acusación particular. Este hecho, al que suma también el fallecimiento accidental en El Prat de un ciudadano francés, es para el juez señal de la gravedad de los hechos y la evidencia de que, en ellos, se puso en riesgo la vida de distintas personas.