El bloque progresista del TC cierra filas contra los nombramientos del CGPJ en funciones

El Tribunal Constitucional celebrará este lunes un pleno monográfico en el que se esperan pocas sorpresas. El órgano de garantías debe pronunciarse sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le impide realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones. Sobre la mesa, dos ponencias contrarias, una que avala el cambio legislativo y otra que se opone. El bloque progresista tiene intención de unirse de forma mayoritaria para apoyar la primera propuesta y rechazar así la posibilidad de que el actual Consejo, de mayoría conservadora, realice una avalancha de nombramientos que han ido quedando acumulados en estos meses.

El TC tiene que responder en concreto a los recursos que Vox y el PP presentaron contra la reforma. Ha tardado mucho en hacerlo. La primera impugnación a la iniciativa del Ejecutivo —ideada en inicio para empujar a los populares a un pacto sobre el Consejo— se presentó en abril de 2021. La estrategia del PSOE no funcionó y ha provocado todo un desastre en el Tribunal Supremo, donde las vacantes alcanzan ya las 23. Tras la decisión del TC, solo un pacto entre los dos principales partidos podrá resolver esta situación cada vez más desesperada.

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Las ponencias no solo son contrarias. Son la noche y el día. La que previsiblemente será aprobada la firma María Luisa Balaguer, que defiende que el legislador tiene cancha suficiente para modificar la ley. En su ponencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, se indica que cuenta con "potestad normativa necesaria, no solo para desarrollar las funciones propias del CGPJ, sino incluso para establecer un régimen excepcional aplicable transitoriamente una vez que expira el mandato constitucional de cinco años".

Para Balaguer, esa prohibición para nombrar cargos "no tiene otra finalidad que dar respuesta a una eventual anomalía: el incumplimiento del mandato constitucional de renovar". No ve, por ello, ni que exista vulneración alguna de la Constitución ni que la reforma implique "atribuir facultades constituyentes al legislador". Tampoco ve que la medida atente contra la independencia del Consejo. Dice que, de hecho, es garantía de independencia. Defiende aquí que, en caso de poder seguir nombrando, los partidos (en este caso el PP) se sentirían tentados de alargar de manera antinatural su mandato "para que este continuara ejerciendo unas funciones de nombramiento con enorme peso en la designación de jueces y magistrados en determinados puestos, y con un elevado nivel de discrecionalidad en el ejercicio de esas funciones".

La magistrada también señala la necesidad de que las competencias del CGPJ queden sujetas a "límites estrictos" de forma que su falta de actuación mantenga a resguardo la del futuro Consejo. La idea es —dice— evitar que un órgano, en situación de prórroga por la concurrencia de una circunstancia de anomalía institucional, "comprometa la capacidad de decisión futura del gobierno del Poder Judicial, allí donde las decisiones a adoptar tengan un alto grado de discrecionalidad y un bajo contenido de mera gestión administrativa".

Contra la naturaleza del Consejo

Lo que para Balaguer es plenamente constitucional supone, para el ponente contrario, César Tolosa, un atentado directo contra "el Estado de derecho y el principio de división de poderes queda afectado". En esta segunda ponencia, a la que también ha accedido El Confidencial, el magistrado recuerda que con las limitaciones impuestas "quedan afectadas sustancialmente las funciones que precisamente justifican la existencia del Consejo": por un lado, intervenir en la elección y nombramiento de jueces, como elemento necesario para garantizar la independencia de los órganos judiciales; y, por otro lado, intervenir en el ejercicio de potestad disciplinaria judicial, con la finalidad de evitar que se convierta en instrumento de presión sobre la actividad judicial o de control político de dicha actividad.

Para Tolosa, "la reforma, al alterar de forma significativa la naturaleza del Consejo, y al afectar al normal funcionamiento de la Administración de Justicia y a la independencia del Poder Judicial, incurre en una vulneración constitucional del artículo 122 de la Constitución". El magistrado también advierte que la reforma desvirtúa al CGPJ y frustra sus funciones esenciales durante un plazo imposible de calcular, sea "corto o largo".

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La reforma bajo discusión es un capítulo más en la historia interminable del CGPJ que aboca a los altos tribunales al colapso en combinación con la ausencia de acuerdo. El bloqueo lleva enquistado cinco años. En palabras del presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, se trata de un ataque a la independencia del órgano. "Si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida", dijo.

Según advirtió, "lo que está fallando es el impulso democrático" por parte de los actores políticos, y esto ha conducido a "uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional", como fue la dimisión hace ahora un año de su antecesor en el cargo, Carlos Lesmes. "El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina", agregó.

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El bloqueo en la cúpula judicial se remonta a marzo de 2021, cuando el PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante esta reforma que impide al órgano realizar nombramientos para los más altos puestos mientras se encuentre en funciones. El Gobierno justificó esta medida como un aliciente para renovar el CGPJ, pero, meses después, el retraso a la hora de resolver asuntos llega hasta tal punto que, según vaticinan fuentes jurídicas, algunos tribunales tardarán años en recuperarse.

Con una plantilla de 79 magistrados, el propio Supremo quedará con 23 plazas vacantes este octubre, una falta de efectivos que ya resulta insostenible para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y la de lo Social. En el caso de la Audiencia Nacional, destaca a su vez la presidencia de la Sala de lo Penal, que quedó vacante tras la marcha de la magistrada Concepción Espejel al Tribunal Constitucional hace un año. El magistrado Alfonso Guevara ocupa la presidencia en funciones desde entonces, pero la elección del sustituto definitivo para un tribunal que dirime los delitos de terrorismo o las macrocausas de corrupción política, entre otras cuestiones, depende de un CGPJ que sigue sin renovarse. En total, las plazas pendientes de renovación ascienden ya a 83.