"Es la pegada de carteles de Pumpido": el PP cree que el TC no puede hablar de "derecho fundamental"

El aborto ha entrado en campaña. Después de 13 años, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el recurso presentado por el PP de Mariano Rajoy contra la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. El tribunal de garantías ha pisado el acelerador desde que en enero los magistrados progresistas tomasen el control. El fallo, que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un “derecho fundamental”, ha resucitado un debate que en clave electoral siempre ha incomodado al PP por las distintas sensibilidades que habitan en el partido.

Génova no ve casual que la sentencia se haya dado a conocer a 48 horas del arranque oficial de la campaña electoral. “Ha sido la pegada de carteles de Pumpido”, señalan desde la dirección del PP, en relación con el recientemente nombrado presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. En público, no habrá una palabra que desacredite la labor de los magistrados, pero en privado se señala que el alto tribunal “excede sus competencias” al declarar “derecho fundamental” el aborto. Esto supone que debe defenderse y promoverse.

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Los populares ponen el acento en que el tribunal de garantías debía pronunciarse sobre la constitucionalidad de la conocida como ley Aído, por su impulsora, la exministra de Igualdad Bibiana Aído, y no ir más allá. Es precisamente en esta línea en la que se pronunciarán algunos de los votos particulares de los magistrados que rechazan el texto, que ha salido adelante con el apoyo de los siete jueces progresistas y el rechazo de los cuatro conservadores.

Los juristas que defienden esta tesis consideran que blindar como derecho fundamental el aborto es fruto de un “activismo jurídico” que pervierte la labor legisladora del Congreso y que se busca que una mayoría parlamentaria diferente no pueda cambiarlo. Recuerdan que para incorporar un nuevo derecho fundamental se necesita una reforma de la Carta Magna, que conllevaría un referéndum entre los españoles, dado que afecta al título segundo. Una vez que el Constitucional enmarque como derecho fundamental el aborto, solo un nuevo tribunal, con sensibilidad diferente, podría dictar lo contrario.

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Desde el PP, lamentan que la anterior mayoría conservadora haya sido “incapaz” en más de una década de dictar sentencia. “Llegan los otros y en cuatro días se lo sacan de encima”, resume un miembro del equipo de Rajoy, que lo atribuye al “servilismo” de Pumpido y a que el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, sea uno de los avalistas del fallo.

La consigna es “ignorar” el debate que —asumen— la Moncloa y el PSOE usarán para tacharles de “retrógrados” por ir "en contra de los derechos de las mujeres". Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más allá que sus antecesores al reconocer que el aborto es un derecho “no fundamental” cuando se aprobó la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva impulsada por Irene Montero, que reconoce el aborto libre hasta las 14 semanas y que las menores de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. El gallego se ha comprometido a cambiar este punto, pero asume la ley de plazos. El PP siempre ha apostado por los supuestos.

Génova tendrá que decidir quién acude a la protesta contra la sentencia convocada por la Fundación Valores y Sociedad, de Mayor Oreja

El reconocimiento como derecho, desde el punto de vista jurídico, ya levantó ampollas entre los sectores más conservadores, que piden que este tipo de cuestiones se aborden en una ponencia ideológica o se convoque un congreso extraordinario antes de las elecciones generales para debatir sobre aborto, eutanasia o maternidad subrogada. La dirección del PP descarta de plano abrir ese melón, que “solo da artillería al PSOE y a Vox”, insisten. En los próximos días, tendrán que decidir quién acude a la convocatoria de la Fundación Valores y Sociedad, del exministro Mayor Oreja, que saldrá a la calle para protestar por la sentencia.

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Entre los barones, hay cuórum en que el aborto es un tema que “enfrenta” a sus votantes y respaldan que hasta después de las citas con las urnas no deben entrar a nivel interno en estas cuestiones. Por el contrario, no todos comparten que se hable de “derecho” y defienden una ley de supuestos como la que se aprobó en 1985 por Felipe González. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es de las que no comparten hablar de derecho. “A nadie le gusta el aborto. Tiene que ser legal, seguro y poco frecuente”, declaró recientemente.

Ante el nuevo señuelo de Sánchez, el PP confía en que es una cuestión superada para la mayoría de la sociedad y sus trackings reflejan que no mueve el voto. “Tenemos que liderar la agenda, no ir a rebufo de lo que nos marcan”, reflexiona un alto cargo popular, al tiempo que advierte de que el presidente del Gobierno “resistirá mejor de lo esperado” el 28-M.