Puigdemont exige cubrir con la amnistía a sus afines aunque sean ajenos al 1-O
La redefinición de los parámetros de la medida exigida por JxCAT exige incluir a figuras como el jefe de su oficina en la Generalitat, Josep Lluís Alay, o el abogado Gonzalo Boye
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Carles Puigdemont insiste en bloquear la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. El expresident de Cataluña no cederá a menos que el paraguas de la nueva ley de amnistía cubra también a un grupo de afines que estuvieron al margen de la consulta del 1-O, pero que de manera previa, posterior o colateral fueron acusados por actuaciones vinculadas al independentismo. Por eso ha naufragado la nueva ronda de contactos entre Puigdemont y el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, si bien ambos no se han visto en persona.
Tres fuentes del entorno independentista y de JxCAT señalan que la lista que quieren forzar incluye a los encausados en el caso Pujol; al mosso d’Esquadra Lluís Escolà, que le hacía de guardaespaldas al propio Puigdemont; al exconseller de Interior Miquel Buch; a su abogado Gonzalo Boye; o al jefe de su oficina como expresident en la Generalitat, Josep Lluís Alay, acusado en el caso Voloh.
Aunque se había hablado de que también estaría la presidenta de la formación, Laura Borràs, no está en la lista. Jaume Asens, uno de los negociadores de la investidura de Pedro Sánchez, aseguró este viernes que Junts ha aceptado excluir a la expresidenta del Parlament. "Nosotros en nuestra propuesta ya la excluimos y también nos consta que está excluida en la propuesta última que ha hecho el PSOE", declaró en una entrevista en TVE.
La redacción de la ley se preveía para casos directamente vinculados con el 1-O y las protestas registradas a raíz de las sentencias de 2019, que enviaron a la cárcel a Oriol Junqueras y el resto de políticos luego indultados. Pero no para tantas situaciones colaterales, muchas de ellas de difícil encaje legal si se quiere un redactado mínimamente coherente.
La idea de fondo del independentismo es la del lawfare, lo que consideran una guerra del Estado contra un movimiento político a través múltiples causas judiciales. Pero una amnistía en su concepción clásica no cubriría una situación así, de manera que ahora se abre un encaje de bolillos de muy difícil resolución.
Choque Junts-ERC
La lista la impone el propio Puigdemont. No es que los encausados lo hayan pedido en muchos de los casos, pero muchos no encajan en la amnistía que ERC ya ha conseguido. Según la versión de los republicanos, incluye a los CDR de la operación Judas y la cúpula del partido de Oriol Junqueras encausada por Tsunami Democràtic. Así, con el partido de Junqueras tomando la iniciativa, Puigdemont no acaba de encontrar su sitio o, al menos, el papel estelar que se había adjudicado a sí mismo para la investidura. El expresident, además, está irritado por el protagonismo de los republicanos, que le han arrebatado la baza del mediador, reconocida en el pacto firmado entre el propio Junqueras y el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños.
La estrategia de JxCAT fue el silencio y funcionó bien hasta que ERC presentó sus triunfos entre el martes pasado. De manera que ha parecido que, por un lado, el PSOE ya ha marcado sus líneas rojas y, por otro, muchas de las cosas que pedían desde Junts se les han concedido a los republicanos.
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Carles Puigdemont insiste en bloquear la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. El expresident de Cataluña no cederá a menos que el paraguas de la nueva ley de amnistía cubra también a un grupo de afines que estuvieron al margen de la consulta del 1-O, pero que de manera previa, posterior o colateral fueron acusados por actuaciones vinculadas al independentismo. Por eso ha naufragado la nueva ronda de contactos entre Puigdemont y el secretario general del PSOE, Santos Cerdán, si bien ambos no se han visto en persona.
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