45 policías en el banquillo por las cargas del 1-O: "La cogió del brazo y la lanzó al aire"

Casi seis años después del referéndum ilegal de independencia en Cataluña, 45 policías nacionales que formaron parte del dispositivo encargado de retirar las urnas y de cerrar los colegios electorales durante la jornada del 1 de octubre de 2017, están a punto de sentarse en el banquillo. Las acusaciones contra otros 20 agentes quedaron sobreseídas. El juez Francisco Miralles, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, ha concluido la instrucción y tiene preparada la batería de cargos por los que serán juzgados los policías, que fueron expresamente destinados a la capital catalana para preservar el orden constitucional y siguiendo el mandato judicial.

En esa jornada, relata el auto judicial, los agentes actuaron en un total de 27 colegios. Por sus actuaciones, diversos ciudadanos presentaron denuncias por hechos que, según el juez, “pueden ser constitutivos no sólo de delitos leves o menos graves de lesiones, sino también delitos de los previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal, sin perjuicio de la calificación final de los mismos, que esta resolución no puede limitar ni condicionar”. El artículo 174 es el relativo a la tortura, mientras que el 175 es el que puede acusar a una autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el ámbito de la tortura, “atentare contra la integridad moral de una persona”.

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En los incidentes de aquella jornada, hubo cargas abusivas policiales, lo mismo que agresiones de los manifestantes. Se presentaron miles de denuncias contra agentes que tenían órdenes de cerrar los colegios electorales. Muchas fueron inadmitidas por falta de consistencia; otras fueron archivadas tras las primeras investigaciones; y otras llegarán a juicio en un futuro próximo. Se ha de hacer constar, por ejemplo, que muchas denuncias se sustentan en partes de lesiones que, efectivamente se realizaron.

Pero hay otras denuncias que son poco creíbles. En este sentido, no hay que olvidar que en los manuales que se repartían entre los círculos independentistas se aconsejaba denunciar lesiones o agresiones de los agentes de policía no sólo en esta jornada, sino en toda manifestación, con el objetivo de crear un ambiente hostil a los cuerpos y fuerzas de seguridad y extender la sombra de la sospecha de violencia sobre sus miembros. Esa estrategia era una de las líneas básicas de conducta de grupos violentos que pugnaban por crear tensión en las calles. Por ello, el juez hace distinción entre unas actuaciones policiales y otras y, aún en el caso de que hubiera lesionados entre los ciudadanos, en determinados operativos justifica la actuación contundente de las fuerzas de seguridad.

Golpes y lesiones

Las denuncias que afectan a los 45 policías que se sentarán en el banquillo tienen ingredientes de todos los colores. En el IES Jaume Balmes, ubicado en la calle Pau Claris, por ejemplo (uno de los centros donde más duras fueron las cargas policiales), uno de los ciudadanos que custodiaba el centro les acusa de haberle roto un jersey y unos pantalones. Un anciano de 70 años afirma que un agente “le dio un fuerte empujón y lo lanzó al suelo”. Otra ciudadana señala que no fue directamente agredida, “pero que se desmayó ante la intensidad de los hechos, al quedar atrapada entre las personas que se agolparon ante la actuación agresiva de los agentes de policía”, relata el juez. Un ciudadano (en otro colegio), de 75 años, denunció que “prácticamente perdió el conocimiento al encontrarse arrinconado contra una pared por la actuación policial y que después fue arrastrado y golpeado”. También hubo otra persona que afirma que la policía la sacó “de malas maneras del edificio y que tiene contusiones en un brazo”. Otro más explica que “después de una advertencia por parte de los agentes de Policía, y ante la negativa de la gente congregada a marcharse, un agente le ha hecho una llave en el cuello, dejándole sin respiración y posteriormente fue arrastrado por otros agentes”.

En el colegio Jaume Balmes, el juez rescata algunos autos de su mismo juzgado y de la Audiencia Provincial en los que se relata que “la actuación policial fue claramente desproporcionada en general, tanto para la entrada en el colegio como para conseguir el acceso a la primera planta a través de la escalera. No resulta compatible con ningún criterio de proporcionalidad que los agentes golpeen en la cara a las personas congregadas o que las lancen escaleras abajo, cayendo sobre otras personas que están sentadas, o sobre los escalones, con grave riesgo (…) Se trata, además, de una actuación claramente denigrante, en algunos casos, que no debería haber sido consentida por los responsables que se encontraban in situ en el lugar de los hechos(sic)”.

Lesiones de consideración

En otros colegios, la situación no fue muy diferente. “C.R.F. sufrió hematoma y tumefacción en zona bicipital de brazo izquierdo con dolor a la palpación y erosión superficial”, mientras otra manifestante “sufrió cervicalgia y eritema cervical, tributario de una primera asistencia facultativa, sin secuelas”. Hubo quien sufrió “dolor e impotencia funcional en el hombro izquierdo con tendinitis”. También uno con “policontusiones en tórax y brazos y erosiones en tobillo y pierna izquierda”. En otro, se produjeron contracturas dorsales, contusiones varias. “A.M.G. manifiesta que fue arrojado por los agentes por unos escalones y sufrió una lesión en la oreja que necesitó puntos de sutura”. Más adelante, retoma esta denuncia y señala el auto que el ciudadano “sufrió una herida por arrancamiento del pabellón auricular derecho de tres centímetros de longitud, que necesitó tratamiento médico-quirúrgico consistente en cuatro puntos de sutura, quedándole una cicatriz de 2,8 centímetros en el margen posterior del pabellón auricular derecho”.

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Otro de los incidentes registrados corresponde al que vivió M.J.M.F., de 64 años, que “sufrió traumatismo craneoencefálico leve con herida contusa frontal de 0,5 centímetros de diámetro y otra de puente nasal”. El juez relata que los agentes arrastraron a algunos manifestantes que se sentaban en el suelo para impedir el acceso de los policías a los centros de votación, “P.F.B. manifiesta que estaba sentado pacíficamente en la escalera cuando un agente le dio un puñetazo en la cara y lo lanzó al suelo, recibiendo también una patada en la zona lumbar”. J.M.J, en cambio, “recibió porrazos por parte de los agentes y se le rompieron las gafas”. También M.P.S., que dice que “un agente la cogió del pelo y la cara y la arrastró por el suelo, rompiéndole las gafas”. A J.L.B. una fractura que tenía en la mano derecha se le agravó cuando fue “lanzado al suelo”. L.G.T., en cambio, acusa a los policías de darle “patadas en las costillas”.

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Al margen de las lesiones referidas, la mayoría de las cuales están sustentadas también por partes médicos, hay otras que quedan al albur de la justicia. “M.J.P.P. relató al juez una actuación tan genérica como que “el día de los hechos, fue sacada por la fuerza del lugar y que los agentes se excedieron en el uso de la fuerza con las demás personas presentes”. Una mujer relató que un agente “la cogió del brazo y la lanzó al aire, cayendo sobre un hombre a pocos metros”. J.R.S. relataba que “un agente le cogió de la chaqueta y lo arrastró, dándole patadas y golpeándolo contra un árbol. Después, al intentar volver a entrar en el lugar a buscar a su madre y su hermana, otro agente le puso un dedo en un ojo, siendo arrastrado con patadas nuevamente”. C.M.M. acusa que “intentó salir y un agente la cogió de los brazos para sacarla del colegio, se le engancharon los dedos en la cinta de la porra y cuatro policías la cogieron de las cuatro extremidades y la lanzaron fuera”. Y.L.G. acusó que había recibido patadas de policías y más tarde, “en un pasillo, un agente le pisó la cabeza intencionadamente”. Y.P.G., en el mismo colegio, afirmó que “fue cogido por las orejas, luego por la nariz y finalmente lo cogieron por la mandíbula, girándole el cuello, arrastrándolo unos cinco o seis metros y lo lanzaron por las escaleras”.

Actuaciones no desproporcionadas

El auto recoge el testimonio de M.T.D., “que presentó directamente querella, que manifiesta que el día de los hechos un agente la cogió de la mano derecha y la lanzó al suelo con violencia, fue cogida por otro agente, le retorcieron un dedo y fue lanzada escaleras abajo. Una vez allí, un agente le retorció los dedos de la mano uno a uno y después la cogió de los pechos”. Este testimonio pertenece a una exconcejala de ERC de Gallifa, localidad cercana a Barcelona que en un principio acusó a los agentes de haberle roto “todos los dedos uno a uno”. El incidente quedó finalmente reducido a una capsulitis.

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El juez saca a colación resoluciones judiciales anteriores, como un escrito de la audiencia Provincial de Barcelona que señala que “diversos agentes actuantes se habrían excedido en el uso de la violencia en su actuación, sin que en su declaración judicial hayan justificado correctamente su actuación”. Además, basándose en fotos y vídeos, afirma que en ocasiones los policías no realizaron actuaciones desproporcionadas ni gratuitas, pero en otras, aprecia cómo los policías golpean “con su defensa en la cara a las personas ya desalojadas”, cómo patean a una persona que está en el suelo "intentando levantarse” o golpeando a las personas que han caído. “Tal actuación es claramente contraria a toda la normativa citada anteriormente y tiene una finalidad únicamente lesiva”.

En ocasiones, en cambio, reconoce que, como ocurrió en un colegio, aunque resultasen 18 personas lesionadas, “las denuncias presentadas se refieren siempre a una actuación policial dirigida al desalojo del lugar de los hechos sin utilización de medios lesivos más allá de tirones y agarres por parte de los agentes”, relata el juez. En otro colegio, también insiste en que “las denuncias presentadas relatan todas episodios de agarre y empujón, actuaciones que no son desproporcionadas ni gratuitas, ya que conllevaban una finalidad concreta, que era acceder al local, requisar efectos y salir con seguridad del mismo”. Por tanto, no hubo orden de usar medios desproporcionados ni actuaron desproporcionadamente “como se puede deducir del contenido de algunas de las denuncias”.