Llarena ultima la retirada parcial de la euroorden contra los huidos del 'procés'

El día uno de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, este jueves, vendrá acompañado de consecuencias inmediatas. El tribunal no esperará para interpretar la aplicación de la desaparición del delito de sedición y los cambios en la malversación a las circunstancias particulares de los políticos implicados en el procés. El juez Pablo Llarena, instructor del procedimiento, prevé dictar de forma inminente un auto en el que adapte el procesamiento aún vivo contra los distintos huidos, entre ellos Carles Puigdemont, a la nueva regulación. Según aseguran fuentes jurídicas, la desaparición del principal delito por el que venían siendo perseguidos los fugados hace tambalear las órdenes de detención cursadas en Europa, que se modificarán en breve.

En el caso de Puigdemont, la eliminación del delito concreto no sirve para eliminar los hechos, pero sí aligera considerablemente las consecuencias. A la espera de que el magistrado determine si su conducta encaja en algún ilícito, sin que este sea necesariamente los desórdenes agravados que propone el Ejecutivo, que el magistrado no ve aplicable, el sentido de las peticiones de arresto debe cambiar. Contra Puigdemont también pesa la acusación de malversación de caudales públicos, que sí puede mantenerse, aunque el recorte de las penas y los requisitos ahora exigidos también hacen tambalear esa pata. En situación similar al expresident se encuentran Toni Comín y Lluís Puig.

Las mayores beneficiadas de la reforma legal resultan ser la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, acusada únicamente por sedición y fugada a Suiza en los inicios del recorrido judicial sobre el 1-O, y la exconsejera de Educación Clara Ponsatí, contra la que pesa el mismo delito, ya desaparecido desde este jueves del Código Penal. La secretaria general de ERC mantiene un indudable peso en la formación nacionalista y participa de forma continua y activa en las reuniones de estrategia y posicionamiento de Esquerra. Al estar únicamente acusada por el delito que ahora se elimina, es más que previsible que quede liberada de forma completa.

Las consecuencias inmediatas sobre los otros tres no serán tan tangibles, puesto que las órdenes permanecen desde hace meses en suspenso a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su alcance. Desde el Supremo, se temen ya hace tiempo las consecuencias de cara a Europa de la medida, todo un torpedo en la línea de flotación para la condena dictada en su día que mina la imagen de la Justicia española ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La tramitación para los condenados en España

Además de los huidos, el Supremo prevé arrancar de forma inmediata la tramitación de la adaptación de la reforma en el caso de los condenados en España. Aunque Oriol Junqueras y los demás políticos fueron indultados de las penas de cárcel, mantienen viva la inhabilitación, que les aleja de responsabilidades públicas. El alto tribunal tiene previsto dar traslado en breve plazo a todas las partes personadas en el proceso para que se pronuncien.

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Tendrá así que hacerlo la Fiscalía, pero también la Abogacía del Estado. Precisamente este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendió que la nueva regulación establece penas de inhabilitación tanto para los desórdenes públicos agravados como para la malversación, de tal manera que, "sumando esas dos penas, suma la posibilidad de que haya 14 años de inhabilitación". Por su parte, los líderes independentistas catalanes condenados preparan ya sus escritos para solicitar una absolución completa ante el alto tribunal tras la supresión del delito de sedición pactada con ERC.