Interior rechaza incluir a los policías del 1-O en una amnistía por actuar "conforme a la ley"

El Ministerio del Interior está alineado con los sindicatos policiales que rechazan la inclusión en una ley de amnistía del casi medio centenar de agentes procesados por las cargas del 1-O. Fuentes de la cúpula del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska zanjan el debate defendiendo que "la Policía siempre ha actuado conforme a la ley". Este es el argumento de las organizaciones más representativas del cuerpo, contrarias a que se les "equipare" con los encausados del procés bajo la premisa de que en su caso no cometieron ningún delito y cumplieron con las órdenes judiciales. Al igual que el mensaje trasladado desde Interior, confían en la absolución de los 45 agentes imputados por delitos de lesiones durante su actuación para impedir la votación ilegal del 1-O.

El encargado de Sumar para negociar con los independentistas el texto sobre una hipotética ley de amnistía, Jaume Asens, fue el primero en poner sobre la mesa esta posibilidad. La conclusión del equipo de juristas con el que trabaja tras analizar las amnistías en otros países es que deben incluir a todos los implicados, incluyendo a policías. El único límite para el partido de Yolanda Díaz son los "delitos de lesa humanidad", según el propio Asens. Las conversaciones aún están en marcha incluso entre los integrantes de Sumar, pero Podemos ha marcado una línea roja que puede generar discrepancias.

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El miércoles, la secretaria general morada, Ione Belarra, rechazó que se pueda amnistiar a quienes cometan "delitos de malos tratos, torturas, tratos degradantes", en definitiva, los que supongan "vulneraciones graves de los derechos humanos". En una entrevista en la televisión de Pablo Iglesias, Canal Red, la ministra de Derechos Sociales en funciones destacó que esta es la interpretación de las "fuerzas de izquierdas" sobre la ley de amnistía de la Transición.

Belarra citaba los casos de los dirigentes políticos, pero también los de los alcaldes que contribuyeron a organizar el referéndum, o los de los "vecinos y vecinas" que estuvieron vinculados a la consulta. Estas condiciones podrían afectar a algunos de los 45 agentes que van a ser juzgados por la violencia "innecesaria y gratuita" de las cargas. Según el auto del juez del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, casos como el del colegio Pau Claris son ejemplo de una actuación "claramente desproporcionada" y "denigrante" para con algunos de los agredidos. "No resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara a las personas congregadas o que las lancen escaleras abajo o lanzando objetos personales sin necesidad de ello", reza la resolución. Los aliados de Díaz aún están negociando, y nadie se atreve a aventurar qué ocurrirá con estos agentes.

En ERC, admiten que este asunto forma parte de las negociaciones, aunque no se posicionan de momento debido a las diferentes visiones en el mismo seno de su partido. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, lo ha dejado abierto al enmarcar el alivio penal en los hechos que tengan "algún nexo de conexión con el 9-N y el 1-O". Desde JxCAT, son contrarios a que se incluya a los agentes procesados, y el expresident Carles Puigdemont marcaba como condición en su discurso del pasado martes desde Bruselas que la amnistía "debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias con sus victimarios".

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La amnistía ha dejado de ser una línea roja para el Gobierno, pero los socialistas evitan entrar en sus contenidos y ni siquiera aclaran en público si la consideran dentro del marco constitucional. Aunque en privado se admiten conversaciones, la única concesión es que se están estudiando "todos los alcances" dentro de la Constitución para favorecer la "convivencia". Pedro Sánchez se refirió a la necesidad de "pasar página" del procés durante su discurso de apertura del curso político y de buscar apoyos para reeditar el Gobierno "sin temor, ambición y también con audacia".

Los ministros socialistas sortean el uso del término amnistía en sus declaraciones para apelar al "reencuentro" y la "convivencia". Al contrario que sus potenciales socios de coalición, prefieren ir modulando su discurso más poco a poco, puesto que esta concesión era hasta antes del 23-J una línea roja que situaban fuera de la Carta Magna. El PSOE apuesta por la discreción y por esperar el encargo del jefe de Estado, si fracasa la investidura de Alberto Núñez Feijóo, para oficializar las negociaciones.

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La salvaguarda del Ejecutivo no ha impedido que afloren las críticas desde la vieja guardia del partido. El último en alzar la voz, Alfonso Guerra, ha advertido de que una amnistía supondría la "condena de la Transición". El expresidente Felipe González abrió antes la brecha con el argumento de que un alivio penal de estas características implica reconocer que los encausados en el procés hicieron "lo correcto" y no cometieron "ningún delito y ni una falta siquiera". Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla son otros de los exministros que han mostrado su oposición en público.

Directiva sobre lucha contra el terrorismo

Las demandas de los independentistas catalanes y la disposición del Ejecutivo a buscar su apoyo también han tensado las relaciones entre la judicatura y el Gobierno. En la apertura del año judicial, quedó patente el malestar ante la posible aprobación de una ley de amnistía. La asociación de fiscales, mayoritaria, ha reclamado al fiscal general del Estado que marque líneas rojas ante las reclamaciones del expresident catalán y que lo haga de forma expresa. La Unión Progresista ha querido recordar, asimismo, que el Ministerio Fiscal "no se somete a las directrices de ningún Gobierno".

Puigdemont reclamó como condición previa para sentarse a negociar el apoyo de los siete diputados de JxCAT no solo una ley de amnistía, sino también que el Ejecutivo abandone la "represión" al independentismo "a través de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado". Todo ello, con el fin de un "abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas".

Otra de sus condiciones previas, más allá de la amnistía, afecta de lleno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El expresident pidió que se retire "la directiva donde se fijan los objetivos de inteligencia para los cuerpos policiales, [que] nos considera la segunda mayor amenaza después del terrorismo yihadista y que pide a la Europol que nos trate de terrorista". Es una de las cuestiones que más ha denunciado en Bruselas como eurodiputado, en referencia al informe anual del fiscal general del Estado de España correspondiente al año 2021, que califica el movimiento independentista catalán de "terrorismo nacional". Precisamente, la Fiscalía apreciaba en la memoria del Ministerio Público del año 2022, publicada esta semana, "una disminución de las acciones de sabotaje debido principalmente al agotamiento de la militancia y a la falta de hechos relevantes para su imaginario que puedan ser utilizados como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campañas de acciones".