El dique a la amnistía en el Senado: batería de informes, expertos y la lupa de la UE

Alberto Núñez Feijóo ha convertido el Senado en su principal campo de combate contra el Gobierno. La ofensiva del PP en el Congreso es intensa, pero las propuestas terminan casi siempre guardadas en un cajón por el dominio del bloque progresista en la Mesa. La victoria pírrica del 23-J dio una pequeña alegría a Feijóo con una mayoría absoluta en la Cámara Alta que ahora le servirá para tensar aún más la tramitación de la ley de amnistía. En la dirección popular advierten de que, si el texto logra salir del Congreso, le espera un "calvario" en el Senado. No servirá para frenar la aprobación definitiva de la ley, pero sí para trufarla de obstáculos que pueden mermar la ya delicada relación entre PSOE y Junts.

La Cámara Alta ha congelado el rosario de iniciativas que tenía previsto para los meses de febrero y marzo. La proposición de ley de amnistía no ha logrado salir del Congreso. Lo que debía ser una tarde de gloria para el PSOE se convirtió en un suplicio. Junts cumplió con su amenaza y tumbó el conjunto del texto por no incluir un blindaje íntegro a Carles Puigdemont, asediado ahora por una investigación judicial que le vincula a un delito de "alta traición" por los presuntos contactos con el entorno de Vladímir Putin. Los neoconvergentes sí votaron a favor del dictamen, por lo que la norma da un paso atrás y emprende el camino de regreso a la Comisión de Justicia. El plazo para volver a enviarla a pleno vence el 7 de marzo.

El PP he presentado un escrito de reconsideración en la Cámara Baja, al entender que, tras la derrota del pasado 30 de enero, la amnistía debe volver a la casilla de salida y no a la comisión. Emprenderán todas las acciones legales precisas para conseguirlo, incluyendo la petición de amparo al TC. Pero las posibilidades de éxito son escasas, y el partido de Feijóo se cubre las espaldas llenando de minas el Senado. Para empezar, la Mesa —presidida por el popular Pedro Rollán— ha solicitado un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en un principio llegaría a mediados de febrero. Ahora podría dilatarse, a la espera de conocer el texto definitivo que sale del Congreso.

El órgano de gobierno de la Cámara Alta ha solicitado tres informes más. Uno de ellos estaba dirigido al Ministerio Fiscal que, sin embargo, ha rechazado elaborar dicho documento por "alterar el normal funcionamiento de la institución", una decisión que el PP achaca a la "degradación institucional" del Ejecutivo. El presidente del Senado ha pedido dos informes más a la nueva letrada mayor de la Cámara, Sara Sieira, uno sobre forma y otro sobre contenido de la ley de amnistía. El primero tiene como objetivo dotar de sostén jurídico la convicción del PP sobre la obligatoriedad de admitir a trámite cualquier texto legal, incluida la amnistía, procedente del Congreso de los Diputados.

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Se trata de una decisión de importante calado. El PP ha encargado el mencionado informe justo en el momento en que Vox ha elevado la presión contra Feijóo para que detenga la amnistía con su mayoría absoluta en el Senado. Que la Mesa ni siquiera le dé curso. En Génova están convencidos de que no cabe un supuesto que llevaría a las Cortes al terreno de lo desconocido por el choque institucional entre cada una de sus cámaras. Y también dan por hecho que la más que probable opinión contraria de los letrados avalará su posición frente a la presión de Abascal, que ya ha anunciado que se querellará contra el PP por esta cuestión.

Los populares sí utilizaron su posición de ventaja en el Senado para impulsar una reforma del reglamento con la que eliminar el carácter de urgencia de la norma y dilatar hasta dos meses su tramitación en la Cámara Alta, un tiempo que el partido aprovechará para aterrizar todos los informes y someter el texto a la objeción de expertos. El PP no llevará el debate de la norma a la Comisión de Justicia —como se ha hecho en el Congreso—, sino a la Comisión Constitucional, una declaración de intenciones por las dudas sobre la inconstitucionalidad de la norma.

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Será en este foro en el que el PP registrará las comparecencias de varios juristas "de reconocido prestigio" y catedráticos de Derecho Constitucional para llenar de objeciones el perdón general al procés. A la espera de las modificaciones que se implementen en el Congreso, PSOE y Junts acordaron incluir la amnistía para delitos de terrorismo, con la única excepción de aquellos que hayan causado "violaciones graves de derechos humanos". Ese listado de expertos tratará de arrojar luz, insisten en el PP, sobre los riesgos constitucionales y democráticos de la aplicación de la ley. Los nombres aún se desconocen, pero el Grupo Parlamentario Popular ha celebrado desde hace semanas hasta siete mesas de análisis en el Congreso con abogados, jueces y expertos constitucionalistas para analizar el impacto de la amnistía del procés.

El Senado está también a la espera de recibir un dictamen de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa creado para asesorar sobre cuestiones constitucionales. Sus conclusiones, que podrían llegar a mediados de marzo, no son vinculantes, pero sí servirán para poner la lupa europea en la despenalización del procés y afianzar la ofensiva de Feijóo en Bruselas. Entre otras cuestiones, el PP pregunta al órgano si "es compatible con los criterios de la Comisión" y con "los estándares del Estado de derecho" la posibilidad de amnistiar delitos de terrorismo y corrupción, y también si, a su parecer, tal regulación podría poner en riesgo la "división de poderes" o las "garantías de un proceso judicial".

Más allá de la amnistía, el PP asestará la próxima semana otro duro golpe al Ejecutivo en su fortín por excelencia. La senda de déficit, paso previo para elaborar los presupuestos, se votará en el Senado la próxima semana. Como publicó El Confidencial, Génova tiene previsto tumbar el proyecto aunque sus comunidades tengan que hacer ajustes en consecuencia. Y no es una circunstancia menor, porque a diferencia del resto de iniciativas legislativas, el Senado sí tiene poder de veto en esta cuestión, y los objetivos de déficit caerían. Feijóo anunció, además, que implementaría en la Cámara Alta tres plenos al mes para elevar el control al Ejecutivo y "contrarrestar la humillación" de un Congreso convertido, a su juicio, en un "foro de inestabilidad y chantaje".