El Gobierno se topa con problemas técnicos para encajar todos los delitos del 'procés' en la amnistía

Los primeros análisis de cara a la futura ley de amnistía han localizado dificultades "técnicas" para encajar en un mismo texto un catálogo de más de una docena de delitos distintos relacionados con hechos que los partidos independentistas vinculan con el procés. Fuentes conocedoras de las negociaciones destacan que se han detectado problemas generados por la variedad de tipos penales y la obligación de incluirlos en la norma que borraría su rastro. Aseguran también que se trabaja para superar esos "escollos". El intercambio de documentos con las formaciones secesionistas ya ha comenzado, según ha confirmado ERC.

Más allá de la causa central sobre el referéndum del 1-O en la que se persigue a Carles Puigdemont y fueron condenados Oriol Junqueras y otros políticos del Govern de 2017, hay toda una amalgama de procedimientos. Las fuentes consultadas señalan que resulta "complicado" aunarlos en una misma norma, de forma que se diseñe un hilo conductor que los agrupe a todos, pero que a la vez impida que la amnistía sea válida para conductas ajenas al proceso de independencia de Cataluña.

En primera fila se encuentra la malversación agravada, el delito que aún amenaza al expresident huido en Bélgica y por el que aún sigue inhabilitado el líder de ERC pese al indulto. Ese desvío de fondos se atribuye también a cargos intermedios de los dos partidos en varias causas distintas. Tras este delito "nuclear" viene, sin embargo, un largo listado otros ilícitos. De momento, se han diferenciado como tipos penales la prevaricación, la desobediencia, los desórdenes públicos, la integración y cooperación en organización terrorista y la tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas. También la falsedad documental, revelación de secretos, lesiones, delitos contra la integridad moral, atentado contra la autoridad, agresión, delitos de odio y usurpación de funciones. A esto se añade la responsabilidad contable por destinar dinero público al procés, a cargo del Tribunal de Cuentas.

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El encaje a realizar va más allá de la disparidad de tipos para adentrarse en dificultades "temporales, territoriales y personales". Como aseguró Puigdemont al detallar las condiciones de su apoyo a una investidura, la pretensión es que la amnistía no se limite a los hechos de 2017, sino que se amplíe a 2014 y su referéndum del 9 de noviembre. Esta primera consulta derivó en una condena del Tribunal de Cuentas que fue confirmada por el Supremo en 2021. Artur Mas, Francesc Homs y los ex altos cargos de la Generalitat Josefina Valls, Jordi Vilajoana, Ignasi Genovés, Jaume Domingo y Teresa Prohias afrontaron por ella el embargo de bienes por importe total de 4,9 millones.

Acotar conductas

Ese periodo de casi 10 años que se extiende hasta la actualidad es una traba más, pero la principal se encuentra en la forma de acotar las conductas amnistiadas. Los técnicos aprecian el riesgo de que el borrado de los delitos no quede lo suficientemente delimitado y sea aprovechado por personas ajenas a los hechos que traten de beneficiarse. O, al contrario, que la precisión de la descripción de la conducta sea en exceso restrictiva y dé pie a los tribunales a considerar que algunos condenados, procesados o imputados concretos no pueden beneficiarse de la norma.

La variedad de tribunales es otro problema a la hora de cerra un texto definitivo. Son muchos los competentes para investigar los delitos que Junts y ERC quieren incluir. Desde el Supremo a la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o tribunales de instrucción de distintos puntos de Cataluña. El peligro en este caso —aseguran— está en la posibilidad de que cada uno de ellos realice una interpretación distinta sobre el alcance de la norma.

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El lugar donde se cometió el delito también plantea un conflicto. En algunos casos, señalan las fuentes consultadas, resulta más complicado establecer relación entre el delito y la circunstancia de que este se cometiera en relación con el proceso independentista. Por ejemplo, resulta complejo establecer por qué unos desórdenes públicos cometidos en una manifestación que se celebró en Cataluña están incluidos y no se meten otros de concentraciones de protesta en otros puntos de España.

No sirven los postulados generales

La conclusión provisional, al menos hasta el momento, es que no sirve como modelo a replicar la proposición de ley de amnistía que registraron ERC y Junts en 2021. En aquel caso se partía de la exposición genérica de eliminación de delitos de "intencionalidad política". La propuesta definía que se entendería como tal cualquier hecho vinculado "a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017". También los actos de protesta en la vía pública que, con la finalidad de defender dichas consultas o de criticar la actuación de las autoridades gubernativas o jurisdiccionales, hubiesen sido perseguidos penal o administrativamente desde la fecha de la celebración de dicho referéndum. Los procedimientos afectados pueden estar en cualquiera de sus fases preprocesales, procesales y de ejecución, o administrativo, en cualquiera de las fases de iniciación e instrucción y de finalización. La intencionalidad política mencionada es, sin embargo, interpretable y se ha descartado en inicio de cara a la nueva redacción.

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Los procedimientos afectados son numerosos y alcanzan, según los cálculos de Òmnium Cultural a más de 800 personas. Además de la causa central del Supremo que agrupa a los principales protagonistas, en el paquete de la amnistía se incluye el resultado de la larga instrucción que lideró el Juzgado 13 de Barcelona donde se procesó a una treintena de excargos del Govern y empresarios por su papel en la organización y la logística del 1-O, desde la propaganda del referéndum al reclutamiento de los voluntarios y observadores internacionales o la impresión y reparto del material electoral.

Los aforados Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natalia Garriga deben ser juzgados por hechos similares, pero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debido a su aforamiento. En este paquete político hay otras derivadas: desde las desobediencias de Quim Torra y su pelea con las pancartas de apoyo a los presos políticos a las condenas a la Mesa del Parlament por desobediencia, reeditada después por el expresidente de la Cámara Roger Torrent o la reciente condena al exconseller que aprobó la escolta de Puigdemont con cargo al erario catalán. También la bautizada como operación Volhov, que arrancó para investigar presuntos contactos rusos con el procés y derivó en una investigación sobre las conexiones empresariales del independentismo.

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En la Audiencia Nacional se mantienen vivos dos procedimientos en los que se investigan conductas que, según el criterio de los instructores, son de carácter terrorista. Por un lado, el grupo de CDR radicalizados a los que se pilló experimentando con explosivos y planeando ataques. Por otro, las diligencias sobre los organizadores de Tsunami Democratic, la plataforma que desplegó acciones como el asalto al aeropuerto de El Prat, y a la que están vinculados distintos cargos de ERC. La última derivada sobre La Vuelta Ciclista, con un sabotaje en el que se puso en riesgo al pelotón, está también en este paquete.

La mayor parte de los procesados son personas relacionadas con altercados o destrozos en distintas manifestaciones o protestas. También se incluyen en la lista procedimientos menos comunes como los abiertos por odio en colegios de Cataluña (desde el presunto acoso al hijo de un Guardia Civil hasta la supuesta apología del 1-O) o la suplantación de funciones de cinco síndicos que actuaron en el referéndum a imitación o sustitución de la Junta Electoral.