Puigdemont aducirá ante Europa que es la llave del Gobierno para evitar su entrega

Dos realidades transcurren de forma paralela en estos días en lo que afecta a Carles Puigdemont. En una de ellas, el expresident catalán negocia con el Gobierno en funciones para obtener una amnistía que elimine los delitos por los que le persigue el Supremo. En la otra, el líder de Junts arma su defensa frente a la posible reactivación de una solicitud de entrega europea, ante la evidencia de que el magistrado Pablo Llarena no esperará mucho más para lanzar una nueva OEDE. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que utilizará la relevancia de su posición actual para decidir la gobernabilidad de España como muestra de que es víctima de una "persecución judicial". Tratará de demostrar que no se enfrentaría en España a "un proceso equitativo".

La defensa de Puigdemont tiene muy en cuenta el último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en respuesta a la cuestión prejudicial que remitió el instructor del procés. El TJUE se alineó con el magistrado de forma parcial y recordó que "los principios de confianza y reconocimiento mutuos entre los Estados miembros constituyen la piedra angular del sistema de cooperación judicial" en el marco de las euroórdenes. Por ello, una autoridad judicial de ejecución —pongamos por ejemplo el juez belga que decidiría la entrega— no puede negarse dudando de la competencia del órgano judicial del país emisor. Pero sí que puede hacerlo si la persona que debe ser entregada alega que se le expondría "a una vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo, porque en dicho Estado miembro sería enjuiciada por un órgano jurisdiccional carente de competencia a tal efecto".

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Este último punto abre una gran ventana a la argumentación en la que Puigdemont tratará de demostrar que una entrega le expondría a la vulneración de un derecho fundamental. Los tribunales belgas deben apreciar el fundamento de dicha alegación con un examen en dos fases. Por un lado, deben comprobar si existe "un riesgo real de vulneración de ese derecho fundamental" debido a deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor. Y, si esto ha quedado comprobado, deben también medir de forma "concreta y precisa" si existen "razones serias y fundadas" de que esa persona verá violado ese derecho fundamental a un juicio equitativo si es entregada a dicho Estado miembro.

De Pedro Sánchez a Yolanda Díaz

Para armar esta defensa, el expresident catalán huido cuenta con varias bazas. El resultado de las elecciones del 23-J tuvo eco internacional y numerosas portadas europeas reflejaron que su papel es trascendental para la formación de un nuevo Gobierno. Entre ellas, la de Le Soir en Bélgica, que reflejó que es la llave para un nuevo Ejecutivo. También cuenta con las declaraciones o actos del propio Sánchez, sin ir más lejos, las que lanzó desde Nueva York hace solo unos días, en las que insinuó que no debería ser juzgado y que el procés nunca debió judicializarse. La misma valoración de la concesión de una amnistía constituye una carta ganadora de cara a cualquier autoridad judicial europea, más aún la belga, reticente hasta el momento a la entrega.

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También puede esgrimir la visita en Bruselas de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le confiere un papel de interlocutor oficial muy lejos de la imagen de prófugo de la Justicia. Entre sus opciones, está también recordar los anteriores pasos dados por el Gobierno de Pedro Sánchez, desde los indultos a Oriol Junqueras y el resto de políticos condenados hasta la reforma de la sedición y la malversación que modificó el delito por el que se le reclamaría ahora. La conclusión de su entorno es que la suma de indicios convierte en algo muy poco probable que una autoridad europea, sea cual sea, acceda a una entrega.

La escena europea siempre ha sido una prioridad para el independentismo, que ha visto en ella la posibilidad de reforzar su mensaje recurrente de que España cuenta con una Justicia represiva que ha violado de forma sistemática sus derechos. Además de la propia entrega, Puigdemont se juega en estos días ante el TJUE mantener o perder su inmunidad como eurodiputado y también ante esta instancia agitará los mismos argumentos.

"La escena europea siempre ha sido una prioridad para el independentismo, que ha visto en ella la posibilidad de reforzar su mensaje"

La amnistía es también una carga mortal para la sentencia del procés en el TEDH, que acaba de iniciar el camino para dictar sentencia en respuesta a los recursos presentados por nueve de los condenados. Aunque Estrasburgo no puede alterar el sentido de las condenas, sí puede determinar si se produjo una vulneración de dichos derechos e imponer, por ello, el pago de indemnizaciones.

Resulta casi imposible argumentar ante el tribunal con sede en Estrasburgo que no hubo una desproporción de las penas impuesta en un escenario en el que se han forzado todas las costuras desde el Gobierno para aligerarlas o borrarlas. El pasado viernes, el TEDH se dirigió al Estado español para conocer cuál es su opinión sobre la versión de los condenados, que han alegado que vieron vulnerado el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fija que "nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional" y que contempla que tampoco podrá ser impuesta "una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida".