Sánchez se escuda en la militancia frente a las críticas de la vieja guardia por la amnistía

El PSOE busca los mecanismos para desactivar la oposición de la vieja guardia del partido, encabezada por Felipe González, por la disposición de Pedro Sánchez a negociar con JxCAT bajo la premisa de una ley de amnistía. Obtener la ratificación de las bases es uno de los principales para encuadrar el rechazo de una parte de los históricos del partido fuera del sentir mayoritario de la organización. La consulta a la militancia, "obligatoria y vinculante", se estableció en el 39º Congreso Federal, celebrado en 2017, para "los acuerdos de gobierno en los que sea parte el PSOE, sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Ejecutivo a otro partido político y para decidir, en su caso, la revocación de los/as secretarios/as generales".

Un blindaje que estableció Sánchez tras recuperar la secretaría general. Este precepto volvió a ratificarse, en los mismos términos, en el 40º Congreso Federal, de 2021. De forma indirecta, como ocurrió en la pasada investidura de Sánchez, se busca así avalar previamente las negociaciones para la investidura. En la consulta que se realizó en 2019 sobre el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, el 92% se decantó a favor y dejó vía libre para buscar en la investidura la necesaria abstención de ERC. Un aval que acalló las críticas desde varios territorios y las dudas entre algunos miembros de la propia dirección.

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En la dirección socialista esperan su "turno" para iniciar la ronda de contactos con otros grupos parlamentarios si fracasa la investidura de Alberto Núñez Feijóo, como todo apunta, y cerrar un acuerdo de coalición con Sumar. Este pacto deberá ser ratificado por las bases y su intención es emplearse a fondo para movilizar a los militantes en su favor y esforzarse por ser pedagógicos sobre el objetivo de sus intenciones. La debacle del PSOE en las pasadas elecciones municipales y autonómicas todavía pesa para activar la maquinaria interna y conseguir una participación en la hipotética consulta suficiente para desactivar a las voces críticas. Hace cuatro años se movilizó en la consulta el 63% del censo de militantes, superando así la barrera de los 100.000 votos. A ellos se sumaron otros 6.000 del PSC, que realizó su propia votación.

En clave interna, Sánchez ya reivindicó en un acto de partido en Málaga, el pasado fin de semana, cuatro años más del PSOE en el Gobierno con la retórica de defender una coalición "progresista". "La España progresista existe, exige respeto y merece estar representada", alegó. En su discurso de apertura del curso político, como presidente del Gobierno en funciones, volvió a reclamar su legitimidad para seguir gobernando, mencionó la necesidad de "pasar página" sin citar expresamente la amnistía a los encausados del procés y apeló a la "diversidad territorial".

Más allá de los mensajes críticos lanzados por Felipe González y Alfonso Guerra, así como los exministros Ramón Jáuregui y Jordi Sevilla, en este escenario se pondría de relieve el papel de las federaciones más críticas y contrarias a los pactos con los independentistas. En este sentido, en Aragón ya se opusieron frontalmente a la apertura de un debate sobre el modelo territorial en los términos planteados por el lendakari Iñigo Urkullu. Su secretario general, Javier Lambán, se sumaba este viernes a las críticas porque una amnistía "abriría una vía de agua en la nave constitucional que podría llevarla a pique". El presidente del Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hacía lo propio respecto a una amnistía que según su opinión es inconstitucional porque "vulnera el principio de igualdad ante la ley". "Más que una amnistía, es una autoamnistía. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, son juez y parte", criticó el barón manchego.

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La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, Isabel Rodríguez, sorteaba las advertencias del expresidente Felipe González sobre la supuesta inconstitucionalidad de la amnistía, avanzando que sobre las decisiones del partido "podrán expresarse todos los militantes, tengan la condición que tengan". En la dirección del PSOE apelan a los procedimientos internos del partido en su toma de decisiones. Además de la consulta obligatoria y vinculante sobre acuerdos de Gobierno, existe la posibilidad de convocar una consulta específica "sobre asuntos de especial trascendencia", si así lo decide la ejecutiva. Lo que sí se da por hecho es la celebración de un comité federal en el que se aborde el debate sobre los pactos de investidura.

Fuentes de la Moncloa inciden en su determinación por buscar un acuerdo con los partidos soberanistas, pese a las exigencias puestas sobre la mesa por el expresident Carles Puigdemont. "Los números son los que son", señalan, para visibilizar que no hay otra vía para buscar la reelección. Sánchez se apoyó también en el resultado de las urnas durante su discurso en el Ateneo de Madrid para justificar esta única alternativa, partiendo de la lectura de que el 23-J "triunfó el progreso frente al retroceso". Esto es, según añadió, "la mayoría social de españoles y españolas apostaron por la responsabilidad de seguir construyendo, de avanzar juntos, de gestionar de manera democrática nuestras diferencias, apostando por el progreso y por la convivencia". Dos ejes, concluyó, "que justifican la legislatura de los próximos cuatro años".

En Ferraz se escudan no solo en dejar la ratificación de sus acuerdos en manos militancia, sino también en el aval los votantes. Para ello, blanden los resultados del 23-J que, con un millón de votos más que en las anteriores elecciones generales, avalarían su política de acuerdos durante la pasada legislatura sobre la denominada "desjudicialización". Primero fueron los indultos a los condenados del procés, que se amortizaron con el transcurrir de la legislatura, y a finales del pasado año se produjo la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación. El Ejecutivo lo justificó, como vuelve hacer ahora, ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con los independentistas para favorecer la "convivencia" y normalizar la relación institucional con la Generalitat.

La brecha de Zapatero entre dirigentes históricos

El distanciamiento de González con el actual líder de los socialistas y presidente del Gobierno es público y notorio, pese al intento de reconciliación en el último Congreso Federal del partido, apodado de la "unidad". Quedó patente ya durante la última campaña electoral, en la que eludió pedir el voto para Pedro Sánchez, pese a las presiones para que lo hiciera. Esta semana, González reconocía en una entrevista en Onda Cero que "me costó votar al PSOE en las últimas elecciones". A aquellas presiones se sumó también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, muy activo durante la campaña.

El protagonismo de José Luis Rodríguez Zapatero contrastó con la total ausencia de González y sirvió para abrir una brecha entre la denominada vieja guardia. En este contexto, y tras echarse la campaña del 23-J a sus espaldas cuando el partido más lo necesitaba por sus malas expectativas, Zapatero emerge con una mayor legitimidad ganada a pulso. Al menos, entre los militantes, siempre más escorados ideológicamente que los votantes. Por el momento, el expresidente socialista no ha querido hacer valoraciones públicas, al igual que los barones afines, siguiendo la consigna de Ferraz de evitar el ruido para "no hacerle el juego al PP".

Al lado de Zapatero, exministros y exdirigentes históricos del PSOE se organizaron antes de las generales para mostrar su respaldo al actual secretario general y su labor al frente del Gobierno de coalición a través de diversos manifiestos. El titulado Votar al PSOE lo suscribieron exministros socialistas, tanto con Zapatero como con Felipe González, entre los que se encontraban Ramón Jáuregui y Joaquín Almunia, ambos contrarios ahora a negociar una amnistía con los independentistas, José Bono, Matilde Fernández, Javier Solana, Mercedes Cabrera, José María Maravall, Carlos Solchaga o Ángeles González-Sinde. Este manifiesto mostró posiciones más ecuánimes, aunque otros previos tenían una orientación más clara en clave orgánica, como el titulado El socialismo más veterano de Madrid, con Pedro Sánchez, o el lanzado por exdirigentes andaluces contra la "satanización" del presidente del Gobierno.