El TEDH pone al Gobierno en el aprieto de aclarar ahora si apoya al TS en el 'procés'

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite los recursos de nueve de los condenados del procés contra la sentencia del Tribunal Supremo por la que se les impuso penas de hasta 13 años de prisión y se ha dirigido a España para pedir aclaraciones. El paso de Estrasburgo pone al Gobierno en un aprieto: tendrá que indicar ahora si apoya la interpretación que hizo el alto tribunal de los hechos vinculados al referéndum del 1-O y su condena por sedición y malversación. La fecha tope es el próximo 12 de enero.

Según refleja la resolución de Estrasburgo, a la que ha tenido acceso El Confidencial, el tribunal quiere conocer, en concreto, cuál es la opinión del Estado sobre la versión de los condenados, que han alegado que vieron vulnerado el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fija que "nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional" y que contempla que tampoco podrá ser impuesta "una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida".

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El tribunal requiere respuestas a varias cuestiones que deben ser contestadas antes de la fecha mencionada. Entre ellas, inquiere si el Reino de España cree que el TS hizo una "interpretación imprevisible o expansiva del delito de sedición y/o malversación de fondos contraria al artículo 7 del Convenio" europeo de derechos humanos.

También quiere conocer la opinión de España sobre otras afirmaciones de los líderes independentistas. Estos también alegaron que se vulneró su derecho a libertad de expresión y de reunión porque se limitaron a alentar a la población "a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia y a participar en un referéndum sobre la independencia de Cataluña". "¿Han sido condenados los solicitantes por un ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de asociación y de expresión, en violación del artículo 10 y/o el artículo 11 del Convenio?", pregunta Estrasburgo.

Alegaron que se vulneró su derecho a libertad de expresión y de reunión por alentar a la población "a participar en manifestaciones"

Otros de los condenados se quejaron también de que su encarcelamiento fue desproporcionado, que el proceso al que fueron sometidos no fue equitativo y se vulneraron sus derechos políticos. Por ello, el TEDH pregunta si el Estado español comparte esta visión y se vulneró su derecho a la libertad y la seguridad o no se hizo y reclaman aclaraciones sobre los otros puntos.

La iniciativa del TEDH pone al Ejecutivo, ahora en funciones, en la obligación de responder y lo hace justo después de que Pedro Sánchez asegurara que "una crisis política nunca tuvo que derivar en acción judicial ni judicialización", en una comparecencia ante los medios desde la Misión de España ante Naciones Unidas. Entre las condiciones previas que anunció el expresident Puigdemont para pactar la investidura citó "el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra independentismo y los independentistas" porque "el 1 de octubre no fue un delito como no lo fue la declaración de independencia".

Modificación de las condenas

Como recuerda Europa Press, el pasado febrero el Supremo revisó las condenas de los nueve condenados a raíz de la reforma penal que eliminó el delito de sedición y modificó el de la malversación. Dicha revisión se limitó a las penas de inhabilitación porque las de prisión fueron indultadas por el Gobierno en 2021. En el caso de Junqueras, el TS acordó mantener la pena de 13 años de inhabilitación, lo que supone que no podrá aspirar a ningún cargo público hasta 2031, al cambiarle el delito de sedición por el de desobediencia y mantenerle el de malversación.

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Para Romeva, Turull y Bassa estimó pertinente mantener las penas de inhabilitación por desobediencia y malversación descartando una rebaja de penas al mantener este último delito en su modalidad agravada, con lo que seguirán inhabilitados hasta 2030.

Por su parte, el tribunal condenó a Sànchez y Cuixart por desórdenes públicos y a Forcadell, Rull y Forn por desobediencia. En sus casos, este cambio de delitos supuso la extinción total de sus respectivas condenas de inhabilitación.