Pumpido no contempla abstenerse frente a una futura ley de amnistía

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, estará, con toda probabilidad, al frente de la futura deliberación sobre la ley de amnistía que prepara el Gobierno en respuesta a las exigencias de Junts y ERC. Según aseguran fuentes jurídicas, la actual situación del magistrado, desde hace unos meses apartado de determinados asuntos que afectan a Carles Puigdemont, no afecta al estudio de un texto de estas características. Situación distinta es la del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, cuya intervención en la concesión de los indultos, argumentada desde su departamento, pone muy complicado que participe en la decisión final del TC.

La actual abstención de Conde-Pumpido se refiere exclusivamente a los recursos de amparo que puedan presentar el expresident catalán Puigdemont y los demás procesados en la causa penal seguida en el Supremo. No afecta a otros asuntos, como podría ser un recurso de inconstitucionalidad. El presidente fue recusado precisamente por los investigados por el procés. Reclamaron apartarle cuando ejercía como coordinador de todas las sentencias del tribunal de garantías que desestimaron sus recursos, casi un centenar. El actual presidente del TC siempre se manifestó a favor de la desestimación y nunca hizo votos particulares en contra del criterio mayoritario.

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Pumpido decidió abstenerse después de que Puigdemont le recusara esgrimiendo sus palabras en una conferencia ofrecida en 2017. En el escrito en el que comunicaba formalmente su decisión, incidía en que se apartaba "a fin de garantizar preventivamente el derecho a un proceso con todas las garantías de quienes son parte o se ven afectados por el contenido de las resoluciones cuestionadas".

En la conferencia que motivó su recusación, pronunciada en el Congreso de los Diputados el 23 de noviembre de 2017, Pumpido repasó distintas sentencias del TC, algunas de ellas de enorme actualidad en aquel momento, como aquella en la que se declaraba la inconstitucionalidad de la ley de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación. "Al aprobar esta ley, se han alzado frente a la soberanía nacional residenciada en el pueblo español, convocando a una fracción del pueblo catalán, en desafío a la unidad de la nación, a decidir la suerte del Estado común", dijo ante el Congreso Conde-Pumpido en abril de 2017.

"Lo que me preocupa es, concretamente, la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia. Es decir, me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que —esta sí— ha sido mayoritariamente aprobada. En resumen, me preocupa que se invoque la democracia, en concreto, la democracia directa, para derrocar la Constitución", añadió.

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A la vista de esta intervención, en la que el magistrado mencionó "el instrumento más contundente de que dispone el Estado de derecho, que es la pena", Puigdemont consideró que Conde-Pumpido apoyaba ya por entonces la existencia de indicios "para una imputación por los tipos penales de rebelión y de sedición". "Ya en aquel momento tenía formada una posición sobre la responsabilidad penal de los recurrentes en amparo que consideró oportuno expresar públicamente", sostenía el expresident.

Mientras que la presencia de Pumpido está casi garantizada, parece obvio que Campo no podrá intervenir en una hipotética decisión sobre la constitucionalidad de una ley de amnistía. Tuteló desde Justicia la argumentación de los indultos en la que, además, se hacía expresa mención a la amnistía. Como recordaba El País, los expedientes que firmó Campo defendían la aplicación de la ley a esas conductas y recordaba que nadie "está por encima de ella".

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"A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito", llegaba incluso a decir aquel texto. Además, Campo se pronunció sobre la amnistía en declaraciones en las que la rechazaba. "La amnistía no cabe" en la Constitución, aseveró el ministro solo un día después de que el Ejecutivo aprobase los indultos a los presos del procés, el 22 de junio de 2021.

La relación de bloques en el Constitucional está ahora siete a cuatro a favor del bloque progresista. Los conservadores cuentan con una vacante provocada por el bloqueo de la renovación del CGPJ. Nunca se sustituyó al magistrado Alfredo Montoya que renunció por motivos de salud y que fue designado en su día a propuesta del PP en el Senado.