Llarena complica el pacto con Junts al anticipar que emitirá otra orden de captura sobre Puigdemont

Una decisión adoptada este martes por el juez del procés Pablo Llarena ha cambiado el escenario judicial más inmediato de Carles Puigdemont y acortado los tiempos con los que, hasta ahora, contaba el Gobierno en funciones de cara a su negociación con Junts para atar la investidura de Pedro Sánchez. Todo gira en torno a la busca y captura europea del expresident catalán y la próxima reactivación de la solicitud a Bélgica para su entrega. Hasta hace unas horas, el Ejecutivo consideraba que tenía ese frente despejado de momento y que no se emitiría nueva orden europea de detención y entrega (OEDE) hasta dentro de varios meses. Llarena les ha sacado de su error anticipando en una resolución que prevé hacerlo mucho antes de lo esperado.

La decisión judicial complica las negociaciones para la investidura e incrementa la presión sobre el Ejecutivo. La amnistía urge ahora más que antes (la posibilidad de entrega es ya inminente) y, además, amenaza con pactarse de forma paralela a los avances del procedimiento contra Puigdemont, que ha permanecido congelado durante mucho tiempo debido a la inmunidad provisional con la que contaba y también a consecuencia de los vaivenes legislativos impulsados por los de Pedro Sánchez, entre ellos, la reforma que eliminó el delito de sedición y cambió la situación procesal del político huido.

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Es decir, no es descartable un escenario en el que representantes del Gobierno de un país miembro de la Unión estén negociando una norma destinada a borrar los delitos del prófugo mientras el Supremo de ese mismo país urge a otro Estado de la UE para que le sea entregado para someterse a la acción de la Justicia. Esta dicotomía se desarrollará además en el corazón de la UE. De nuevo, implicará a Europa y al Parlamento Europeo, que fue quien autorizó al TS, a través de un suplicatorio, perseguir al eurodiputado.

Tablero de ajedrez

Para entender los últimos movimientos del tablero de ajedrez en que se ha convertido la causa, hay que remontarse al pasado julio. La clave está en la inmunidad. Fue entonces cuando Puigdemont la perdió por decisión del Tribunal General de la UE, lo que, sobre el papel, dejaba el camino despejado para una nueva reclamación de su entrega.

La resolución era, sin embargo, recurrible ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE, en un plazo máximo de dos meses. Ante esta segunda instancia, su defensa puede solicitar, como medida cautelar, que se le devuelva el especial blindaje de forma inmediata mientras se decide sobre el fondo. El fallo definitivo no se espera hasta la primavera de 2024 y con la inmunidad devuelta de forma preventiva se evitaría un daño si acaba dándosele la razón.

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Consciente de que la pérdida de la inmunidad no era definitiva, Llarena se decidió entonces, antes de verano, por esperar. El 27 de julio, solo unos días después de las elecciones, dictó una providencia en la que tomaba nota de las peticiones de la Fiscalía y de Vox, que le habían reclamado que reactivase ya las euroórdenes y órdenes internacionales de detención, pero estableció que resolvería sobre las mismas cuando el TJUE se pronunciase. De este modo, evitaba volver a lanzar una OEDE y tener que paralizarla de nuevo.

Mientras tanto, Puigdemont optó por ganar tiempo. Dejó pasar los dos meses máximos para recurrir y no fue hasta este pasado viernes cuando registró su escrito ante el TJUE. Reclama que se anule el suplicatorio, la decisión de la Eurocámara que autoriza a actuar en su contra, la base sobre la que se asienta la reclamación de entrega. Este martes se asignó número al procedimiento y a partir de ahora puede solicitar la devolución provisional de la inmunidad mientras se delibera.

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Lo que hizo Llarena hace unas horas es pedir aclaraciones. Dictó una providencia en la que da un plazo de 10 días a Puigdemont para que justifique la presentación de recurso de casación y le aclare si ha efectuado petición de suspensión. Es decir, pidió saber si hay o no hay solicitud de medida cautelar para actuar en consonancia. Si no la hay, reactivará ya la entrega. De vuelta al tablero de ajedrez, está por ver cuál será el siguiente movimiento de Puigdemont. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que no hay plazo definido para pedir esa devolución preventiva de la inmunidad. Aún no se ha solicitado y a la vista de la pregunta de Llarena es más bien poco probable que su defensa responda con precisión. Sus abogados avisan que consideran una "deslealtad procesal" anticipar sus movimientos y permitir al juez que persiga "mejor" a su cliente.

El entorno de Puigdemont advierte de que los movimientos del Supremo no le inquietan. Avisan de que su relevancia actual, el hecho de que tenga en sus manos la llave de la gobernabilidad de España, le da más argumentos para armar ante el juez belga responsable final de la entrega una defensa basada en la "persecución" a la que se le sigue sometiendo.

Todo esto sucede mientras se acerca la fase clave de la negociación entre el Gobierno en funciones y Junts con la amnistía como principal condición para que el partido de Puigdemont apoye la investidura de Sánchez. Desde el Ejecutivo, se ha puesto sobre la mesa en las últimas horas una exigencia de abandono de la vía unilateral que ni ERC ni los junteros quieren descartar. El cronómetro de la carrera que arranca ahora entre la vía judicial y la política está ya en marcha.