Puigdemont pide al Supremo que aparte a Llarena por "cuestionar" su posible amnistía

La defensa de Carles Puigdemont ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que aparte al instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, por su "cuestionamiento de constitucionalidad de una posible y futurible Ley de Amnistía". Puigdemont apunta para ello a las recientes declaraciones de Llarena durante un acto celebrado el pasado 11 de septiembre, cuando incidió en que habrá que analizar “si el ordenamiento constitucional permite o no la amnistía” y, en caso afirmativo, valorar "si la posible ley es legítima o si se justifica".

En su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, Puigdemont considera que estas declaraciones son inadmisibles: "Desconocemos desde cuándo la función jurisdiccional pasa por la evaluación de la legitimidad de las normas que emanan del Poder Legislativo", critica. "El interés demostrado por el Excmo. Magistrado Instructor, que le ha llevado a realizar manifestaciones que no solo acreditan su interés en el pleito sino su absoluta falta de imparcialidad, en particular adelantando su postura frente a una norma que, incluso, en estos momentos no existe, hace ineludible su apartamiento definitivo de la misma".

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Llarena dejó caer estas reflexiones al aceptar una distinción de la Fundación Villacisneros, una institución que Puigdemont tampoco duda en tachar "de extrema derecha". Junto a las ya mencionadas, el expresidente catalán destaca otras dos supuestas frases del magistrado: "Solo sabemos que hay un señor", que se ha determinado que existen "indicios racionales de criminalidad" y "reclama la amnistía", y "no parece que sea una razón que tenga fuerza bastante para aprobar una ley de amnistía".

Puigdemont sostiene que, si la ley de amnistía finalmente sale adelante, estas declaraciones prueban que Llarena "hará lo que esté en sus manos para impedir su aplicación". "Ninguno de los planteamientos exteriorizados por el a quo son propios de quien está llamado a actuar con imparcialidad y, por tanto, es evidente que en él concurren las causas de abstención —que no empleó— y de recusación a las que aquí apelamos", concluye su escrito.

También recurre su última decisión

En un secundo escrito, Puigdemont y los otros dos procesados, Toni Comín y Clara Ponsatí, también han recurrido la última decisión de Llarena: en una providencia, el magistrado dio 10 días la pasada semana para que le aclararan los términos de su recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, buscaba saber si prevén reclamar la recuperación cautelar de su inmunidad como eurodiputados.

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Los huidos reprochan al juez que esté pidiendo a la defensa en un proceso penal “que informe sobre actuaciones pendientes, o no, ante otro órgano jurisdiccional”. "Si lo que se pretende por el instructor es obtener información acerca del estado de un concreto procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que debe hacer es recurrir al auxilio judicial", critican.

Para Puigdemont, esa normativa procesal “no se puede burlar mediante un requerimiento de información a la defensa sin amparo legal de ninguna clase”. No contesta al magistrado ni aclara, por tanto, qué prevé hacer en esta nueva ofensiva a nivel europeo.