Guerra abierta en la Fiscalía por las querellas por filtración en el caso del novio de Ayuso

Dos querellas. Dos equipos fiscales. Dos posturas enfrentadas y un nuevo conflicto abierto en el corazón de la Fiscalía General del Estado. Las querellas presentadas contra la Fiscalía de Madrid por la publicación de un comunicado en el que se detallaba la oferta de pacto realizada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso —en las que se compara la nota con una filtración— han provocado un tenso pulso aún no resuelto. De un lado, el teniente fiscal de Madrid, Carlos Ruiz Alegría, y la fiscal María de la O Silva, encargados de la denuncia presentada por la pareja de la presidenta madrileña. Del otro, el fiscal encargado de la acción penal del Colegio de Abogados de Madrid y la número dos del fiscal general, Ángeles Sánchez Conde.

El equipo de Ruiz Alegría y O Silva no comparte la postura adoptada por el Ministerio Público respecto a la querella del ICAM y ha propuesto en los últimos días que se realicen averiguaciones internas para determinar la sucesión de acontecimientos que llevaron a la publicación del comunicado de la discordia. Ángeles Sánchez Conde, máxima responsable en ausencia de Álvaro García Ortiz —que se ha inhibido del caso tras hacerse de forma pública responsable de la nota de prensa—, tiene previsto ordenarles que asuman el criterio inicial apelando a la unidad. Es previsible que haya resistencias. Estos fiscales reclamaban tener acceso a las comunicaciones del fiscal general con las dos responsables de la Fiscalía madrileña antes de determinar el sentido de su informe.

Para entender el conflicto, hay que remontarse a la emisión del comunicado de prensa. En esa nota, la Fiscalía precisaba que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, había trasladado a la Fiscalía su voluntad de reconocer que defraudó más de 350.000 euros para alcanzar un pacto que le permitiera reducir su hipotética condena el pasado febrero. Según explicó la Fiscalía Provincial de Madrid, el abogado de González Amador les envió una propuesta de conformidad en la que su cliente reconocía "la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades (IS), 2020 y 2021".

Cinco días después, el fiscal encargado del caso dio por finalizadas las diligencias con la idea de interponer una denuncia por fraude fiscal y falsedad documental contra González Amador y otras cuatro personas, pero sin descartar el pacto. El fiscal respondió al abogado el 12 de febrero y le dijo que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas", aclarando a su vez que el hecho de que hubiera otros denunciados no tenía por qué ser un obstáculo para el acuerdo. El 13 de febrero, el fiscal terminó por interponer la denuncia contra González Amador y los otros investigados ante los juzgados de Madrid. La nota se emitió en respuesta a la publicación de informaciones en las que se aseguraba que la propuesta de pacto había partido del Ministerio Público.

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Tanto el ICAM como el empresario González Amador se querellaron por este comunicado al ver revelación de secretos. En un primer informe, el del caso del ICAM, el fiscal reclamó archivar las actuaciones. Su informe argumentaba que la nota dirigida a la prensa solo confirmó información veraz, ya conocida, para desmentir publicaciones "inveraces". El recurso presentado ante el Juzgado de Instrucción 28 de Madrid concluía que, "en definitiva, ante el interés general suscitado por la opinión pública en relación con las informaciones publicadas por diversos medios de comunicación, la nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, las inveraces publicaciones" de dos medios.

Este proceso es diferente al que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la querella que interpuso González Amador contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, a los que acusa de revelación de secretos por desvelar detalles de la investigación, en la misma nota de prensa de la Fiscalía que denunció el ICAM. En este es donde un segundo equipo fiscal reclama no apoyar el archivo sin realizar antes comprobaciones respecto a la decisión de emisión del comunicado.

Responsable máximo

En una declaración institucional, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió este lunes la "responsabilidad" de la nota de prensa y aseguró que no va a "consentir" que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento sean "perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva".

"Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución", ha señalado. García Ortiz ha incidido en que "recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución" y ha recordado que "la ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia".