Puigdemont acusa a Llarena de pervertir la sentencia del 'procés' para encarcelarle

La defensa de Carles Puigdemont trabaja ya en un recurso para rebatir la interpretación del magistrado Pablo Llarena sobre la reforma del Gobierno. El expresidente catalán no discutirá el cambio del delito de sedición por el de desobediencia, pero sí su procesamiento por la malversación agravada que incluye la reforma. Este nuevo delito contempla penas de cárcel de hasta 12 años y de inhabilitación de entre 10 y 20. Según informan fuentes de su defensa, Puigdemont se apoyará en la sentencia del procés y alegará que Llarena está pervirtiendo las conclusiones que el propio Tribunal Supremo alcanzó en 2019.

La Fiscalía ya ha iniciado de forma paralela el estudio de la adaptación de la reforma legislativa del Gobierno a lo sucedido en 2017 y, según informan fuentes jurídicas, trata de encajar las conductas del expresidente, Oriol Junqueras y el resto de políticos catalanes condenados, en el nuevo delito que introdujo el Ejecutivo, el de desórdenes públicos agravados. La tesis fiscal se opone a la de Llarena que considera que lo sucedido no es aplicable a este ilícito y además duda de que técnicamente pueda hacerse, dado que el subtipo penal no existía en el momento en el que se desarrollaba el referéndum ilegal.

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En caso de que este criterio que explora el Ministerio Público cuaje, se aplicaría también a la otra pata del procedimiento, la que afecta al líder de ERC y los demás contra los que aún pesan inhabilitaciones. Se mantendría la prohibición de que accedan a cargos públicos mediante la suma con la malversación. Una de las posibilidades barajadas es que ambos delitos se apliquen en concurso real. La nueva malversación agravada que Llarena atribuye a Puigdemont castiga a "la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo".

En lo que afecta al expresident catalán, fuentes de su entorno aseguran a El Confidencial que insistirá en su recurso en que nunca buscó su enriquecimiento ni el de terceros en el desafío secesionista. Destacará que la sentencia del procés no recogía esa precisión e incluso se plantea incluir columnas comparativas en su escrito para cotejar extractos de la sentencia con la tesis actual del magistrado instructor.

"Su entorno asegura a El Confidencial que insistirá en su recurso que nunca buscó su enriquecimiento ni el de terceros"

Al descartar el ánimo de lucro, Puigdemont trata de agarrarse a la aplicación de alguna de las dos nuevas malversaciones atenuadas que contempla la reforma del Gobierno. La primera castiga con entre seis meses y tres años de cárcel a la autoridad que, sin ánimo de apropiárselo, destine "a usos privados el patrimonio puesto a su cargo". La segunda eleva las penas a entre uno y cuatro años a la autoridad que dé al patrimonio "una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado".

Llarena, sin embargo, considera que ninguno de estos dos delitos de malversación encajan con lo ocurrido en el procés. Defiende que el ánimo de lucro no consiste exclusivamente en apoderarse fondos para disfrute personal, sino que resulta igualmente apreciable cuando se despoja a la administración de sus caudales para atender obligaciones de pago que corresponden al sujeto activo del delito", sostiene en su resolución, apuntando entonces a la nueva malversación agravada del artículo 432.2 del Código Penal.

Beneficioso ante Europa

A pesar de tratar de desmontar los argumentos de Llarena en su futuro escrito, fuentes cercanas al expresidente consideran que la maniobra del magistrado puede resultarse beneficiosa ante la Justicia europea. Recuerdan que en los distintos frentes abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal General de la UE esgrimirán la interpretación del juez español como ejemplo de que se les persigue de forma forzada y por motivos políticos.

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También dudan estas fuentes de una futura entrega de Puigdemont por parte del juez belga aunque esta sea exclusivamente por malversación. Indican que sería —de producirse— el cuarto cambio en la reclamación y que, por ello, no resultaría creíble para el magistrado de Bélgica. En paralelo, el dirigente de Junts está desarrollando una pelea legal para que se le reconozca de forma completa y extensiva su inmunidad parlamentaria como eurodiputado.

De conseguir que se le garantice esa especial protección, la vuelta a España este mismo año es una opción más que posible. En caso de que el Tribunal General compre sus argumentos, Puigdemont está dispuesto a desafiar las tesis del Supremo y lanzarle un órdago. Mientras Llarena considera que a pesar de la inmunidad puede ordenarse su detención en España, el expresident cree que violaría las decisiones de la Justicia europea en caso de hacerlo. El regreso a territorio nacional, y en concreto a Cataluña —su primer destino planeado—, pondría así al TS en el brete de "incumplir" las resoluciones del TUE, dicen las fuentes consultadas. "No volveré esposado ni rendido ante un juez español para que sea indulgente", dijo este jueves.