La asociación mayoritaria de fiscales pide a la UE que sancione a España si hay amnistía

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, ha acudido a la UE para denunciar la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía. En una carta, ha reclamado la intervención de los comisarios europeos Vera Jourová y Didier Reynders a los que pide actuar con todos los mecanismos al alcance de la institución, incluyendo el procedimiento sancionador que se ha aplicado a Polonia o Hungría, si la norma ideada para borrar los delitos del procés llega a aprobarse. En la misiva a la que ha tenido acceso El Confidencial, los fiscales solicitan, en concreto, cortafuegos para garantizar "el cumplimiento de los estándares europeos" en España.

"De concederse esa amnistía, se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España", dice la carta que comienza explicando que la actual deriva política y su deber de cumplimiento de los fines aparejados a la carrera fiscal, de defensa de del sistema de Justicia, les ha empujado a lanzar esta advertencia. Para la AF, solo una "intervención de los órganos correspondientes de la Unión Europea" garantizaría el respeto a los "estándares europeos" si la ley acaba aprobándose.

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Señalan de forma expresa "el artículo 7, en relación con el artículo 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE)", que contempla la posibilidad de que "se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto", si se constata "un riesgo claro de violación grave" de los principios y valores comunitarios.

Se refieren, además, a la aplicación del Reglamento (UE) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 "sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la UE, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del mismo", que alude a casos de "vulneración de los principios del Estado de Derecho de los estados miembros".

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Antes de activar alguna de estas vías, la asociación conservadora pide que se reclame a España que "se abstenga de promover una ley de amnistía como la pretendida, al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la UE".

Los fiscales describen la situación y explican que el expresidente catalán Carles Puigdemont "ha exigido" la concesión de una amnistía, condición expresamente descartada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo pero no así por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "A juicio de esta asociación, y al margen de consideraciones de carácter estrictamente político, la concesión de esta amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho en España y, por lo tanto, de los valores y principios que fundamentan la Unión Europea", dicen.

Inconstitucional

La agrupación mayoritaria de fiscales duda de la constitucionalidad de la medida y asegura que el hecho de que la Constitución no la mencione se está utilizando por sus partidarios "como una habilitación para su aprobación". "Las Cortes Constituyentes rechazaron expresamente dos enmiendas al borrador del texto constitucional en las que se pretendía introducir la amnistía como una potestad del Poder Legislativo en el ejercicio del derecho de gracia", recuerdan y dicen que en otros países como Francia o Portugal se autoriza de forma concreta en sus cartas magnas.

"El Estado estaría reconociendo que las condenas ya impuestas, o los procedimientos en tramitación, no tendrían que haberse producido"

"La amnistía planteada supone la quiebra de uno de los principios que configuran todo Estado de Derecho, como es el valor Justicia, expresado a través del principio de separación de poderes, reconocido en el artículo 117 CE, que atribuye en exclusiva el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial", dicen y agregan que su concesión "desapodera a los jueces de la facultad para perseguir y enjuiciar delitos, y para ejecutar las penas impuestas" y constituye "una injerencia de un poder del Estado (Legislativo) sobre las competencias de otro poder del Estado (Judicial), lo que requiere de una expresa habilitación constitucional".

"El Estado estaría reconociendo que las condenas ya impuestas, o los procedimientos en tramitación, no tendrían que haberse producido", defienden para descartar a continuación que el fin buscado sea la reconciliación nacional, sino la "pura conveniencia política, para obtener unos apoyos para una investidura, y sin que los posibles amnistiados se comprometan a no reiterar la conducta, que ahora se consideraría legítima". "Se trata de una autoamnistía, que beneficia no solo a los amnistiados, sino también a quien accede a su tramitación y aprobación, que se convierte así en presidente del Gobierno", concluyen.