El caso del novio de Ayuso: el fiscal general se la juega en una Junta con un grupo en contra

El fiscal general del Estado se la juega a todo o nada en la Junta de Fiscales de Sala prevista para este miércoles, donde se debe discutir el asunto que más preocupa en las últimas semanas en el seno de la institución que dirige. La cúpula fiscal se reúne para debatir si debe apoyar o rechazar que se inicie una investigación judicial sobre la presunta comisión de un delito de revelación de secretos que afectan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, realizado precisamente desde el seno de la Fiscalía.

Una minoría de los fiscales está en contra de la tesis de los máximos responsables del órgano, que defienden que se informe a favor del archivo. Apoyan a su compañera del TSJ de Madrid, que lleva semanas defendiendo que la querella que presentó el novio de Ayuso no puede despacharse con un informe en contra automático y exige comprobaciones previas sobre el documento que se encuentra en el centro de la polémica: una nota de prensa donde se informaba sobre las negociaciones entre el empresario Alberto González Amador y la Fiscalía para cerrar un pacto que le permitiera reducir la hipotética condena.

Álvaro García Ortiz estará ausente, pero será el convidado de piedra. Se inhibió debido a su conocimiento de los hechos y en su lugar ha tomado las riendas su número dos: la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. De un lado, la tesis oficial de la Fiscalía General, que defiende el comunicado de prensa en el que se concretaba que la pareja de la presidenta madrileña reconoció haber cometido delitos fiscales y pedía pactar. De otro, la de los disidentes, que ven necesario aclarar al menos quién dio la orden. Las fuerzas de la Junta parecen favorables al fiscal general, pero es seguro que durante la reunión habrá oposición, informan distintas fuentes jurídicas consultadas.

En la decisión tendrá un peso evidente la actual composición de la Junta. Muchos de los fiscales que ahora la integran fueron designados en la máxima categoría en las últimas etapas, desde la llegada a la cabeza de la Fiscalía General de Dolores Delgado. Ella misma forma parte ahora de la Junta tras ser nombrada fiscal de sala por su sucesor y actual fiscal general. A pesar de todo, un grupo de fiscales no comparte el criterio mayoritario y tratará de inclinar la balanza durante la reunión.

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Además, la decisión se adoptará tras varios días de tensión. La fiscal que se opuso desde un inicio, asignada al caso por revelación, María de la O Silva, esgrimió el artículo 27 del Estatuto Fiscal, el último recurso de los fiscales que se niegan a acatar órdenes, una previsión que solo se utiliza en situaciones de enfrentamiento abierto. Antes de decidirse por ir a la batalla de la Junta, la Fiscalía General trató de convencerla en varias reuniones y, tras comprobar que se mantenía inamovible, le ordenó a través de la teniente fiscal que apoyara el archivo.

Silva y su superior, el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz Alegría, defendían que deben realizarse averiguaciones previas sobre cómo se gestó el comunicado dirigido a los medios. En concreto, pedían tener acceso a las comunicaciones internas en las que se fraguó la decisión de emitir la nota de prensa y se definió su contenido. Consideran que en esos encuentros para estudiar el caso se les presionó, indican varias fuentes consultadas.

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La tesis de la teniente fiscal, la oficial y la que se les ordenó que adoptaran sin suerte, apoya que debe primar la unidad de actuación y que ya existe otro informe respecto a una segunda querella por hechos similares, presentada por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), en la que el fiscal ha pedido el archivo. También defiende que no hay indicio alguno de delito y que el Ministerio Público tiene la obligación de proporcionar información veraz en respuesta al derecho de la ciudadanía de recibirla, aseguran las fuentes consultadas.

Un capítulo en una crisis profunda

Este tira y afloja es solo un capítulo de una crisis que se adivina ya profunda y que afecta al corazón de la Fiscalía General. La querella del novio de Ayuso se dirige contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto. Pero, desde un inicio, se adivina que la intención es la de acusar la decisión a García Ortiz. Consciente de ello, él mismo asumió hace unos días la "responsabilidad" de la nota de prensa.

"Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución", señaló el fiscal general. También incidió en que "recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución" y recordó que "la ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia".

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Las consecuencias de una futura e hipotética condena por revelación de secretos son muy graves para cualquier miembro de la Fiscalía y pueden implicar la pérdida de la condición de fiscal.

Llamado a acabar en el Supremo

Para embrollar aún más la situación, sobre la mesa no hay una querella, sino dos. Además, de la acusación del novio de Ayuso, el ICAM también aprecia la segunda comisión de este mismo delito en una denuncia que ya ha sido admitida a trámite y que puede desembocar en la citación de los afectados. El caso está llamado a acabar en manos del Supremo por esa "responsabilidad" asumida por el jefe. El fiscal general está aforado ante el TS.

En la famosa nota, la Fiscalía decía en concreto que la pareja de Ayuso había trasladado a la Fiscalía su voluntad de reconocer que defraudó más de 350.000 euros para alcanzar un pacto que le permitiera reducir su hipotética condena el pasado febrero. Según explicó la Fiscalía Provincial de Madrid, el abogado de González Amador les envió una propuesta de conformidad en la que su cliente reconocía "la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades (IS), 2020 y 2021".

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Cinco días después, el fiscal encargado del caso dio por finalizadas las diligencias con la idea de interponer una denuncia por fraude fiscal y falsedad documental contra González Amador y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto. El fiscal respondió al abogado el 12 de febrero y le dijo que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas", aclarando a su vez que el hecho de que hubiera otros denunciados no tenía por qué ser un obstáculo para el acuerdo. El 13 de febrero, el fiscal terminó por interponer la denuncia contra González Amador y los otros investigados ante los juzgados de Madrid. La nota se emitió en respuesta a la publicación de informaciones en las que se aseguraba que la propuesta de pacto había partido del Ministerio Público.