Seis vocales se rebelan contra el fiscal general y presentan su informe sobre la amnistía

Los vocales del Consejo Fiscal pertenecientes a la Asociación de Fiscales —mayoritaria en la carrera y considerada conservadora— han redactado un informe de 160 páginas sobre la ley de amnistía en respuesta a la solicitud que formuló el Senado y en contra del criterio del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que ha insistido en varias ocasiones en que el órgano no es competente para pronunciarse al respecto. Según informan a El Confidencial fuentes fiscales, la intención de estos vocales es elevarlo para votación en el próximo pleno y aseguran, para ello, que el máximo responsable de la Fiscalía les ha ocultado las peticiones reiteradas de la Cámara Alta de contar con su criterio.

García Ortiz se volvió a negar a que el Consejo elaborara un informe sobre la ley esta misma semana. En una nueva carta, a la que ha tenido acceso El Confidencial, rechazó de nuevo la petición del Senado: "Carecemos de competencia", insistió en la misma. La misiva especifica que el 27 de marzo se recibió otra comunicación del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, en la que se reiteraba la solicitud y se demandaba el informe "con carácter urgente" por acuerdo de la Mesa y a instancia del Grupo Parlamentario Popular. García Ortiz se queja de que la nueva demanda "adolecía de fundamentación alguna pese a los argumentos esgrimidos" en su carta anterior.

El fiscal general insistía, por ello, en que el informe del Consejo Fiscal es "inviable", ya que este órgano "carece de competencia para informar proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria". En su primera respuesta del pasado enero, ya aseguraba que la emisión de un dictamen por parte del mismo órgano, que tendrá que decidir si apoya su aplicación en cientos de procedimientos, "supondría alterar el normal funcionamiento de la institución" e "invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía. "De entrar la norma en vigor, las y los fiscales objetiva y territorialmente competentes deberán posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo", advertía.

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Los vocales de la Asociación de Fiscales mostraron ya por entonces su "más profunda estupefacción y rechazo". Consideraban, en un comunicado, que una petición de esta naturaleza y relevancia procedente de un órgano constitucional no solo no ha sido atendida, "sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal".

Una amnistía para "determinados sujetos"

El borrador que han difundido ahora sobre la ley se muestra especialmente crítico con su constitucionalidad y pone el acento en que su impulso es el resultado de un acuerdo destinado exclusivamente a obtener "el apoyo favorable a la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno". Para los seis vocales, que son mayoría en un pleno de nueve miembros, el texto invade las atribuciones del poder judicial cuando la medida no cuenta con un respaldo específico en la Constitución. Se lanza, además, desde "la arbitrariedad" y no persigue un objetivo "de justicia y equidad".

"No cumple con algunos de los estándares europeos sobre Estado de Derecho", critican en su informe. "Su tramitación urgente ha imposibilitado un estudio sosegado sobre el impacto de la norma para la consecución de los fines que se dicen pretender". Los vocales apuntan a que "la intención del texto no es únicamente la extinción de la responsabilidad penal concreta respecto de ciertos delitos cometidos en un contexto, sino evitar la persecución penal de determinados sujetos".

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El informe señala para ello al propio Puigdemont, quien se vería beneficiado por la amnistía tanto en el caso del procés como en el de Tsunami Democràtic, en el que consta como investigado por delitos de terrorismo. La ley de amnistía establece que esta clase de delitos solo se verán amnistiados si no han “causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”, lo que permitiría al expresident catalán acogerse a la misma y, según argumentan los vocales, obvia "la gravedad intrínseca que conlleva toda forma de terrorismo".

Lo mismo ocurre con la última versión de la ley de amnistía, que extiende el perdón a los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado. Entre ellos, el 592 del Código Penal, que castiga con "la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros". Como ha ido informando El Confidencial durante los últimos meses, este artículo amenazaba con dejar fuera a Puigdemont de la amnistía por el caso Voloh, donde se investigan los contactos de Puigdemont con el entorno de Vladímir Putin para tratar de sumar el apoyo de Rusia a la causa independentista.

"La exclusión de los delitos de traición, además de parecer dirigida a eximir de responsabilidad penal a personas muy determinadas en detrimento del principio de generalidad de las leyes, supone la omisión del deber de investigar delitos de traición cuando afecta a intereses generales, lo que sería contrario a los principios esenciales de la democracia establecidos", denuncian los seis vocales en su informe.