El PP eleva su ofensiva judicial y lleva al Congreso los "ataques" de Sánchez al TC

El Partido Popular lleva al Congreso de los Diputados una nueva iniciativa para profundizar en su particular ofensiva judicial contra Pedro Sánchez. Se trata de una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso El Confidencial, para instar al Gobierno a "respetar el papel del Tribunal Constitucional" y "aceptar la separación de poderes como principio básico de la democracia". La propuesta, capitaneada por Cuca Gamarra, llegará a la Cámara Baja justo después de la elección de Cándido Conde-Pumpido como nuevo presidente del órgano de garantías y de la entrada del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la exasesora de la Moncloa Laura Díez como nuevos magistrados del TC.

La votación que decantó una exigua mayoría a favor del ex fiscal general del Estado —el candidato favorito por el Gobierno para el puesto— generó enorme revuelo en el PP, desde cuya dirección censuraron una elección que, a su juicio, no hace sino "tensionar" y "debilitar" al Tribunal Constitucional por falta de imparcialidad. Pero la crítica más dura de Génova fue dirigida a la decisión de adjudicar la vicepresidencia del órgano de garantías a la también progresista Inmaculada Montalbán, "saltándose los consensos respetados por los gobiernos de diferente signo político anteriores a este", ya que, hasta ahora, el número dos del presidente seguía una "corriente doctrinal" distinta. En otras palabras: el PP denuncia que la vicepresidencia no se adjudicase a un magistrado de corte conservador.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

El PSOE (de Sánchez), la decisión del TC y el conspiracionismo perdedor

José Antonio Zarzalejos

Los populares redoblan ahora esa ofensiva jurídica a través de una proposición no de ley que, pese a no tener carácter vinculante, busca mantener vivo el debate sobre los "ataques" de Sánchez a la separación de poderes y a la independencia judicial en sede parlamentaria. La propuesta se registró en el Congreso de los Diputados este 10 de enero, mes inhábil en las Cortes, por lo que no verá la luz como mínimo hasta febrero. Además de la portavoz parlamentaria y secretaria general del partido, el documento lleva la firma de diputados como José Antonio Bermúdez de Castro, Edurne Uriarte o Carmen Navarro, siendo esta última vicesecretaria en Génova.

En la exposición de motivos, la iniciativa hace un repaso de los acontecimientos que, en las últimas semanas, desataron una auténtica "crisis institucional", especialmente a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, entonces aún presidido por el magistrado de corte conservador Pedro González-Trevijano, de admitir el recurso de amparo y la petición de medidas cautelarísimas del Partido Popular, dirigidas a frenar la intención del Ejecutivo de colar una reforma del CGPJ y del propio TC en la misma proposición de ley con la que el Ejecutivo ha modificado el Código Penal.

TE PUEDE INTERESAR

El PP ve al TC "debilitado" y exige a Pumpido no ceder a la "voracidad institucional" de Sánchez

A. B. Ramos

El grupo parlamentario popular critica, en primer lugar, el cuestionamiento que, a su juicio, hizo el propio presidente del Gobierno a la controvertida decisión del alto tribunal, reproduciendo parte de la declaración que Sánchez realizó entonces desde la Moncloa, cuando calificó como "hecho grave" la primera intromisión del TC en un trámite parlamentario y cargó contra la "interferencia" de otro poder en "el funcionamiento del poder legislativo". Para el PP son igualmente graves las declaraciones de Félix Bolaños en el mismo sentido, o la calificación por parte de miembros de Unidas Podemos del asunto como "golpe judicial".

En aquellos días, la tensión política e institucional alcanzó un nivel inusitado. Las Cámaras se convirtieron en un campo de combate, con reproches cruzados de "golpe de Estado" que, incluso, llegaron a describir los próximos comicios como un plebiscito entre democracia o dictadura. "Nunca antes, en la historia de casi 50 años de nuestra democracia, el Ejecutivo había atacado de esta manera al Tribunal Constitucional y había puesto en cuestión la separación de poderes (...). Nunca antes el Ejecutivo había deslegitimado al Tribunal Constitucional apelando a la supuesta ideología de parte de sus miembros, un argumento que debilita enormemente al TC para el futuro, pues deja abierta la posibilidad de deslegitimación constante" del órgano, se quejan en el primer partido de la oposición.

TE PUEDE INTERESAR

Los conservadores del TC acusan a los progresistas de "secuestrar" el tribunal

Beatriz Parera

Los populares hacen suyas las palabras de Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional y exmagistrado del TC, al advertir de que la "destrucción de la imagen institucional" del órgano de garantías puede implicar "el derrumbe de nuestro Estado de derecho". A juicio del partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo, con sus últimas decisiones en materia judicial, el Gobierno ha puesto en riesgo el principio de "democracia liberal", especialmente por haber cuestionado públicamente la decisión de la anterior cúpula del TC de aceptar su recurso de amparo. "Pone en duda el sometimiento del propio Ejecutivo a la ley y al cumplimiento de la Constitución", zanjan.

La citada PNL se suma a otras propuestas que llegarán en pocas semanas a sede parlamentaria, entre las que se incluye una proposición de ley, adelantada por El Mundo, para reformar el sistema de elección en el Consejo General del Poder Judicial, ya condenado al bloqueo en lo que resta de legislatura. Los populares tratarán de extender la polémica para usarla como punta de lanza en un contexto preelectoral que acaba de comenzar, y que tiene como primera parada las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.

TE PUEDE INTERESAR

Sánchez se defiende y acusa al PP de ser el único "que incumple la Constitución"

Víctor Romero. Valencia

En paralelo, Génova trabaja en un "plan de calidad institucional" que, al margen de la "despolitización" del órgano de gobierno de los jueces —cuyo plan complicaría la formación de mayorías progresistas, por el corte conservador que impera en las asociaciones judiciales—, indagará en propuestas para incidir también en el sistema de elección del Tribunal Constitucional para blindarlo de la "voracidad institucional" de Sánchez.

En concreto, Feijóo propone establecer criterios de inelegibilidad de los candidatos que hayan ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores —iniciativa que habría vetado, por ejemplo, la entrada de Juan Carlos Campo en el alto tribunal—, o la reforma del sistema de elección de los magistrados y del propio presidente del Tribunal Constitucional "para clarificar las fases del proceso" y aportar transparencia al trámite. "Seguimos en la senda en la que deben caminar nuestras instituciones, con reformas adaptadas a nuestros tiempos y a las recomendaciones de nuestros socios europeos", estiman en Génova.