La amnistía rompe la Fiscalía a meses de su aprobación y anticipa tensiones para aplicarla

El último enfrentamiento sobre la ley de amnistía entre la mayoría del Consejo Fiscal, de signo conservador, y el responsable máximo del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, designado por el Gobierno de Pedro Sánchez, no es un episodio más. El tira y afloja ha mostrado la profunda división que existe en la carrera respecto a la norma y anticipa que habrá desavenencias en un futuro inmediato. La Fiscalía se ha roto en dos y una de las partes discute la legitimidad de una ley sobre cuya aplicación a cada caso práctico deberán informar los fiscales. La disparidad de criterio evidencia que se producirán fuertes tensiones a la hora de valorar los casos de los beneficiados potenciales y decidir al respecto.

El episodio se suma al vivido recientemente sobre Carles Puigdemont y la causa por terrorismo por las acciones de Tsunami Democràtic, en el que la mayoría de la Junta de Fiscales del Supremo no compartió el criterio de la dos del jefe. Ambos sucesos muestran que existen interpretaciones no solo distintas, sino incluso radicalmente contrarias sobre una misma cuestión. El órgano que dirige García Ortiz lleva meses preparándose para la entrada en vigor de la norma. Ya en diciembre se dirigió a las fiscalías del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y a la Fiscalía Superior de Cataluña para reclamar a todas ellas información "detallada, individualizada y sistematizada" del estado en el que se encuentran cada uno de esos procesos.

Esta "diligencia" en reunir cuantos procedimientos penales se hayan tramitado en esas fiscalías en relación con el proceso independentista catalán y demás hechos abarcados por la proposición de ley levantó, ya desde un inicio, suspicacias. Las fiscalías esperan que una vez que la norma acabe su periplo parlamentario y vea definitivamente la luz, la jefatura emita instrucciones sobre las causas. Que el criterio impuesto cuadre con el personal de cada fiscal es ya harina de otro costal.

Ante la certeza de que vienen curvas, la Fiscalía General tiene varias opciones, aunque ninguna de ellas podrá imponerse sin resistencia. El Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. Por eso, el máximo responsable puede, directamente, emitir una orden en un determinado sentido. La dependencia jerárquica implica que, sobre el papel, los fiscales están obligados a acatar las instrucciones que reciben aunque, eso sí, disponen de vías para pelear y discutirlas.

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Otra posibilidad es que el jefe se agarre a la importancia en este caso de la unidad de actuación y que, ante un asunto tan sensible, recurra a la conocida como fungibilidad de los miembros del Ministerio Fiscal. Este principio implica que los fiscales de los casos son intercambiables y que pueden ser sustituidos, por tanto, si lo considera necesario su máximo responsable en aras a la uniformidad de criterio. Este camino también será conflictivo si es el que se adopta.

El artículo 27

La principal arma de los fiscales ante la imposición de criterios que no comparten está incluida en el Estatuto Fiscal, en concreto en su artículo 27. En él se indica que si reciben una orden o instrucción que consideren contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo, estimen improcedente, pueden elevar la cuestión a la Junta de Fiscales de Sala. La decisión que adopte esta Junta debe ser acatada, aunque queda patente la discrepancia.

El pulso en el Consejo Fiscal aún no ha terminado. Los seis vocales a la AF que han redactado un informe crítico con la ley de amnistía en respuesta a la solicitud del Senado y en contra del fiscal general que ha reiterado que el órgano no es competente para elaborar dictamen, buscan que su análisis se vote en un próximo Pleno que debe celebrarse el 25 de marzo. La tensión se redoblará en esa reunión.