El PSC no puede cesar al concejal condenado de Pineda de Mar porque no es militante

Los dos concejales que pactaron su condena con la Fiscalía por amenazar y presionar a los directivos de dos hoteles de Pineda de Mar (el Chekin Mont Palau y el Chekin Pineda) para que expulsasen a casi 500 policías nacionales de sus establecimientos tendrán que hacer frente a un año de cárcel y otro año de inhabilitación. Pero de los dos ediles que fueron a juicio, Carme Aragonès y Jordi Masnou, solo el último continúa en activo en la política. La primera había concurrido como número 2 del PSC en el año 2015.

Aragonès, que era la mano derecha del alcalde, el socialista Xavier Amor, dejó el acta en julio de 2018 por “motivos personales y familiares”. Se fue en loor de multitud, aclamada por el equipo de Gobierno, con felicitaciones de todos los grupos políticos y por el PSC de la localidad. En un comunicado público le agradeció los servicios prestados. Ni mención al desagradable episodio amenazando a los empresarios con cerrarles sus hoteles si no expulsaban a los agentes desplazados por el Ministerio del Interior.

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En 2015, Masnou había ido en cuarto puesto en las listas del PSC, pero como independiente. En el 2019, fue relegado al quinto puesto de la candidatura, también como independiente. Por esa razón, el partido no puede abrirle expediente, puesto que no es militante aunque figure en sus listas. Pero tras el acuerdo al que llegó con la Fiscalía, en cuanto la sentencia se haga firme, deberá dejar el acta de concejal.

La labor de Aragonès fue crucial para orquestar un escándalo mayúsculo que salpica, cinco años después, al PSC. El relato del fiscal, corroborado por todos los testigos, es escalofriante. Denota abuso de autoridad y trasmite unos modales y una manera de hacer inquietante. Cuando los propietarios hoteleros emitieron un comunicado denunciando las presiones y amenazas, llamó a capítulo a los empresarios para que variasen su versión, en otra cabriola política de dudosa legalidad. Y aunque no consiguió su visto bueno, emitió un comunicado como si ellos hubiesen rubricado la versión de la edil.

La versión contraria

En aquellos momentos, el día siguiente de la celebración del referéndum ilegal, su versión de los hechos era la contraria a la que ahora han admitido. Unas desconcertantes y embarulladas declaraciones a La Sexta ponían la guinda a una noche que pasará la historia de Pineda de Mar como una jornada de odio y amenazas por las que el fiscal de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, pedía tres años de cárcel para cada concejal. Tras una negociación, los ediles aceptaron cárcel (no deberán entrar en prisión al ser menos de dos años) e inhabilitación.

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“Hemos llegado a un acuerdo con la gestora de los hoteles —aseguró Aragonès a la televisión—. Hemos pedido que se tenían que ir porque los ánimos están irritados y no hay motivo de que estén aquí porque no está pasando nada (sic), ni mucho menos. Entonces, después de negociar, se han comprometido los dos hoteles que mañana no habrá ya ningún cuerpo de seguridad (sic)”. Afirmaba también que “tenemos al alcalde en Madrid para pactar con el Gobierno central porque esto no se puede tener así y realmente los ánimos son la presencia de la policía (sic), nada más (sic)”. Dijo también que no fue una exigencia, sino “una petición”. Aragonès justificaba el acoso de grupos (en ocasiones, violentos) a los policías no porque hubiera pasado nada en Pineda, sino “porque en otros municipios hubieron agresiones (sic) y esto, pues, es una solidaridad, que se ha juntado la gente del pueblo y de otros pueblos para ir, porque hoy había esta concentración (sic)”.

Unos meses más tarde, la primera teniente de alcalde volvía al sector sanitario, donde había trabajado antes de entrar en política en el 2011. Su labor en el Hospital de Calella y en Croat Salut era reconocida por todos los que la conocían.

La concejala Aragonès compaginaba su puesto de primera teniente de alcalde con los cargos de administradora única de Assistance Tourist Health y de Assessoria Croal, dos empresas del sector de la sanidad. La primera fue creada en la vecina localidad de Santa Susanna en 2006 y desde 2011 trasladó su sede en Barcelona, donde peregrinó por distintas ubicaciones hasta acabar en la calle Pau Claris en 2021. Era una empresa propiedad de European Care Management hasta ese año de 2021, fecha en que fue nombrada administradora única Sandra Regaña.

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European Care Management es una sociedad vinculada a los doctores Xavier Palet y Antoni Balugo, provenientes del Hospital General de Catalunya (Palet también había sido director general del hospital Joan XXIII de Tarragona). Ambos coincidían con algunos de sus socios en un pool de compañías médicas y en la Fundación Gestitursa, creada en 2011 y en la que pusieron como presidente al exministro del PP Josep Piqué Camps.

A sueldo de un independentista

Pero más interesante es la conexión que tiene Aragonès con la segunda compañía, una asesoría creada en Pineda de Mar por Sergi Blázquez, el factótum de Iuris Assessors y hasta hace poco secretario de Medidas Penales del Govern. Blázquez es también presidente de la plataforma Drets, la entidad que los partidos independentistas han utilizado como ariete para interponer denuncias internacionales contra España y erosionar la imagen de esta en el exterior. Además, está siendo investigado por el magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, por las sospechas de que desde su puesto de tesorero de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes podría haber desviado dinero de subvenciones oficiales para sufragar gastos del procés.

También utilizó presuntamente a otra entidad opaca (llamada Acafie, con la misma sede que la Plataforma Pro Seleccions) para cobrar decenas de miles de euros. Blázquez también apoyó a Gonçal Oliveros como candidato a decano del Colegio de Abogados, dentro de la estrategia de la ANC de copar el máximo de instituciones y entidades profesionales para ponerlas al servicio del soberanismo. Oliveros perdió las elecciones ante Maria Eugènia Gay. Aragonès fue nombrada administradora única de la sociedad en 2005 y mantuvo el cargo hasta 2017, fecha en la que se liquidó la empresa.

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En el momento de los hechos, también era consejera en la empresa Via a Punt, una empresa municipal cuya finalidad era “facilitar a los ciudadanos el servicio de movilidad en el término municipal de Pineda de Mar”, así como desarrollar y gestionar las medidas del plan de movilidad urbana de la localidad.

Tras los incidentes, no hubo amonestaciones ni expedientes municipales ni del partido. Pero en el mismo mes de octubre de 2017, el alcalde de la localidad, Xavier Amor, tuvo que enfrentarse a otro problema: arrió la bandera española del balcón del Ayuntamiento cuando el Parlament votó la declaración de independencia el 27 de octubre de aquel año. Luego, misteriosamente, la enseña volvió a su lugar y no hubo ninguna explicación oficial sobre el tema. En esa localidad ya había habido una agria polémica cuando el presidente comarcal del PP, Diego Sánchez, denunció que en la sede de los bomberos solo ondeaba una estelada.

La Generalitat y los bomberos rechazaron las acusaciones de partidismo y acusaron al político de poner en duda la profesionalidad del colectivo. Pero tampoco la arriaron, como cabría suponer en una institución oficial. En todos los quebrantamientos de la legalidad, jamás hubo explicación oficial alguna o expediente interno sobre los extraños acontecimientos de una población que tiene poco más de 26.000 habitantes, pero que genera historias truculentas cada cierto tiempo.