El Poder Judicial exige a la presidenta del Congreso que frene los ataques a los jueces

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto a aprobar este lunes una nueva declaración institucional en que muestra su indignación por las manifestaciones que realizaron los portavoces de varios grupos parlamentarios el pasado 30 de enero en el Congreso de los Diputados en referencia a miembros del poder judicial. Junts y ERC lideraron las críticas en el Congreso, pero no fueron los únicos. Volvieron a cargar con dureza contra la judicatura, señalando incluso con nombre y apellidos a los dos jueces que investigan a Carles Puigdemont, García-Castellón y Aguirre, y refiriéndose en términos similares al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena.

El texto, avalado por unanimidad, considera que este tipo de manifestaciones son muy graves pese a encontrarse especialmente protegidas por la inviolabilidad parlamentaria. Eso "no les resta gravedad", y más "teniendo en cuenta que en el debate social y parlamentario sobre la referida proposición de ley se vienen profiriendo acusaciones de lawfare contra miembros del poder judicial", indica la declaración.

"Rechazamos con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos llevados a cabo por miembros del poder legislativo, al tiempo que manifestamos que seguiremos defendiendo la independencia del poder judicial residenciada en todos y cada uno de los jueces y juezas españoles. Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del poder judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial", añade.

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Ana Belén Ramos Carlos Rocha

También reclama el "respeto institucional" que debe presidir las relaciones entre todos los poderes del Estado. "Como ha señalado el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas", dicen. También recuerdan que las valoraciones y las críticas de un poder del Estado hacia los demás poderes deben formularse en un clima de respeto mutuo y que existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte.

"Reiteramos que la independencia judicial es una pieza clave del Estado de derecho y su defensa es imprescindible en el marco de los valores sobre los que se asienta la Unión Europea y su salvaguarda corresponde a todos los poderes del Estado", concluyen.

Los ataques

Desde el estrado, distintos partidos atacaron de forma reiterada a distintos magistrados en el pleno en el que se votaba la ley de amnistía. "Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española", dijo, por ejemplo, Míriam Nogueras. "La Justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado", agregó. La portavoz de Junts incidió en los ataques a la cúpula judicial y recordó al PSOE que debe demostrar "voluntad" para "acabar con la persecución penal de aquellos que quieren hacer política en Cataluña". "No tengan miedo a amnistiar delitos que no se han cometido", advertía.

ERC tampoco se quedó atrás. Pilar Vallugera avisó desde la tribuna de que rechazar la ley es "caer en la trampa" de los "jueces prevaricadores". "El que falla es el primer principio, que los jueces apliquen la ley", dijo. Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, criticó que se dieran oportunidades "a los que están intentando sabotear esta ley". El diputado vasco ha asegurado que el objetivo de los “magistrados” contrarios a la norma no es "cargarse la ley, sino cargarse al Gobierno y la mayoría plurinacional que lo sostiene".